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El Estado salvadoreño ha recortado $245.41 millones a las remuneraciones permanentes en todas las instituciones que conforman al aparato público en el Presupuesto General de la Nación de 2024, según se detalla en los documentos oficiales disponibles.
Las remuneraciones permanentes representan a todas las plazas fijas en el sector público. Por lo tanto, que exista un recorte tan importante es señal de que se avecina una fuerte reducción en puestos de trabajo.
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Según lo explica la economista Tatiana Marroquín, esto es lo que se puede concluir porque las remuneraciones eventuales, en las que están incluidos los contratos temporales, no han subido en esa proporción: Lo han hecho solo en $20 millones y una buena parte, $3.2 millones, corresponden a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Por ello, no hay posibilidad de que se trate, simplemente, de un cambio en el tipo de las contrataciones.
El recorte financiero ronda el 10 % del total del presupuesto original destinado a las remuneraciones permanentes, de $2,459.81 millones.
Estas modificaciones se han realizado dentro de las mismas instituciones, por lo que estos fondos son movidos a otros sitios de la entidad. Son, para catalogarse de manera más precisa, traslados. Por eso, no han pasado por la aprobación de la Asamblea Legislativa, aunque el de las modificaciones en el Presupuesto General de la Nación (traslados de una institución a otra) ha sido un recurso del Gobierno usado con exceso desde que Nuevas Ideas controla la mayor parte del Congreso, como se explica más adelante en esta nota.
¿Dónde se han hecho los recortes?
La institución que encabeza la lista, por mucho, es el Ministerio de Educación, con $163.8 millones. Salud ocupa el cuarto puesto, con una bajada de $11.3 millones. Estas dos son entidades con una vocación netamente social. Un recorte en los puestos de trabajo de estas se traduce en menor calidad de vida para los ciudadanos, según los especialistas. Por eso, se ahonda en sus disminuciones en las siguientes notas:
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El segundo en la lista es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con $38.05 millones de recorte solo en remuneraciones permanentes. La línea presupuestaria que más se diluyó en cuanto a esta cuenta es la de Eficacia Policial, con $31.15 millones. Representa, por tanto, el grueso de la reducción.
El tercero en este top es el Ministerio de Defensa. Todo el recorte fue en una sola línea presupuestaria, la de Operaciones del Ejército y de Apoyo Institucional. El resto de la lista se puede consultar en el gráfico que acompaña esta nota.
Uso "abusivo" de las modificaciones
La Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, a solicitud de la administración de Nayib Bukele, ya había recurrido del uso de modificaciones al Presupuesto en los años previos, pues en 2021, en solo 8 meses, realizó 77; en 2022, 64. En 2023, fueron más de 60.
Para el guatemalteco Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (capítulo en su país de Transparencia Internacional), ese uso discrecional de los recursos solo es posible porque en El Salvador se ha perdido un principio democrático, que es el de la separación de poderes, el de un sistema de pesos y contrapesos.
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, se ha transformado en una "tramitara" de los encargos del Ejecutivo, según las fuentes consultadas.
"Cuando no hay esa división de poderes, existe una ausencia en los controles y en la rendición de cuentas. Entonces, se pierde la calidad del gasto. En los tiempos modernos, lo que se busca es que el dinero rinda todo lo que tenga que rendir. Pero en realidades como estas, lo que se termina ejecutando es muy diferente a aquello que se programó", dice.