La ministra de Economía, María Luisa Hayem, afirmó que la fijación de los precios de los combustibles, aprobada el lunes por los diputados de la Asamblea Legislativa, podría no aplicarse en todas las compras de combustible que hagan los salvadoreños.
Lo anterior se debe a que esos precios, que durante dos meses se mantendrán sin variaciones, aplican solamente para las compras de combustible bajo la modalidad de autoservicio.
Eso quiere decir que si una persona visita una estación de servicio y no llena el tanque de combustible por su propia cuenta la gasolinera podría aplicar cobros extras por ese servicio añadido.
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Hayem mencionó, durante entrevista Frente a Frente, que las gasolineras tienen autorización para realizar esos cargos extras, los cuales pueden variar entre los $0.15 y los $0.25, aunque también señaló que no hay un límite en esos cobros.
Aún así, también aclaró que desde el Ministerio de Economía (Minec) y la Defensoría del Consumidor (DC) se están realizando inspecciones para verificar que el cobro por el denominado "servicio completo" sea proporcional al servicio que las estaciones ofrezcan.
Estos servicios pueden incluir a personal de la gasolinera que se encarga de llenar el tanque de combustible de los clientes, así como de limpiar parabrisas o revisar la presión de los neumáticos de los vehículos, por lo que el cobro extra puede variar de una estación a otra.
Hay procesos sancionatorios
Dentro de las inspecciones realizadas ayer, día en que entró en vigencia el decreto de fijación de los precios de los combustibles, se encontraron al menos tres gasolineras que incumplieron la medida, de acuerdo con la titular de Economía.
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Según Hayem, esas estaciones ubicadas en departamentos como Santa Ana y San Miguel ya se encuentran en un proceso sancionatorio, el cual podría incluir una multa de hasta $100,000 por irrespetar las medidas decretadas por el gobierno.
Asimismo, señaló que las multas para las empresas importadoras de combustibles que incumplan la medida, es decir, que no vendan el combustible a precios bajos a las gasolineras y no se apeguen al decreto transitorio, se enfrentarían a multas de más de $150,000, equivalentes a unos 500 salarios mínimos.