“El año pasado, las deficiencias fiscales se vieron agravadas por un opaco acuerdo de financiación del sistema de pensiones, recientemente reorganizado. Aunque la transparencia financiera es limitada, sospechamos que el sistema de pensiones está financiando al gobierno mediante planes de représtamo a través del nuevo organismo de pensiones (el ISP), y de bancos comerciales”, fue una de las principales conclusiones del banco de inversión Barclays en su último informe sobre El Salvador.
En el documento, titulado “El Salvador: débiles resultados fiscales y débiles perspectivas para el FMI”, la entidad hace un señalamiento que ya había sido realizado por instituciones dentro del país, como la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, que sostenían que el gobierno estaba tomando del Fondo de Pensiones más dinero que el que en verdad necesitaba para el único destino para el que, por ley, puede usar esos recursos: pagar las pensiones de los antiguos sistemas del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
LEA MÁS: Fondos de pensiones le prestaron $280.4 millones al Banco Hipotecario
Entre abril y diciembre de 2023, el Gobierno de El Salvador tomó (a través de la emisión de los Certificados de Obligaciones Previsionales) $1098 millones.
Patricio Pineda, representante de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, aseguró en un programa televisivo que, según los cálculos de su organización, para cubrir las necesidades de los pensionados del INPEP y el ISSS en todo 2023 eran necesarios $675 millones, es decir, $423 millones menos que lo que se tomó.
El cálculo de Barclays es de una necesidad de $800 millones, es decir, casi $300 menos de los que se tomaron.
“Se utilizaron para fines distintos a la financiación del déficit de las pensiones”, dice el banco.
Pero agrega más detalles: La empresa local Hencorp creó un fondo especializado en instrumentos públicos, el Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I (FICRF). Según expone Barclays, su tenencia de bonos del Tesoro asciende a $305 millones. Citando informes de la Bolsa de Valores de El Salvador, concluye que el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) es el principal inversor en ese fondo. Para Barclays, es probable que haya usado esos $300 millones adicionales para ello.
La entidad también ubicó otra estrategia usada por el ISP, a través del Banco Hipotecario, que ya había sido expuesta por El Diario de Hoy.
“Según la Bolsa de Valores de El Salvador, el banco comercial estatal emitió alrededor de $225 millones en nuevos bonos en 2023, y los reportes bursátiles mostraron que las AFP han sido los principales compradores de estos instrumentos”, dice el informe. Barclays remarca que, si bien la última reforma previsional prohibió a las AFPs comprar deuda pública, parece que la deuda emitida por el Banco Hipotecario está fuera de “ese ámbito”.
El Banco Hipotecario se usó para algo adicional, según la entidad de inversión. Este registró un aumento de sus depósitos de unos $310.3 millones a principios 2023.
“Suponemos que este aumento fue financiado principalmente por las AFP, que registraron un aumento similar de $280 millones en su exposición al Banco Hipotecario en el primer trimestre del año”, señala el documento.
En conjunto, los recursos procedentes del aumento de los depósitos y de la emisión de bonos permitieron al Banco Hipotecario incrementar sus inversiones financieras en $506 millones de dólares. Históricamente, alrededor del 95% de estas inversiones se han concentrado en títulos públicos.
“En nuestra opinión, para aumentar su exposición al Banco Hipotecario y a otros bancos, las AFPs disminuyeron sus activos externos en alrededor de $370 millones en 2023 y sus activos del gobierno central como certificados del tesoro y bonos domésticos en $500 millones”, sentencia Barclays.
La utilización que ha hecho el gobierno del Fondo de Pensiones en 2023 se sale totalmente de la tendencia presentada en los periodos anteriores. Por ejemplo, si se toma en cuenta desde 2018, es posible comprobar que se han tomado en torno a $384 en cada ejercicio, pues es en esa cifra en lo que ha aumentado el saldo. El año recién pasado, tomando en cuenta lo emitido en COP y en la transformación de la antigua deuda en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), el aumento fue de $1203 millones, es decir, casi cuatro veces más que la tendencia anterior.
“El gobierno tiene un problema de deuda que se está volviendo insostenible. Y todo es provocado por el exceso de gasto. La deuda no se resuelve con más deuda”, dice el economista Rafael Lemus.
La respuesta de Bukele
El presidente de la República, Nayib Bukele, se hizo eco de la información publicada por Barclays. En su plataforma favorita, X, el mandatario criticó que la entidad señalara que, en las condiciones actuales fiscales de El Salvador, no se logrará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el corto plazo, por lo que recomienda vender los bonos con vencimiento para 2029.
“Los chicos de Barclay’s están simplemente irritados por mi discurso en CPAC, incluso lo mencionaron en su “investigación”, es activismo político disfrazado de “análisis de mercado”. Les demostraremos que están equivocados”, afirmó Bukele.
Patricio Pineda, de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, sostiene que lo que Barclays señaló es “una verdad irrefutable”. Para Pineda, lo que el Gobierno debe de hacer es transparentar la información relacionada con el Fondo de Pensiones, que actualmente se encuentra en reserva. También, publicar el análisis actuarial que demuestra la sostenibilidad del sistema.
“Solo así nos puede callar la boca a nosotros y a Barclays. Los varoncitos demuestran lo que dicen con ciencia, no con mensajes en X… Bukele es un ladrón. Está financiando sus irresponsabilidades financieras con el dinero sagrado de los trabajadores”, comentó Pineda.
Para el economista Luis Membreño, el tema fiscal es uno que el gobierno ha buscado maquillar mediante su reforma de pensiones. Debido a que ahora no debe pagar ni intereses ni capital sino hasta 2027, parece que las cosas están controladas. Pero la bomba explotará cuando deba volver a pagarle al fondo de pensiones.
“A partir del 2027, el gobierno deberá abonar unos $600 millones al año en este pago de deuda. Más lo que crecerá hasta entonces, que si se sigue la tendencia serán unos $4,000 millones extras, se deberán aumentar unos $300 millones anuales. Y en 2027 se vence el eurobono de $800 millones… la situación es crítica”, señala, por su parte, el economista Rafael Lemus.