El 34.5% de personas mayores de 65 años no tienen ningún tipo de ingreso económico, laboral ni pensiones en América Latina y el Caribe, una situación “de vulnerabilidad e inseguridad económica”, que se vio agravada por la pandemia de la COVID-19, alertó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según los datos recabados por este organismo, “la proporción de personas mayores sin ingreso laboral ni pensión aumentó de 31.9% en el 2019 a 34.6% en el 2020 y 34.5% en el 2021. Esta brecha de cobertura es la más alta de toda la serie disponible desde el año 2012”, señaló el nuevo informe publicado por la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
A nivel regional se observa que un 46.8% de los adultos mayores de 65 años recibe solamente pensión, un 5.1% recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13.6% reporta solo ingreso laboral, en total, solamente el 51.9% reciben una pensión.
También advirtió que la falta recursos como los ahorros y acceso a otras fuentes privadas son los principales factores que pueden llevar a situaciones de vulnerabilidad o extrema pobreza en la vejez, debido a que las personas disminuyen su capacidad para generar ingresos laborales diariamente en edades avanzadas.
“La pandemia visibilizó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el conjunto de políticas y programas que garanticen una cobertura integral frente a los distintos riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida”, según indica el análisis de la OIT.
La organización afirmó en el informe “Panorama de la protección social” que la protección social es “fundamental” para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades sociales.
Recordó que el desempeño de los sistemas de protección social y sus desafíos se relacionan con una “triada de objetivos”: cobertura, en relación a la cantidad de población alcanzada por la protección de riesgos sociales y acceso efectivo a prestaciones suficiencia, el nivel o cuantía de las prestaciones monetarias o en especie, y sostenibilidad, es decir, la capacidad relativa de una economía para afrontar los costos presentes y futuros de un sistema de protección social.
En este sentido, la OIT registró que la cobertura contributiva se redujo un 0.4% entre el 2019 y 2021, pasando del 47.4% al 47% de la fuerza de trabajo ocupada.
Tras “la caída en el nivel de cotizantes para el año 2020 representa un retroceso de siete años y, pese a la recuperación, los niveles del 2021 son similares a los del 2018”, indicó.
El nuevo documento de la Oficina Regional incluye los 10 desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor en América Latina y el Caribe entre los que se encuentran recuperar el crecimiento económico, aumentar el empleo formal y el espacio fiscal, consolidar regímenes contributivos que aseguren prestaciones suficientes y sostenibles.
También afianzar regímenes no contributivos financiados con recursos de rentas generales, establecer adecuados mecanismos de actualización del valor de las prestaciones en respuesta a la inflación de cada país e incorporar mecanismos de financiamiento solidarios.
Pensiones en El Salvador
Actualmente más de 5 millones de salvadoreños en edad productiva, no cotizan al sistema de pensiones y por tanto no pueden acceder a una pensión. El 70% de los trabajos en el país son informales, por lo que no tendrían un sistema de ahorro para jubilación.
Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que El Salvador es el segundo país de Latinoamérica con la cobertura más baja de pensiones por lo que 1 de cada 4 personas tiene derecho a una pensión.