Acompañado de las autoridades de seguridad, incluido el ministro de la Fuerza Armada, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, lanzó hace una semana una nueva etapa del plan antievasión, una estrategia que está arreciando este año para obtener más ingresos y además, garantizar que las empresas paguen a tiempo los aportes patronales del ISSS y AFP.
“No nos va a temblar la mano para capturar a los pequeños, a los medianos y a los grandes contribuyentes que se identifique que han evadido impuestos o que están desarrollando actividades de contrabando”, afirmó el funcionario.
En su gestión, Zelaya ha liderado “los jueves de evasores”, un día en el que presenta ante la Fiscalía avisos de empresas que están supuestamente evadiendo impuestos.
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Incluso han detenido a directivos empresariales y los han expuesto ante los medios de comunicación de la misma forma en la que se exponen a delincuentes.
“En vez de “desplegar” militares para esa función, lance un ambicioso plan para controlar el comercio ilegal para que todos podamos competir en condiciones de igualdad”
Max Mojica, abogado y experto en tributación
Pero para abogados y economistas esta presión que Hacienda está poniendo sobre las empresas lascoloca en un escenario desventajoso frente a un comercio informal que supera el 60% de la actividad económica en el país y que sigue sin fiscalizarse y sin recibir ningún control por parte de las autoridades.
El abogado experto en temas tributarios, Max Mojica, afirma que el “ataque frontal” que el gobierno está haciendo con la empresa privada las situa en un escenario desigual tomando en cuenta que la mayoría del comercio opera desde la informalidad.
“El sector informal no es ni fiscalizado, ni paga impuestos, ni reconoce a sus empleados dichos prestaciones sociales…y, en ocasiones, ni siquiera paga el salario mínimo”, afirmó.
Para el abogado, “en vez de “desplegar” militares para esa función, lance un ambicioso plan para controlar el comercio ilegal para que todos podamos competir en condiciones de igualdad y se le garanticen los derechos laborales a los salvadoreños”.
Según Mojica, es lógico que el gobierno quiera ir contra las empresas formales pues es parte de sus funciones, pero además opina que antes que acusar a las empresas se planteen alternativas como amnistías fiscales y oportunidades de pago, siendo que muchos de los negocios adquieren deudas debido a la difícil situación económica que atraviesan. La fuerza punitiva debería ser el último recurso, según el abogado.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) no ha dado su posición sobre este tema.
Información de plan antievasión no es pública
Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señaló por su parte que los pagos de ISSS y AFP por parte de las empresas son obligaciones legales que deben cumplirse. “Ningún funcionario debería estarla presionando porque las empresas saben que tienen que cumplir”, afirmó.
Sin embargo señaló que siendo este un mecanismo con el que el gobierno asegura haber obtenido ingresos en los últimos años, no haya información al respecto.
Castaneda afirma que desde el ICEFI solicitaron formalmente al ministerio de Hacienda que les entregara el documento de este plan y qué elementos contenía.
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Sin embargo “se nos indicó que esta información era reservada, por lo tanto no se puede evaluar cuánto del aumento de los ingresos se debió al tema de evasión”, afirmó Castaneda.
El informe de ingresos que el Ministerio de Hacienda publica cada mes en su página web detalla las principales fuentes de ingreso del país: IVA, renta, impuestos ad valorem, entre otros. Sin embargo no hay informes sobre la reducción de la evasión.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirma por su parte, que este plan ha aumentado en $1,800 millones los ingresos estatales. La cifra es similar a lo que el país ha logrado aumentar en los últimos cinco años, es decir, desde 2018.
La recaudación tributaria en 2022
El dato irrefutable es que en los últimos años los ingresos tributarios y contribuciones han subido en un 37% pasando de una recaudación de $4,769.3 millones a $6,571.0 millones.
En 2022 la recaudación tributaria y contribuciones aumentó $737.5 millones respecto a 2021.
Sin embargo, los factores que han incidido para que este aumento son diversos, entre ellos, el incremento de los precios de todos los bienes y servicios, lo que se traduce en un mayor pago de IVA.
En 2022, el incremento en la recaudación de tributos se dio por el lado del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que obtuvo $556.9 millones más que en 2021. El otro ingreso aumentó por el lado de IVA, con el que Hacienda obtuvo $233.1 millones más que el año pasado.
Sin embargo, para el economista y exviceministro de Hacienda, Oscar Anaya, el crecimiento de las retenciones de renta y pago a cuentason modestos, lo que indica que el empleo, la masa salarial y la creación de nuevas empresas no muestran una dinámica robusta.
Para el experto, “es posible que la evasión haya aumentado erosionando la base imponible aunado a una dinámica económica en proceso de disminución. Los ingresos no tributarios no alcanzaron la meta, quedando en un 50.1% por debajo”.
De acuerdo al economista, el desempeño de IVA y Renta, dos pilares representativos del sistema impositivo del país, han contribuido al aumento de ingresos tributarios en los últimos 4 años.
Pero además, refiere que la tributación medida por la carga tributaria, es congruente con las históricas tasas de crecimiento PIB potencial del 2.4%.