Una investigación periodística descubrió que un préstamo de $600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de julio de 2021, que serviría para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia, se malgastó en la fallida implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.
Originalmente, ese dinero se entregaría a bancos locales para que los prestaran a micro, pequeñas y medianas empresas, las más afectadas por el parón de la economía provocado por la pandemia de Covid-19. Pero sólo una fracción del préstamo, unos $20 millones, acabó utilizándose de esa manera.
El gobierno de El Salvador desvió la mayor parte del efectivo para financiar sus propias necesidades, asignando $425 millones a “obligaciones generales del Estado”. De esa cantidad, más de $200 millones se destinaron al proyecto para adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal en el país.
Eso a pesar de que, según afirmó en una entrevista concedida a los reporteros Dante Mossi, expresidente del BCIE, la institución prohibió explícitamente que el dinero se usara para financiar la adopción de esta criptomoneda.
“Básicamente dice que hay un convenio en El Salvador, que ningún dinero del BCIE podría ser utilizado para financiar ninguna actividad de Bitcoin. Así que no, no financiamos eso”, dijo Mossi. “Proporcionamos apoyo presupuestario para que el gobierno pueda utilizar el dinero como desee”.
Los periodistas preguntaron si El Salvador había incumplido las condiciones del préstamo. Mossi se mostró de acuerdo, pero añadió: “El dinero es fungible”.
El reportaje forma parte de la investigación “El banco de los dictadores”, que revela que el BCIE ha financiado proyectos que facilitaron la corrupción y el autoritarismo en Centroamérica. La serie de reportajes es liderada por el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), una entidad surgida en Europa del Este con alcances mundiales. Contó con el apoyo de 10 organizaciones periodísticas en la región, como Redacción Regional y Focos en El Salvador.
El banco de los dictadores no tiene controles
Daniel Valencia, director de Redacción Regional y editor jefe de Focos, fue uno de los participantes en la investigación. Para él, a grandes rasgos, lo ocurrido en El Salvador con el desvío de este préstamo de $600 millones para Bitcoin es el resultado de la manera en la que se maneja este banco, pues el lobby y la importancia del reparto de votos de los países centroamericanos ha permeado tanto que el BCIE quitó, prácticamente, todos sus controles. Eso ha permitido casos de corrupción similares en otros países de la región centroamericana.
“Ha funcionado como la caja chica de estos gobernantes autoritarios, como Bukele, como (Daniel) Ortega. Los que terminan pagando las consecuencias son los contribuyentes de cada país”, comentó.
Según sostiene la pieza que abre la investigación, al menos dos exempleados del BCIE, así como personas que han trabajado con el banco, dijeron que éste tiene controles más débiles sobre sus préstamos que otros bancos de desarrollo.
Para el guatemalteco Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional), el BCIE se ha convertido en un instrumento para financiar gobiernos, pues son estos los que votan para “aprobarse a sí mismos los fondos”.
“El BCIE está deliberadamente rezagado respecto a la modernización de sus controles para evitar que el dinero sea mal utilizado. No está al nivel de otros organismos, ni siquiera los regionales, como el BID”, comentó Marroquín.
Para el activista guatemalteco, si el BCIE no deja atrás esta tradición corrupta, no cumplirá con la misión para la que fue creado, que es el desarrollo de la región: “Con esos niveles de opacidad y de discrecionalidad en el uso de los fondos, nunca lo va a lograr”.
Bitcoin: Una implementación repleta de alarmas
Para Daniel Valencia, de Redacción Regional, que el desvío de fondos para financiar la apuesta fracasada del Bitcoin se hubiera mantenido en secreto hasta ahora es una pieza más en el rompecabezas de la opacidad con la que se ha manejado todo el proyecto, del que poco a poco el periodismo ha ido revelando pequeñas partes de la podredumbre.
Una de las más graves fue el hurto de al menos $12 millones de dólares de los impuestos de los salvadoreños mediante la creación de 400,000 cuentas falsas en Chivo Wallet, la billetera creada por el Gobierno de El Salvador. La falla se generó cuando el proveedor del sistema de Conoce a tu cliente se bloqueó después de que se registraron en la wallet los primeros 150 usuarios. Los responsables de Chivo no dieron de baja al sistema para reparar el error. Decidieron que la billetera debía seguir en línea para que nuevos usuarios pudieran inscribirse, por lo que optaron por eliminar del todo el proceso.
Otras investigaciones han revelado que el país destina al menos $360,000 mensuales por el mantenimiento de los 255 cajeros de Chivo Wallet en El Salvador y Estados Unidos. Los mismos tienen un nulo uso. La única ganadora es la empresa Athena Bitcoin Global, la propietaria de los cajeros.