El coordinador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, Pedro Cabezas, alertó que si la mina en el Cerro Blanco comenzara a operar “tendría impactos ambientales desastrosos para el país (El Salvador) porque está operando en una área que es geológicamente vulnerable al ser una zona que tiene aguas termales que tiene alto contenido de arsénico, contenido más allá para el consumo humano”.
“Por ahora, lo que la mina propone es un proyecto de minería a cielo abierto donde esperan sacar más de 3 millones de onzas de oro. Pero para sacar esos 3 millones de onzas de oro esperan utilizar por lo menos ocho toneladas de cianuro al día, ¡ocho toneladas de cianuro al día!”, indicó.
Añadió que el cianuro es utilizado para extraer las partículas de oro de las rocas y hacerlo viable para la comercialización.
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La contaminación se genera no sólo por el cianuro, entre otros químicos que son utilizados, sino también por la liberación del arsénico de la roca, así como otros metales pesados que generan lo que se conoce como drenaje ácido.
“Toda esa contaminación que ocurriría a partir de la explotación de la mina iría a parar, primero al río Ostúa, que es el más cercano a la mina, pero desemboca en el lago de Güija y el lago es uno de los principales afluentes del río Lempa”, explicó el ambientalista.
Al menos cuatro millones de salvadoreños dependen de esta fuente de agua, que también es utilizada para el riego de cultivos y generación de energía eléctrica, por lo que la actividad minera representa una amenaza directa, según la Universidad de Virginia Tech.
Cabezas aclaró que la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, no ha recibido aval para su funcionamiento, sino que lo que aprobó la administración del expresidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a través de un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) del vecino país, es el aval a la empresa para que siguiera con el proceso de actualización y de estudio de impacto ambiental.
“Para que tenga un permiso ambiental, la empresa debería de tener una resolución ministerial de Medio Ambiente y esa resolución ministerial, en Guatemala, debería de haber sido publicada en el Diario Oficial para que tuviera validez y se considerara como permiso ambiental. Eso nunca ocurrió; lo que tenemos es nada más la resolución o el aval del equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente que no llegó a ser una resolución ministerial”, expresó Cabezas vía telefónica.
Agregó que: “Lo que pasó es que la empresa publicó esto de manera prematura y lo hizo público; entendemos que es una forma de posicionarse ante las nuevas autoridades del gobierno guatemalteco y sus accionistas, pero fue de manera prematura porque en realidad no tienen el permiso”.
La dependencia gubernamental de Guatemala publicó el 24 de enero que un día antes se había girado instrucciones para realizar un análisis documental del proceso interno de evaluación y aprobación del expediente.
Además explicó que realizará una auditoría ambiental en el proyecto para verificar su situación actual y el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas.
“El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene la competencia para otorgar licencias de explotación minera, únicamente determina el impacto ambiental y medidas de mitigación de proyectos que se encuentran regulados en el listado tentativo de esta institución”, señaló en un comunicado.
El MARN de Guatemala informó el miércoles que giró instrucciones para que se revise la licencia ambiental para dicho proyecto, la cual fue renovada en 2023 y luego aprobada el 9 de enero de 2024 aún bajo el gobierno de Giammattei.
La empresa de capital canadiense Bluestone Resources anunció, el 18 de enero, la activación de su mina en Cerro Blanco tras recibir la supuesta autorización al “Estudio de Impacto Ambiental” el 9 de enero, según lo dieron a conocer grupos ambientalistas del vecino país, entre ellos el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE).
El objetivo de la actividad es obtener oro de la zona. Dicha aprobación fue avalada por el gobierno saliente de Guatemala, a través del MARN, a pesar de que en 2022 hubo una consulta ciudadana con la población de la zona; en ese entonces, hubo 7,475 votos en contra de la mina.
Bluestone Resources realizó campañas para convencerles de los supuestos beneficios que les traería la mina.
El proyecto minero Cerro Blanco fue autorizado en el 2007 y está situado a 15 kilómetros del territorio salvadoreño.
Mala Yerba, que es un proyecto autónomo de periodismo ambiental en la región centroamericana, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un documento donde la empresa realizó el anuncio de la aprobación de la enmienda.
En el documento, que está en inglés, se lee que “se complace en anunciar que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala aprobó la enmienda del permiso ambiental para el proyecto de oro del Cerro Blanco para cambiar el método de minería del desarrollo subterráneo permitido existente al desarrollo de la minería de superficie”.
