Pese a que el país ya cumplió un año de estar bajo un régimen de excepción, el cual ha sido impulsado por el gobierno como una estrategia para disminuir los índices de violencia en el país, y con ello una caída en los índices de extorsiones; en el tema económico, y por lo menos a nivel macro, aún no se están viendo los resultados a nivel de inversión desde el exterior.
Lo anterior, según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Jorge Hasbún, es debido a que en el tema de la Inversión Extranjera Directa (IED) el país cerró con números negativos el 2022, por lo que esta disminución en el crimen no está teniendo el impacto esperado en los inversionistas.
De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), en los cuatro trimestres del año pasado, que son los períodos en los que se suele comparar la economía nacional, al menos tres reflejaron números en rojo, lo que significa que hubo más salidas de dinero que entradas a la dinámica económica.
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En este sentido, solo el tercer trimestre mostró números positivos, cuando se registraron hasta $236 millones en IED, aunque este número fue descompensado por los -$226.3 millones que se registraron en el primer trimestre.
Los trimestres dos y cuatro del año también arrojaron números negativos, con -$57.5 millones y -$51.3 millones, respectivamente.
Al hacer la sumatoria de la Inversión Extranjera Directa neta durante todo el año, al cierre de 2022 el país registró un saldo negativo de hasta -$99.1 millones en IED, es decir que esa suma hizo falta para igualar al total de salidas de dinero que el país tuvo.
Algo que llama la atención es que las cifras del año pasado, de hecho, son peores a las de 2020, pese a que ese año estuvo bajo el impacto de la pandemia de covid-19, lo que incluyó un freno económico considerable para la economía.
Según los datos del BCR, la IED cerró el 2020 con un saldo neto de hasta $293, mientras que en 2021 la IED neta cerró en una cifra de hasta $314.4 millones.
Pero en este contexto, ¿en qué sí ha favorecido la estrategia de seguridad?
Según Hasbún, “esto está impactando en la microeconomía y en lo local, según la gente de Santa Ana, de La Unión o de Sonsonate”; y agrega que en los casos de los socios de Camarasal que en algún momento tuvieron que cerrar sus negocios por el asedio de las pandillas, estos ya han vuelto a abrir y han generado empleo.
Esto quiere decir que, a nivel más municipal, los pequeños negocios sí están encontrando oportunidades para retomar sus actividades comerciales, sin embargo, estos números no compensan esa falta de inversión extranjera que podría dinamizar la economía del país en mayores proporciones.
Con respecto a esto, el economista Rafael Lemus explica que la llegada de empresas extranjeras a los países puede ayudar a dinamizar un rubro o un sector específico, y señala que en años anteriores ocurrió así con el rubro de las maquilas o el de los servicios, cuando aumentó la llegada de los call centers.
Según el economista, esto ocurre debido a que, cuando llega una inversión grande, por lo general, no llega sola, sino que lo hace junto a otro grupo de empresas que se dedican al mismo rubro y que pueden tener un impacto económico importante.
Un ejemplo de ello puede ser lo que ocurre actualmente en el estado de Nuevo León, en México, donde el anuncio de la inversión millonaria de Tesla ha causado que varias empresas también se instalen en esa región, las cuales son proveedoras de la fabricante de automóviles eléctricos, algo que generará más empleos en ese país.
“La inversión extranjera puede cambiar y dinamizar la economía de manera significativa, esto por mejoras en temas como la eficiencia, tecnología, etc.”, apunta Lemus.
Este último punto podría, entonces, ayudar a que la economía del país mantenga un ritmo de crecimiento mejor al 2022, sin embargo, proyecciones recientes de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sitúan el crecimiento económico del país en 2.4% y 2%, un dato que arroja que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecería menos en 2023 de lo que creció el año pasado, cuando alcanzó un crecimiento del 2.6%, según el BCR.
El dato de estos organismos sugiere que, a nivel centroamericano, sería El Salvador el país que vería el menor crecimiento económico, incluso por debajo de Nicaragua (2.3%), país que vive bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La importancia de la institucionalidad
Una pregunta válida que podría hacerse en torno a la baja atracción de inversiones extranjeras es por qué las mejoras en el tema de seguridad no son suficientes para que las grandes empresas pongan sus ojos en el país, y el presidente de Camarasal lo resume en que “el inversionista extranjero ve otra cosa”.
Según Hasbún, en este contexto también pesan otros factores, como la situación de la institucionalidad en el país, y señala: “Los inversionistas ven la situación del Estado de Derecho, y parte de lo necesario para vender al país, es que eso esté bien”, por lo que también apunta que “ahorita muchos inversionistas extranjeros sienten que no hay seguridad jurídica en el país”, debido a situaciones como los cambios de jueces el año pasado, o la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que ejecutó la Asamblea Legislativa oficialista en 2021.
Según el dirigente de la gremial, algo que podría ayudar a que ese temor de los inversionistas baje, podría ser implementar una ley de arbitraje para las empresas extranjeras, y que de esta manera consideren que sí existe seguridad jurídica en El Salvador.
Otro punto que los inversionistas toman en cuenta, según Hasbún, es el riesgo país, es decir, la situación salvadoreña frente a los mercados internacionales de deuda, algo que en los últimos dos años ha venido en declive debido a distintas acciones del gobierno de Bukele, entre las que están la adopción del Bitcoin o la deriva institucional ocasionada con el golpe a la Sala de lo Constitucional hace casi dos años.
Este riesgo país se mide con base en el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), y establece el porcentaje de intereses que el país debe pagar en caso de solicitar deuda en los mercados internacionales.
Este índice, pese a que ha bajado en los últimos meses, se mantiene bastante alto y, con ello, mantiene cerradas las puertas de acceso al financiamiento para el gobierno, algo que se traduce en problemas para financiar proyectos.