El primer mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en la toma de posesión de su segundo periodo inconstitucional que, tras resolver el problema de la seguridad, su gobierno ahora enfocará sus esfuerzos en la economía, aceptando tácitamente que se trata del flanco más débil de su gestión. Para hacerlo, dijo, necesitará que la ciudadanía “defienda a capa y espada” las decisiones que tome su gobierno, no sin antes advertir que sería necesaria “medicina amarga”.
¿Cómo pueden traducirse las palabras de Bukele? Para el economista Rafael Lemus, una manera de hacerlo es que se va a realizar un ajuste, es decir, un escenario en el que se reducen gastos y se aumentan ingresos. Algo que el mismo mandatario dejó claro en su reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, donde aseguró que al país le han pedido un ajuste del 3 % de su Producto Interno Bruto (PIB).
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“A nosotros nos están pidiendo un ajuste del tres (por ciento del PIB)”, apuntó Bukele como respuesta a la declaración hecha por Milei, quien dijo que en su país se ha hecho un ajuste de hasta 14 puntos como medida ante la situación económica que vive Argentina.
Esto es una clara alusión a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), institución multilateral con la que el gobierno ha tenido negociaciones desde 2021 para obtener un préstamo de $1300 millones con condiciones favorables.
Es el propio Bukele quien ha puesto sobre la mesa un ajuste. Es el mismo primer mandatario quien ha confirmado que bajará gastos o subirá ingresos en el gobierno en este quinquenio. En ambas posibilidades, dice la economista Tatiana Marroquín, la población verá consecuencias negativas en su vida.
En el caso de un recorte de gastos, porque se van a quitar recursos a aquellas carteras que no son consideradas prioritarias.
“Como lo hemos visto, no se van a recortar los fondos para las grandes carreteras de turismo, que es claramente adonde van sus apuestas. Lo hará de los programas sociales, del apoyo al productor agropecuario local, de la educación, de todo aquello que no es considerado prioritario por él (Bukele)”, dice Marroquín.
En el lado de los ingresos, porque estos solo se pueden obtener del pago de impuestos. Y el país tiene dos tributos que son considerados los grandes recaudadores. La renta (sobre las ganancias), que ya es de un 30 %. Y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en El Salvador es de un 13 %.
Y es precisamente sobre este último sobre el que, públicamente (aunque no oficialmente), se ha barajado esta posibilidad, que le puede significar al Gobierno salvadoreño unos $256 millones al mes por cada punto porcentual aumentado, si se toma en cuenta la recaudación de 2023.
Se habla de que el FMI ha solicitado un alza de entre 2 y 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, solo con esta medida, el gobierno de Bukele comenzaría a percibir entre $512 millones y $758 millones extra al mes. Y un acuerdo con el FMI se ha vuelto una obligación para el Gobierno de El Salvador, que, según lo expresaron algunos inversionistas a Bloomberg, lo ha puesto como una de las condiciones en la emisión de $1,000 millones en bonos.
Si para octubre de 2025 no lo ha logrado, tendrá que aumentar en 4 puntos porcentuales el interés pagado a los inversionistas, es decir, que se convertirá en el 16 %. Una deuda que se sale de toda proporción, incluso en el caso de aquellos países que han tenido que adquirir fondos con dos dígitos de interés, como Venezuela o Egipto.
Las consecuencias de un aumento al IVA
En El Salvador, los alimentos aumentan con mayor velocidad sus precios que el resto de productos porque es un país dependiente: buena parte de lo que consume proviene de fuera de nuestras fronteras. Así, se suma, a la local, la inflación de las naciones de origen.
“Si en el resto de países hay sequías, conflictos políticos, fenómenos climáticos que afectan la producción. Si ocurren factores en el lado de la oferta, no solo en la producción, sino en la distribución, eso nos va a golpear directamente. Somos demasiado dependientes de la importación”, dice la economista Lorena Valle Cuéllar, y recuerda lo sucedido a finales de 2023, cuando un conflicto en Guatemala impidió que llegaran a El Salvador cargamentos con frutas y verduras. Los precios se fueron a las nubes.
