Desde el 6 de septiembre de 2021, el presidente Nayib Bukele ha ido anunciando una serie de compras de bitcoins que, a la fecha, suman ya unas 2,381 unidades de ese criptoactivo, según los tuits compartidos por el mismo mandatario.
Esas compras de bitcoins, que se habrían realizado con fondos públicos, se traducen en un gasto de hasta $107.1 millones según el sitio web nayibtracker.com, el cual se encarga de registrar el rendimiento de esas criptomonedas basado en los anuncios del mandatario.
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Sin embargo, todo lo relacionado a estas compras, incluyendo los procesos para autorizarlas e, incluso, quién es el responsable de la billetera donde se almacenan esos bitcoins, es algo desconocido, pues el gobierno ha aplicado la misma práctica de no transparentar la información tal como lo ha hecho en otras instituciones públicas.
En ese sentido, el informático y experto en el tema, Mario Gómez, cuestionó recientemente en una entrevista en la revista Jacobin la existencia de esas compras debido, precisamente, a que no existe ninguna información pública que las compruebe.
"Lo que está sucediendo con las compras de Bitcoin en El Salvador es que no hay ninguna prueba de que se hayan realizado, más allá de los tuits del presidente y un screenshot (captura de pantalla) de muy baja resolución de una compra que se realizó a finales del año pasado", señaló Gómez en la entrevista, en la que afirmó que el mandatario fácilmente podría comprobar esas compras gracias a los balances que permiten sacar las plataformas de intercambio.
A propósito de eso, Gómez también cuestionó la última compra realizada ayer por Bukele, la cual consistió en 80 bitcoins más a un costo de $1.5 millones. El informático subrayó que hay un "enredo" en las compras del criptoactivo, pues la captura de pantalla que el mandatario compartió el año pasado no coincide con la que publicó en la noche del jueves. "¿Cambió de exchange? ¿Ya no compra desde el celular? ¿Por qué no pone un screenshot de pantalla completa?", fueron algunas de sus preguntas.
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Estas compras realizadas con fondos públicos han sido ampliamente criticadas, sobre todo, por el mal desempeño que ha tenido el Bitcoin en los últimos meses, lo cual habría provocado al país pérdidas de hasta $60.9 millones si se calculan con base en el precio actual del criptoactivo, que en la mañana del viernes ronda los $19,400 por unidad.
Asimismo, abogados consultados por este medio señalaron en días anteriores que esas compras podrían estar violando la Constitución y otras dos leyes, debido a que no ha habido ningún decreto ni modificación al Presupuesto General del Estado que le permita al presidente destinar recursos públicos para estos fines.