“A costa del bienestar de la población”, el gobierno ha recortado fondos en áreas como salud, educación y agricultura en el presupuesto 2023, pero ha aumentado recursos para comunicaciones y prensa, señalan economistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Los especialistas han elaborado un primer análisis del presupuesto 2023 que el gobierno de Nayib Bukele ha presentado a la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.
De acuerdo a los datos que han analizado, los economistas destacan que en términos del PIB (Producto Interno Bruto) la mayoría de instituciones muestran un recorte para 2023.
“Pero el Instituto muestra su preocupación, particularmente, por los recortes en los ramos de educación, agricultura y salud por el contexto social que atraviesa el país de aumento de pobreza extrema, inseguridad alimentaria y caída en indicadores de cobertura de bienes y servicios públicos”, expresa la entidad especializada.
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El Icefi apunta que los recortes se plasman en casos como el Hospital Rosales y el Hospital Nacional Especializado de Niños “Benjamín Bloom”. También señalan reducciones en la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, así como en el programa Ciudad Mujer.
En cambio, notan que la Secretaria de Comunicaciones y la Secretaria de Prensa de la Presidencia tienen excesivos aumentos (38.0 y 71.4%, respectivamente). La de Prensa recibirá $2,103,345, cuando en 2022 se le asignó $1,226,975. La de Comunicaciones tendrá a disposición $4,042,170, un aumento significativo de los $2,920,170 que tuvo en 2022. Ambas sumarán $6,145,515, un 48% en total más que 2022.
En el documento que Hacienda llevó a la Asamblea se plantea que para el área de “Gestión de desarrollo social” estaría destinando $3,934.3 millones, que representa el 12.9% del PIB estimado para el otro año. Sin embargo, en ese conjunto de gastos el gobierno ha sumado los recursos que destinará para los ministerio de Desarrollo Local, Vivienda y hasta de Cultura, lo que abulta el presupuesto del área social.
Específicamente para los Educación serán destinados $1,501.9 millones; para Salud, $1,131.2 millones; y para Agricultura: $91.5 millones, según el presupuesto.
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El Icefi también da cuenta que el gobierno proyecta $7,786.5 millones en gasto público del gobierno central para 2023, es decir un 24.3% del PIB, mientras que el monto presupuestado para este año ascendía al 26.8% del PIB.
Y de acuerdo a los economistas de la entidad, al reflejar que se reducirá el gasto público el resultado será que muestre un déficit fiscal de 2.5% del PIB para 2023, en comparación con el 4.5% estimado por el Icefi para 2022.
“Lo que refleja el propósito del gobierno salvadoreño de reducir el tamaño de su aparato fiscal para intentar lograr la estabilización del saldo de la deuda. Sin embargo, el Icefi revela que este enfoque de austeridad se concentra en áreas clave del desarrollo del país y no en gasto superfluo”, remarca.
Icefi también señala la falta de transparencia con el presupuesto, pues por tercer año consecutivo el gobierno no ha publicado el Marco Fiscal de Mediano Plazo y eso no permite conocer el panorama completo de los gastos e ingresos.
“No se puede determinar si el enfoque de austeridad responde a una estrategia de sostenibilidad fiscal o si es resultado de las dificultades en el acceso al financiamiento externo, provocado por el deterioro institucional, la adopción del bitcóin y la carencia de un plan fiscal de mediano y largo plazo”.
Icefi
Además apunta que eso es contrario a los estándares internacionales de transparencia fiscal y limita el derecho de la ciudadanía a conocer lo que el gobierno propone ejecutar con los recursos provenientes del pago de impuestos y del endeudamiento del país.
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Las deudas y los ingresos en presupuesto 2023
Por otro lado, el análisis de los especialistas destaca que el pago de intereses de la deuda abarca el rubro más grande de recursos por encima de Educación y Salud.
Hacienda ha proyectado $1,116.1 millones para amortización de deuda, de los cuales solo $9.2 millones son para pago de intereses a créditos internos. “Este rubro debe ser revisado, pues solo se está considerando $9.2 millones para el pago de capital de la deuda interna, cuando los vencimientos alcanzan cerca de $2,000 millones”, señala Icefi.
También señala que se está planeando, para financiar una parte de la brecha fiscal de $472.4 millones, más préstamos en el mercado nacional, a través de colocación de títulos y valores, en vez de hacerlo a nivel internacional como ha sucedido históricamente.
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“Esto puede presionar más al sistema financiero nacional, y los tipos de interés en general, considerando el incremento que se ha observado en la deuda pública interna”, advierten los economistas.
En relación a los ingresos del gobierno, el análisis plantea que el otro año se estima que serán de $6,988.3 millones, de los cuales el 93.1% serían provenientes de impuestos, pero proyecta una carga tributaria del 20.3% del PIB, que sería menor a la que estima el Icefi de 21.5% para 2022.
“Pareciera que el gobierno ha optado por hacer una estimación extremadamente conservadora e incluso podría estar subestimada”, dice y alerta que en otros países utilizan este mecanismo para tener un aparente excedente de ingresos tributarios “y con ello tener una mayor discrecionalidad sobre el uso de los mismos al momento de ejecutar el presupuesto”.
De hecho, los ingresos por el nuevo impuesto a los seguros aún no están incorporados en el presupuesto 2023.