La comida es lo más básico. Tan es así que la pobreza relativa se mide con la imposibilidad de adquirir, para una familia, dos canastas básicas en un mes. Y es por eso que, a mayor inflación, mayor crecimiento en los índices de pobreza. Y, por consiguiente, un alza al IVA tendrá efectos parecidos.
Esto lo sostiene el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en un estudio titulado “Cómo afecta al bienestar de las personas un aumento en la tasa del IVA”, publicado en diciembre de 2018.
Allí se estableció que, si el IVA pasaba del 13 % al 15 %, aumentaría en un 1.37 % los índices de pobreza extrema (cuando una familia no puede adquirir una canasta básica al mes) y, en un 1.05 %, la pobreza relativa. Si se traslada a las cifras de El Salvador actual, esto se traduce en que, si el IVA sube en dos puntos porcentuales, al menos 87,000 personas caerían en la pobreza extrema de golpe.
Si el aumento es, en cambio, de 3 puntos porcentuales, ese número de salvadoreños podría superar los 120,000.
“Debe señalarse que las jefas de hogar son las más vulnerables frente a la medida de incremento del IVA, ello puede deberse a restricciones más fuertes en relación con el mercado laboral, activos e, incluso, más dependientes a ingresos por remesas que cada vez, en el tiempo, puedan ser menores”, sostiene el estudio.
El IVA, por otro lado, es un impuesto regresivo: pagan más los que menos tienen.
“Si una persona (María) gana $365 y va al mercado y compra $100 de comida, por esos $100 la persona paga $13 de IVA, lo que representa el 3.56% de los ingresos de María. En el caso de una persona (Juan) que gana $1,200, pagará los mismos $13, representando para esa persona el 1% de los ingresos de Juan. Observamos que termina pagando más el que gana menos, y el que gana más paga menos impuestos. Por eso decimos que el IVA castiga más a los pobres. Porque entre más ingresos tenga una persona, menor es el impuesto”, ilustró el economista José Luis Magaña en el programa “Hablando de Economía” de Radio YSUCA.
“Si va a haber medicina amarga, pues que sea para todos, no solo para los que andan descalzos… el del IVA es el impuesto más injusto, más regresivo. Otra cosa es que se hablara, por ejemplo, de un impuesto predial, donde se le cobrara más al que más tiene. Los impuestos deben ser progresivos, que paguen más los que pueden pagar más”, dice, por su parte, Andrés Espinoza, fundados del movimiento “San Salvador, Otra ciudad es posible”.
Las otras posibilidades
Para el economista Otto Rodríguez, quien fue vicepresidente del Banco Central de Reserva entre 2019 y 2021, otra vía para recaudar fondos puede ser la creación de nuevos impuestos. Uno de ellos podría ser un monotributo, una tasa puesta a los negocios informales.
“No será tan difícil tasarlos. Ahora que andan con el censo, ya tienen más identificado donde está cada pupusería, cada tiendita. Y les estarían cobrando unos $5, unos $20 al mes”, dice Rodríguez, pero aclara que no es mucho lo que se puede recaudar con un monotributo, en torno a los $30 millones al mes. “No se resuelve nada”, agrega.
Para el economista, también es posible que se recorten algunos subsidios activos, como el del gas, la energía eléctrica o el transporte.
“Ya advirtió que va a ser algo que le va a costar a la gente, por lo que no creo que sea un impedimento que sea una medida impopular… de todos modos, hay cinco años más asegurados. Puede ser que los quite un par de años y luego los vuelva a poner”, sostiene Rodríguez.
Para el economista Rafael Lemus, otra posibilidad es la nacionalización del sistema de pensiones, con lo que el ajuste “podría ser menor”, pero dejaría desprotegidos a pensionados y cotizantes, a la merced de “un gobierno sin dinero”.