Preocupación
El Comité Ambiental de Cabañas (CAC) también mostró su preocupación por lo anunciado en relación a la mina Cerro Blanco, no sólo por el impacto ambiental que su operación, a cielo abierto, tendrá, sino por el daño en la salud de los salvadoreños.
Lamentó que el gobierno, a través de las dependencias correspondientes, o los diputados no hayan mostrado interés por proteger la parte ambiental.
El gobierno del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei autorizó la activación de la mina antes de entregar su periodo, a inicio del mes.
La preocupación del CAC se suma a la de otras entidades, como el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), que también mostraron alarma por el aval que recibió la mina.
Uno de los miembros del Comité Ambiental de Cabañas, Francisco Pineda, señaló, vía telefónica, que desde hace varios años han puesto a la luz los efectos secundarios que todo proyecto de explotación minera puede causar, a pesar de que en El Salvador se aprobó una ley de prohibición de dicha actividad.
La preocupación de los conocedores en el tema es que el vertido de contaminantes, como el cianuro, afectará la quebrada El Tempisque, que desemboca en el Lago Güija, ubicado en Metapán, Santa Ana, y que conecta con el río Lempa.
“Al abrir esta empresa minera, a ley, cae al lago de Güija y todo eso viene a afectar a la cuenca del río Lempa. Nos preocupa porque las autoridades de nuestro país no tratan de hablar con las autoridades de Guatemala y preocuparse por los efectos que van a tener sus ciudadanos. Lastimosamente en las autoridades de nuestro país, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como también los diputados, no se ha visto un interés por proteger la parte ambiental y que sabemos que la parte ambiental y más que todo el recurso hídrico es fundamental para la vida, tanto para las presentes y futuras generaciones”, expresó Pineda.
Pero la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, a través de la red de “X” compartió un comunicado para expresar su inquietud sobre la minera al embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera. “Externo la alta preocupación de nuestro Gobierno con respecto al proyecto de la mina Cerro Blanco”. Además, manifestó que elevará el diálogo bilateral.
La canciller solicitó la creación de una comisión técnica binacional para potenciar el diálogo bilateral alrededor sobre este tema.
Mientras que el ministro de Medio Ambiente de El Salvador, Fernando López, manifestó que: “Hemos solicitado datos muchísimas veces y no se ha tenido respuesta. Incluso se han tenido respuestas evasivas o totalmente negativas de parte de los gobiernos anteriores de Guatemala. Estamos esperando la buena voluntad del nuevo gobierno”.
Pineda agregó que “al final también el Estado cae en crisis económica porque esto, a largo plazo, en el ser humano tiene sus efectos y luego viene a repercutir en los altos costos para tratar estas enfermedades que causa la explotación minera por los usos de sus químicos para separar los metales”.
Mencionó que entre las enfermedades que genera este tipo de actividad están las renales, cáncer y deformaciones, ya que los efectos no sólo pueden estar presentes al ingerir el agua contaminada, sino también al bañarse o consumir derivados de animales expuestos a los metales pesados.
“Eso no quiere decir que porque yo no me lo tomé no me va a dar efecto; el problema es que los efectos son en un estilo cascada. Muchos dicen: ‘yo vivo en San Salvador’, pero va a comprar una tilapia y ahí va el plomo, el arsénico. No sólo sería el impacto para las personas que viven cerca de un lugar donde hay explotación minera ni para las personas que viven cerca del río Lempa que ahí se van a bañar y que hayan fuentes de agua y consumen, sino que esto es un efecto de cascada. Dígame, del río Lempa, ¿cuánta gente agarra agua en el gran San Salvador? ¿A dónde llega la producción de hortalizas que hay a la orilla del río Lempa?. Llega a San Salvador y de la Tiendona se distribuye a todos los departamentos”, ejemplificó el miembro del Comité Ambiental de Cabañas.
Pineda está escéptico de lo que puedan hacer los funcionarios por detener los graves impactos de la mina en Cerro Blanco en en la población salvadoreña.
“Lastimosamente las experiencias que se han venido teniendo en todos los dirigentes de los países es que al final terminan inclinándose para un beneficio para ciertos sectores económicos o para ciertos grupos que les favorecen a ellos. Yo no creo que una persona que tenga asesores, con diferentes áreas profesionales, no le van a decir los efectos. No puedo asumirue sea falta de conocimiento”, manifestó Pineda.