Hasta 15,000 micro y pequeñas empresas se verían en riesgo de experimentar efectos negativos si el gobierno decide no extender el plazo del subsidio que entrega por el aumento al salario mínimo que se decretó en agosto de 2021.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Jorge Hasbún, explicó ayer que han solicitado la continuidad del beneficio. “Nosotros (como gremial) ya enviamos notas al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y al Ministerio de Economía para que evalúen si se puede ampliar la entrega de los subsidios”, declaró.
El dirigente agregó que estas empresas, que en su mayoría tienen entre 1 y 100 empleados, tal como lo estipula el decreto que dio paso al subsidio, podrían verse obligadas a hacer ajustes de gastos como reducción de personal.
“Esto es muy importante porque estas empresas son las más vulnerables y pequeñas, y ya están con el embate de la inflación, del aumento de los costos y de los problemas logísticos”, recalcó Hasbún.
En agosto de 2021, los diputados aprobaron un fondo de hasta $100 millones para compensar el aumento salarial que iban a enfrentar las empresas, principalmente las pequeñas. Sin embargo, como señala el titular de Camarasal, en aquél momento no se sabía que la inflación llegaría a niveles tan altos.
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Solo hasta junio, la inflación interanual se colocó en 7.76% y aunque este dato tuvo una leve disminución en julio (7.42%), sigue siendo alto, sobre todo, para las empresas pequeñas y para la población en general.
De hecho, eso ha impactado en el costo de la canasta básica y solo en el sector urbano sobrepasó los $235, por lo que el Centro para la Defensa del Consumidor señaló la semana pasada que el aumento del salario mínimo no ha sido suficiente para compensar el alza.
En este sentido, Hasbún ve con preocupación que el subsidio deje de entregarse, pues incluso un reajuste salarial dentro de las micro y pequeñas empresas es lo que podría suceder.
Ante el vencimiento del subsidio, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Leonor Silva, también apuntó: “Esperamos que el gobierno considere extender el subsidio que beneficia solo a la pequeña y mediana empresa. La población trabajadora ya está obteniendo el beneficio del aumento del salario mínimo, pero si se deja de apoyar a las empresas este aumento se transforma en un costo”.
La titular de la ANEP agregó que eliminar el subsidio hará que las empresas afectadas tengan problemas de liquidez, así como también podrían modificar el precio final de los productos y servicios que ofrecen a los consumidores, algo en lo que también coincide el presidente de Camarasal, quien en semanas anteriores afirmó que debido a la misma inflación las empresas han visto cómo sus costos han incrementado hasta en un 30%.
Sugieren redirigir los fondos
Ante los altos índices de inflación, el gobierno emitió un decreto temporal en marzo pasado para suspender impuestos y aranceles de importación a distintos productos de la canasta básica, y entre esas medidas también fijó los precios de los combustibles y ha subsidiado las alzas de precio internacional.
Sin embargo, en las últimas semanas el precio del barril de petróleo en el mercado de referencia para El Salvador ha tenido reducciones significativas, pues está por debajo de los $90 el barril), por lo que el gasto del gobierno en ese subsidio ahora es menor.
Por ello, Selva consideró que debido a esa baja en el precio del petróleo, el gobierno debería redirigir los fondos que utiliza en esa compensación para darle continuidad al subsidio al salario mínimo.
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“A medida vemos que el precio de la gasolina está bajando, los fondos pueden reorientarse al subsidio al salario mínimo. Debemos ver esto como una medida más de alivio a la crisis inflacionaria”, afirmó la representante gremial, algo que podría ser una alternativa para evitar efectos negativos en las empresas.
Este subsidio a los combustibles, por ejemplo, en solo 4 meses ha costado unos $246 millones de fondos públicos al Estado, por lo que podría cubrirse la extensión del apoyo a las empresas pequeñas del país.
De hecho, Hasbún añadió que no entregar ese subsidio acarrearía mayores costos al país de lo que cuesta entregarlo, debido a los efectos que tendría en las empresas y también en los empleados.
Sin embargo, a la fecha ningún funcionario del gabinete económico ha informado qué pasará con ese apoyo financiero a las empresas.
Gobierno analiza si mantendrá el subsidio a combustibles
Con respecto a la disminución en el precio del petróleo, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, afirmó ayer que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía evalúan si extender la vigencia de la fijación de los precios de los combustibles o darla por finalizada el próximo 31 de agosto, fecha en que vence el decreto transitorio.
Sin embargo, Salazar explicó que aunque el precio del barril ya comenzó a bajar, el costo de referencia de los combustibles todavía se mantiene arriba de la fijación de precios. Aunque el funcionario añadió que el gobierno ahora está subsidiando menos de lo que subsidió en los primeros meses que se aprobó la medida.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó la semana pasada que el gobierno está analizando esas tendencias en el comportamiento del precio del petróleo y afirmó que las medidas se mantendrán “mientras la situación no mejore”, pero que la decisión sobre continuar o no con las medidas se tomará en los próximos días.
A la fecha, el precio de los combustibles se mantiene fijo en $4.31 para la gasolina especial ($4.32 en la zona oriental), $4.15 para la regular y $4.14 para el diésel, aunque el precio de mercado sobrepasa los $5.