Las confesiones del gobierno al FMI para lograr el acuerdo

El gobierno de Nayib Bukele no tuvo más remedio que aceptar la crisis económica y fiscal que atraviesa su gestión, por tal de abrir las puertas para acceder a miles de millones de dólares, aunque eso implique revelar información que ha mantenido bajo llave para la población.

En una carta enviada a la Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a su oficina en Washington, el pasado 11 de febrero de 2025, las autoridades salvadoreñas resumieron los problemas que tienen las finanzas públicas. Esto ocurrió 15 días antes de que el Directorio Ejecutivo del Fondo revisara y aprobara el acuerdo que habían alcanzado los equipos técnicos de ambas partes en diciembre pasado.

En esa misiva, firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, y el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, hicieron varias confesiones.

"Reconocemos la necesidad de abordar los desequilibrios macroeconómicos y consolidar rápidamente las finanzas públicas para restablecer la sostenibilidad fiscal y fortalecer la cobertura de reservas", dice en la carta, incluida en el documento de 111 páginas que divulgó el Fondo el 3 de marzo.

En opinión de la economista Tatiana Marroquín, al reconocer eso "es claro que el camino las finanzas públicas actualmente es grave y sí es necesario reajustar la perspectiva que ha tenido el gobierno en los últimos años".

Pero Marroquín plantea la pregunta de cómo se logrará ese equilibrio "porque en el presupuesto 2025 las prioridad no fue el gasto social; por tanto, no aborda brechas sociales, solo un ajuste financiero".

El gobierno también admitió que "para impulsar el crecimiento potencial y la resiliencia también es necesario fortalecer la gobernanza y la transparencia, así como abordar las grandes brechas sociales y de infraestructura, incluso para hacer frente a choques climáticos cada vez más costosos".

Y una de las confesiones en la carta, quizá la más difícil de reconocer para la gestión de Bukele fue la siguiente: "Entendemos la importancia de contener los riesgos de nuestro proyecto Bitcoin, incluso para salvaguardar la estabilidad financiera y brindar la protección adecuada a los consumidores e inversores, al tiempo que se aumenta aún más la inclusión financiera". 

Marroquín considera que, si bien es un paso correcto, "se queda en palabras o incluso en incoherencias al observar al presidente declarar que continua comprando Bitcoin o que mantiene la institucionalidad creada para dicho proyecto".

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Asimismo, le exponen a la directora del FMI que el préstamo que han solicitado es para afrontar la necesidad de dinero que tiene el gobierno para cumplir los compromisos financieros. La solicitud específica que plantearon es un acuerdo extendido en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por un período de 40 meses por un monto de DEG 1.033,92 millones (equivalente a alrededor de $1,400 millones, o el 360 por ciento de la cuota de El Salvador en el FMI). 

Los DEG o Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional que tienen los países socios en el Fondo Monetario.

"Este financiamiento ayudará a respaldar nuestras necesidades de financiamiento fiscal, así como a fortalecer nuestras reservas en el banco central", indican los funcionarios en la misiva.

También expresan en la carta que se espera que el apoyo del FMI "catalice el financiamiento de nuestros socios multilaterales y regionales para el desarrollo, lo que sumará un paquete de financiamiento combinado de más de $3,500 millones durante el período del programa".

Lo que ofrecieron cumplir

Tras las confesiones hechas para justificar la urgente necesidad de los fondos, el gobierno sintetizó en la carta lo que está dispuesto a hacer.

"Estamos listos para tomar medidas adicionales que puedan ser necesarias además de las articuladas en el MEFP (Memorando de Políticas Económicas y Financieras), y en consulta con el personal del FMI, para alcanzar los objetivos clave del programa", indican los firmantes.

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Pero además le aseguran a la directora del FMI que "presentaremos toda la información de seguimiento del programa, de manera regular y oportuna, como se describe en el Memorando Técnico de Entendimiento (TMU) adjunto, compartiremos de manera proactiva cualquier otra información que pueda ser necesaria para evaluar el progreso".

Agregan que tanto el BCR como el Ministerio de Hacienda establecerán un acuerdo marco sobre sus respectivas responsabilidades para el servicio de las obligaciones financieras con el FMI. 

Los funcionarios también plantean en la misiva que tienen la "intención" de hacer público el contenido del informe del personal técnico del FMI, incluida la carta, los memorandos citados, así como el Análisis de Riesgo Soberano y Sostenibilidad de la Deuda realizado por el personal técnico del FMI, junto con el Informe del Personal Técnico de la Consulta del Artículo IV de 2023 (revisión de las finanzas públicas).

En ese sentido, expresan que autorizaron al FMI a publicar dichos documentos.

En 2023, por primera vez en el gobierno actual, se negó la autorización al FMI para publicar el informe que un equipo técnico realizó sobre las finanzas salvadoreñas.

"Finalmente, nos comprometemos a consultar con el personal del FMI mucho antes de promulgar o anunciar cualquier cambio en nuestras políticas", prometieron los funcionarios.

La economista señala que "el gobierno aborda de formas generales lo solicitado por el FMI; sin embargo, la clave para encontrar esos objetivos, como la sostenibilidad fiscal o un crecimiento económico sostenido que aborde brechas sociales, pasa por un plan económico y fiscal inexistente a la fecha".

Asimismo, la especialista opina que los compromisos "se quedan en el aire si no se visibiliza la creación de institucionalidad y planificación que profundice la contraloría de fondos públicos y la democratización del plan económico".