A Juan Pérez ya no le alcanzan los ingresos de su salario para cubrir los gastos ineludibles de comida, casa, medicinas, estudios de los hijos y servicios básicos, como agua, energía y teléfono, por lo que ha tenido que recurrir cada vez más a usar su tarjeta de crédito para cumplir con los pagos mensuales, porque de lo contrario no llega a fin de mes.
Similar a la situación de Juan, el gobierno tiene que auxiliarse cada vez con más frecuencia de créditos exprés, para lograr cumplir sus compromisos fiscales mes a mes.
Para ello, el Ministerio de Hacienda recurre a la colocación de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes), los cuales son instrumentos de financiamiento a nivel local y que le sirven al Órgano Ejecutivo como una “tarjeta de crédito” para hacer los pagos más inmediatos.
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Esa acumulación de deuda interna por medio de las emisiones y colocaciones de Letes ya suma $1,022.4 millones desde enero hasta el 12 de julio de este año, según datos de la Bolsa de Valores.
En el primer trimestre de 2023, Hacienda cargó a la “tarjeta de crédito” estatal $428,504,100 para emitir Letes entre enero y marzo, pues lo programado eran $500 millones.
El acuerdo N°8 del 4 de enero 2023 autorizó a Hacienda emitir $500 millones para “cubrir deficiencias temporales de caja para el primer trimestre de 2023”.
Luego, para el segundo trimestre, el gobierno programó usar $400 millones, según el Acuerdo 607, del 27 de marzo de 2023, con este detalle:“acuerda autorizar la emisión, colocación y liquidación de Letes hasta por $400 millones para atender deficiencias temporales de caja para el segundo trimestre de 2023”.
De esa cantidad, Hacienda ya colocó $326,762,500 entre abril y junio, lo que significa que estaban pendientes de emitir $73,237,500.
Eso implica que, de acuerdo con los datos de la Bolsa de Valores, en medio año el gobierno ya le había cargado a la tarjeta $755.3 millones.
Pero en solo dos días de julio le sumó $267.1 millones más a la cuenta.
El pasado 10 de julio colocó $64.6 millones en Letes y luego, el 12 de julio, hizo dos emisiones más: una por $40 millones y otra por $162.5 millones, aunque en esta última obtuvo menos de lo que solicitó, pues lanzó una oferta por $324.5 millones.
Solo en esas dos operaciones adquirió una deuda por $202.5 millones.
De tal manera que, entre enero y julio, Hacienda ha acumulado una deuda en Letes por $1,022.4 millones, la cual se debe pagar en un plazo no mayor de un año, a una tasa de 8.25%.
Aunque no es la única deuda, pues en abril emitió un acuerdo para gestionar préstamos de corto plazo, a través de Cetes, por $67.7 millones, de los cuales hizo una colocación el 27 de ese mes por $62.6 millones, es decir que le quedan $5.1 millones pendientes de colocación.
En resumen, el gobierno ha comprometido a los salvadoreños con una deuda interna, entre Letes y Cetes, que suma $1,085 millones hasta la fecha.
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Datos de Hacienda indican que para 2023 el gobierno tiene planificada la colocación de Letes por un monto de $1,698,851,895. Eso significa que ya está comprometido el 60.1% de lo aprobado.
“(…) Se autoriza al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para emitir deuda flotante, a fin de cubrir deficiencias temporales de ingresos hasta por un monto que no exceda el 25% de los ingresos corrientes, equivalente para el ejercicio financiero del año 2023, a $1,698,851,895”, dice en el decreto legislativo aprobado.
También las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) muestran una constante alza en el saldo por pagar en Letes, sobre todo en el último año, ya que entre mayo de 2022 y mayo de este año (según el dato oficial más reciente) se elevó en $302.76 millones.
¿Qué implicación tiene la deuda de corto plazo?
El economista Rommel Rodríguez explicó que “la deuda de corto plazo está jugando un papel muy importante para el financiamiento, aún con sus limitaciones, porque ya no tiene el gobierno ese gran margen de maniobra y está logrando salir adelante al ras, a través de estos mecanismos de ‘roll over’ (refinanciamiento)”.
De acuerdo al experto, las colocaciones completamente nuevas de deuda son pocas en realidad y eso tiene una explicación.
“Porque mientras no se pueda salir a mercados internacionales y mientras estamos viendo una caída en la recaudación tributaria, pues no le toca más al gobierno que ir recurriendo a estos mecanismos de emisión para ir subsistiendo”, indicó Rodríguez.
Agregó que las colocaciones de Letes y Cetes se han vuelto un “instrumento estratégico” para el gobierno, mediante los refinanciamientos de deudas, ya que no logra adquirir préstamos frescos.
Rodríguez mencionó que en gobiernos anteriores lo que hacían era que cuando la deuda acumulada mediante esos instrumentos de financiamiento se les volvía una carga muy importante en la caja fiscal, implementaban la famosa “mesa limpia”.
Eso implicaba que hacían una emisión grande de bonos en el mercado internacional y tomaban ese dinero para pagar la deuda de corto plazo, es decir que ponían la cuenta de Letes a cero y así convertían deuda de corto plazo a largo plazo, la cual se iba a pagar a 20, 25 o 30 años.
“Y quedaba la deuda de corto plazo a cero y así iban de nuevo acumulando saldos a medida que pasaba el año cada vez más grandes, hasta que volvía a repetirse ese proceso”, recordó.
Sin embargo, el economista señaló que, en el caso del actual gobierno, la última vez que salió al mercado internacional a solicitar crédito fue allá por julio de 2020 y a una alta tasa de 9.5%.
Pero desde esa fecha “ya no ha tenido acceso a los mercados internacionales; a pesar de que tienen la mayoría en el Congreso, no ven la posibilidad de salir y dejar que esa presión en la caja que ellos están teniendo por estos títulos valores de corto plazo pueda ser liberada”, expresó Rodríguez.
De acuerdo con datos de la Central de Depósito de Valores (Cedeval) a junio de este año, la deuda de corto plazo asciende a $2,660 millones, pero en junio del año pasado era de $2,412 millones, es decir que ha tenido un alza de $248 millones.
“Eso significa que la presión de la deuda de corto plazo está fuerte en la caja”, afirmó el economista.
Y precisamente esa presión habría motivado al gobierno a mediados de junio a pedirle la Asamblea oficialista que le autorizara a adquirir más deuda, hasta por $1,000 millones, para el pago de deuda de corto plazo y trasladarla a mediano o largo plazo.
Dicha petición fue aprobada por los diputados para que el Ejecutivo pueda emitir “Títulos Valores de Crédito” para ser colocados ya sea en el mercado nacional, regional o internacional, con varios incentivos fiscales para hacerlos atractivos a los inversionistas que se animen.