Gobierno oculta datos de empleos, pensiones y costo de alimentos

Instituciones de Estado han dejado de publicar información oficiosa relativa a parámetros y estadísticas económicas que dificultan el análisis de la situación real de la economía salvadoreña, señalan expertos.

Entre esta información que ya no se publica desde hace meses están los diferentes informes de patronos y cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); el Boletín Estadístico Previsional y el Boletín de Rentabilidad del Fondo de Pensiones, ambos emitidos por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); así como el Informe Diario de Precios de Productos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otros datos.

La última entrega de los documentos del ISSS corresponden a mayo de 2023, por lo que hay 16 meses de atraso; los relativos a pensiones que emite la SSF no se actualizan desde abril del año pasado, es decir desde hace 17 meses se desconoce esa información; y el reporte del MAG dejó de salir a la luz en la última semana de junio de 2024, justo cuando el país comenzaba a reportar una crisis de subida de precios de las verduras, lo cual se mantuvo durante julio y parte de agosto.

Según cinco economistas consultados, así como una abogada especializada en el área de Anticorrupción y Justicia, además de un experto en el tema de pensiones, que desde el Gobierno se esté dejando de publicar información que hasta hace poco tiempo era oficiosa y periódica, representa un problema para el trabajo del análisis económico y puede tener un impacto directo en la vida de los salvadoreños.

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"La buena información es un insumo clave para hacer un buen diagnóstico de los problemas. Es como en el caso de un médico: si no tiene la información completa, difícilmente va a identificar la enfermedad y, por tanto, no va a formular un buen tratamiento para curar a su paciente", comenta Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR).

El economista explica que en el mundo la tendencia es la contraria y, actualmente, se cuenta con un "exceso de información" que puede abrumar a cualquier profesional. Y lo que sucede en El Salvador no es justificable, opina.

"No hay razón para que información como esta ya no se publique. Primero, porque es pública y, segundo, porque no contiene datos confidenciales de las personas, son simplemente agregados macroeconómicos", añade Acevedo.

Otto Rodríguez, quien ocupó la silla de vicepresidente del BCR en los primeros meses de la gestión Bukele y ahora se dedica a labores de consultoría y asesoría privada, destaca que la buena calidad de la información es un insumo clave para su día a día. Para él, es preocupante que desde el Estado se decida ocultar esta información porque impide que desde fuera del Gobierno se puedan hacer aportes de alto nivel que sirvan para adecuar las políticas públicas a los problemas que enfrenta el país.

Uno de los fenómenos prevalentes en las economías de Latinoamérica es la informalidad, es decir, todas aquellas actividades que se realizan fuera de las garantías de ley. Y todo Estado busca que la mayor parte de su población se formalice para tener la posibilidad de defender mejor sus derechos.

Rodríguez habla de un caso concreto: que el ISSS haya dejado de publicar los datos relativos a cotizantes y patronos (que se desagregan, por ejemplo, en género, sector económico o rango salarial) imposibilita medir si se ha avanzado en el objetivo de llevar a más personas a la formalidad, por lo que la cantidad de empleos reportados a esa institución es el parámetro más sólido.

Además se podrían hacer otros análisis, como la forma en que la migración afecta este esfuerzo. ¿Migran más quienes tienen un empleo formal o lo hacen con más abundancia quienes se mueven en la informalidad? No hay forma de medirlo.

"Que el gobierno no publique datos tan básicos sobre el trabajo lo hace a uno deducir que tiene como motivación que los resultados de las políticas públicas no se están dando como ellos quieren", apunta Rodríguez.

La importancia de las estadísticas

Carlos Argueta, economista y docente, sostiene que él y sus colegas utilizan diferentes fuentes de información para ver cómo se está comportando no solo el sistema económico en general, sino para dar seguimiento a diferentes fenómenos sociales, como la pobreza, la desigualdad y el empleo, que deberían interesar a todos los salvadoreños en su conjunto.

"Si no existe estadística sobre un problema, no se puede catalogar como un problema social. Ese problema que tiene Juan o María se vuelve solo un asunto de cada persona si no logramos acumularlo en una estadística para decir que es un problema de la sociedad", comenta la economista Tatiana Marroquín, quien, por lo regular, aborda sus investigaciones con un enfoque de género.

Para ella, las razones de dejar de publicar información tan básica es clara: "Las estadísticas se esconden porque, con ellas, se busca esconder los problemas".

La publicación de estas estadísticas no es un favor que las instituciones hacen a la población, sino que es un deber legal, explica Ruth López, jefa del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

Así está expresado en el artículo 10, numeral 23, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que indica: "Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente: la información estadística que generen, protegiendo la información confidencial".

Es decir que la información debe estar disponible para toda la población en una página web, por ejemplo, sin que para ello sea indispensable realizar una solicitud de acceso a la información pública.

"En la medida en que la ciudadanía se convierte en una más informada, puede ejercer una contraloría más eficiente. Al comprobar si la información que dicen los funcionarios es veraz o no, el control es mayor", dice López.

La información relativa a las pensiones que la Superintendencia del Sistema Financiero publicaba mes a mes dejó de ser colgada a partir de abril de 2023, justamente en el mes en el que se emitieron los primeros Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los instrumentos de la deuda de pensiones creados a partir de la última reforma del tema.

Desde entonces, hasta julio de 2024, se han emitido $1,789.68 millones en COP, es decir que el Estado ha tomado prestada esa suma del fondo al que cotizan todos los trabajadores del sector formal.

Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, indica que el hecho de que ya no se publique el Boletín Estadístico Previsional imposibilita hacer una proyección certera de la sostenibilidad del sistema, pues no se sabe cuánto se está recaudando mes a mes y, por tanto, no se puede comparar con el ritmo con el que el gobierno ha tomado prestado dinero del fondo, parte del cual va para gasto corriente, según lo han señalado entidades como la agencia financiera Barclays.

Por otro lado, la ley promulgada con la reforma indica que en el Boletín de Rentabilidad de Pensiones se iba a plasmar el detalle de los activos y pasivos que fueron trasladados al nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Sin embargo, curiosamente, dejó de publicarse cuando esto iba a suceder.

Pineda y su organización han requerido vía solicitudes de acceso a la información datos que, según la ley, deberían publicarse de manera oficiosa y se lo han negado hasta tres instituciones: la SSF, el ISP y las AFP. Todas con un argumento distinto: la primera dijo que no tenía competencia para entregarla; la segunda la declaró en reserva durante 7 años; las AFP ni siquiera respondieron al requerimiento, afirma.

"No se trata solo de un tema estadístico... Al carecer de información estamos vendados, sin saber adónde nos dirigimos… no es un favor el que se debe solicitar. La transparencia es una condición necesaria para poder transmitir gobernabilidad, pues nos aseguramos que las decisiones que se toman se basan en evidencia", dice el economista Carlos Argueta.