Dentro del documento de más de 530 páginas de la Ley de presupuesto 2023, que el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya presentó a la Asamblea el pasado 30 de septiembre, no se define con claridad de dónde se obtendrá $666.95 millones de financiamiento, ni para qué se destinará los fondos, lo cual puede ir en contra de la ley que manda a dejar claro cómo se van a financiar los gastos del Estado.
Según el proyecto de gastos, para el próximo año, serán $1,914 millones 432,270, los que el gobierno necesitará para financiar el presupuesto, pese a que Zelaya afirma que solo serán $472 millones.
De esos fondos, se detalla en el documento que $1,398 millones 331,765 provendrán de contratación de préstamos con organismos multilaterales y $43 millones 663,295 serán de créditos que darán gobiernos u organismos gubernamentales extranjeros. Eso quiere decir que el gobierno de El Salvador, en realidad, tiene previsto obtener un financiamiento externo de $1,441 millones 995,060 en 2023.
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En total, son 26 préstamos con organismos multilaterales y dos con entidades gubernamentales de otros países, específicamente con el gobierno de Alemania y con el de Japón.
Y, de acuerdo al desgloce de datos, los $472 millones 437,210 restantes, que es la brecha presupuestaria que reconoce el ministro de Hacienda, se proyectan para hacer colocaciones de bonos en el mercado salvadoreño.
Esto llama la atención porque entonces el gobierno no prevé buscar a inversionistas extranjeros para que le presten, sino a inversores locales y ello estaría relacionado con la imagen de alto riesgo de impago que tiene el país a nivel internacional.
“Hay un reconocimiento implícito del gobierno de que el mercado externo está cerrado y que, por lo tanto, van a colocar más deuda interna. Desde Icefi hemos advertido que esto lo que hace es presionar el sistema financiero local y puede presionar las tasas de interés”, opina el economista Ricardo Castaneda, del Icefi (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales).
¿Un presupuesto fuera de la ley?
Pero Hacienda no detalla en el presupuesto qué entidad, ya sea local o extranjera, prestará los $666 millones 957,000 que complementan el financiamiento que se requerirá para cubrir los gastos del próximo año.
En una simple línea, dentro del apartado donde desglosa los ingresos previstos, específicamente los que se refieren a endeudamiento público, Hacienda solo plasmó: “Otros empréstitos ($) 666.957.000”.
Y en el apartado que se refiere a “Composición económica del gasto por fuentes de financiamiento” contempla el mismo monto en el rubro de Aplicaciones Financieras, pero bajo la descripción de “rescate de colocaciones de títulos y valores en el mercado externo”.
Esos datos contrastan con declaraciones de Zelaya del 9 de noviembre, en la entrevista Frente a Frente, en las que dijo que tienen “asegurados” los casi $667 millones y que ya está incluido en el presupuesto 2023. “Sí, claro, las fuentes están completamente aseguradas, vamos a pagar el valor de los $667 millones en enero de 2023 y todos nuestros bonistas tienen la plena seguridad (que les pagarán). Ya está incluido dentro del presupuesto”, declaró. Incluso, afirmó que la mayor parte de esos fondos será pagada con recursos propios”.
De acuerdo a expertos consultados, al no dejar claro quién financiará o para qué se destinará esa cantidad el presupuesto 2023 no estaría apegado a derecho.
El artículo 227 de la Constitución establece: “El Presupuesto General del Estado contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado”.
Para algunos economistas podría entenderse como que el gobierno tiene “palabreado” esos fondos con algún organismo financiero, es decir, la promesa que se los va a prestar más adelante o que lo pusieron para “equilibrar” los ingresos con los gastos, pero la opción más probable es que se trate del remanente del pago de bonos 2023, que quedó pendiente de la recompra que hicieron en septiembre pasado.
El gobierno salió al mercado internacional a comprar bonos que se vencen en enero 2023 por un monto de $800 millones, pero de esa deuda solo compraron $133 millones, por lo que están pendientes de pagar casi $667 millones.
El economista Rommel Rodríguez, de Funde (Fundación Nacional para el Desarrollo) indicó que la estrategia que han usado en el gobierno en otras ocasiones es que hacen alguna obra o proyecto con recursos propios y luego ven con algún organismo multilateral si les pueden prestar esos fondos para reponerlos con los desembolsos que les hacen posterior, como ha ocurrido durante la pandemia.
“Allí solo que ellos hayan calculado que van a hacer obras (por ese monto) y que después se van a acercar a algún organismo multilateral o ya lo tienen ‘palabreado’ el monto con algún organismo”, considera Rodríguez sobre por qué no se detalla el destino o fuente de ese dinero.
También opina que si lo han hecho para equilibrar el presupuesto sería un “equilibrio artificial; un artificio para cuadrar el presupuesto”.
Pero el economista apunta que ese monto coincide con el remanente del bono 2023 que falta por pagar, aunque le parece curioso porque el gobierno ha dicho que hará una segunda recompra de bonos este año para cumplir con el pago de ese compromiso.
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Para Ricardo Castaneda, dejarlo como “otros empréstitos” indica que “no tienen claro de dónde van a obtener el financiamiento”.
Aunque también señala que ese monto es el equivalente a lo que falta por pagar del bono 2023. “Una lectura puede ser que el gobierno todavía no tiene claro cuál va a ser la fuente de financiamiento de esos casi $667 millones, por eso es clave el trabajo de la Comisión de Hacienda porque tiene que quedar claro dónde está la fuente de financiamiento de estos recursos, si no hay un riesgo de no cumplir con todos los compromisos que el Estado estaría adquiriendo, a través de la aprobación de este préstamo”.
Castaneda enfatiza que el presupuesto debe establecer con claridad cuál va a ser la fuente de financiamiento que va a tener el plan de gastos del Estado y que los diputados que revisan cómo quedará el presupuesto indiquen de dónde se van a obtener los recursos e incluso establecer con quiénes se está negociando el financiamiento.