La propuesta que anunció hace una semana el presidente Nayib Bukele, y que busca eliminar los impuestos a las empresas que trabajen en el rubro de la tecnología (incluyendo el desarrollo de aplicaciones o la innovación) podría entrar a la sesión plenaria que realizará la Asamblea Legislativa este jueves e, incluso, ser aprobada.
Pese a que el anuncio despertó interés en la población, y fue replicado por sus funcionarios, la medida podría no ser del todo justa para las empresas de los demás rubros que sí pagan impuestos en el país, así como también podría no tener el impacto esperado.
De acuerdo con el economista Rafael Lemus, es necesario conocer el contenido del proyecto de ley, y verificar si la medida incluye a empresas salvadoreñas del rubro que, desde antes de estos incentivos, ya se habían consolidado en el país o si está dirigida solo a las nuevas empresas que vengan.
Por su parte, el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, apunta que “si el Estado permite que ciertos sectores no paguen impuestos, implicará que otros sí lo hagan, lo que incluye a toda la población y que deriva en una competencia desleal para las empresas salvadoreñas”.
En este sentido, Castaneda apunta que, si bien es cierto, el país necesita avanzar y desarrollarse en esta área, al igual que otros países en la región, debería hacerlo por medio de otros mecanismos que sí podrían impulsar el crecimiento de esa industria en el país, como lo podría ser fondos destinados a la innovación.
Lo anterior, según el economista, debido a que “la propuesta es una política obsoleta que se practica desde el siglo pasado”, y explica que el implementar estas medidas “hace pensar que si se le permite a un sector no pagar impuestos, vendrá la inversión”.
Con respecto a esto, Felipe Torres, miembro de la junta directiva de la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información y Comunicación (Casatic), apunta que estos incentivos podrían derivar en “subidas de impuestos para equilibrar la menor recaudación que puede resultar “ de su implementación.
Esta desventaja que señala el directivo de Casatic se suma a otra que podría suceder, en la que “solo puedan acceder a los incentivos fiscales, a través del impuesto en sociedades, aquellas empresas que registren bases imponibles positivas, lo cual conllevaría a que se beneficien aquellos proyectos que generan beneficios a corto plazo y no a largo plazo”.
Por ello, Lemus explica que aplicar “estos incentivos, no tiene ventajas competitivas ni se deberían esperar grandes inversiones, pues los nómadas digitales se están radicando en Europa y otras ciudades del mundo, donde hay mejores facilidades y comunidades”.
Y, además, el tema de la claridad en “las reglas del juego” también es algo importante, según subraya Castaneda, pues según el economista, “este no es el factor más importante para una empresa tecnológica, pues de nada les sirve que no paguen impuestos si no hay mano de obra calificada o respeto a la separación de poderes en el país y al Estado de Derecho en el país”.
Aún así, Torres señala que, en Casatic, “apoyamos cualquier iniciativa que sea en pro del desarrollo y masificación del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) las cuales impacten positivamente al desarrollo económico y social del país”.
Además, añade que, si bien es cierto, hay que conocer el contenido de la propuesta antes de saber cuál será el beneficio para el sector tecnológico en el país, “en general, el objetivo tendría que ser beneficiar a pequeñas y medianas empresas que puedan generar más ventas y empleos”.
En este sentido, explica que “este tipo de incentivos también son aplicados por otros países para fomentar exportaciones o atraer inversión extranjera y nos parece que puede traer un desarrollo mayor al sector, siendo siempre cautelosos de la forma en cómo será implementado para que beneficie a las empresas que principalmente son MIPYMES”.
De acuerdo al último informe de Comercio Exterior del Banco Central de Reserva (BCR), a febrero 2023, las exportaciones de bienes de tecnología de la información y comunicación fueron de $5.39 millones, $1.02 millones más que en febrero de 2022, mientras que las importaciones ascendieron a $102.32 millones. Estas se redujeron en $4.59 millones respecto al año pasado.
Asimismo, y según estimaciones, este sector da empleo a más de 18,000 salvadoreños en distintas áreas de la tecnología y anualmente genera una actividad económica superior a los $20 millones.
¿Hay riesgos en este tipo de medidas?
Una de las preocupaciones que puede surgir tras esta medida es que el país pueda convertirse en un paraíso fiscal para empresas con actividades irregularidades, sin embargo, los economistas coinciden en que, con estos incentivos, los riesgos son otros.
Lemus, por ejemplo, señala que una posibilidad es que “vengan los inversionistas que no queremos, los cuales son del mundo de las criptomonedas, plagado de estafadores que podrían estar en busca de refugio” en un contexto en el que están siendo investigados en distintos países, como Estados Unidos.
Similar opinión tiene Castaneda, quien agrega que el verdadero riesgo está en la Ley de Activos Digitales, aprobada hace algunas semanas, y la cual “busca dar beneficios al sector de las criptomonedas y ponerle una alfombra roja para que estas plataformas, que están siendo investigadas, puedan operar en el país. Ahí sí podemos hablar de un paraíso fiscal virtual”, señala.
Según datos del BCR, desde que se legalizó el Bitcoin, al menos unas 79 empresas relacionadas con las criptomonedas se han registrado para funcionar dentro del país.