El gobierno adeuda más de $1,000 millones a proveedores del Estado, según el último informe de Gestión Financiera del Estado de 2023, colgado en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.
Por ley, esa entidad gubernamental debe entregar dicho informe a la Asamblea Legislativa en los primeros tres meses del año siguiente a la finalización del ejercicio fiscal. Este documento fue entregado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el pasado 19 de marzo de 2024 al Órgano Legislativo y posteriormente fue divulgado por el ministerio.
De acuerdo a la información que se detalla en el capítulo IV de ese informe, la deuda corriente del gobierno, hasta el 31 de diciembre de 2023, asciende a $1,269.3 millones, de los cuales la mayor parte son fondos que no les han pagado a empresas o personas que le dieron un bien o servicio a las instituciones gubernamentales el año pasado.
“Los acreedores monetarios por pagar con $1,008.1 millones, representa el 79.4% de la deuda corriente”, dice en el documento.
Ese monto está constituido principalmente por obligaciones de corto plazo pendientes de realizar por parte de Hacienda.
Por ejemplo, se detalla en el informe que el saldo en bienes y servicios era hasta diciembre de $246.4 millones; en gastos financieros eran $70.3 millones; en transferencias corrientes la suma era de $373.8 millones. Además, en inversiones en activos fijos adeudaba $92.4 millones; en transferencias de capital otorgadas eran $96.8 millones; en transferencias de contribuciones especiales ascendía a $49.1 millones; y en concepto de acreedores monetarios diversos debía $79.3 millones.
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La deuda corriente estatal también incluye el saldo en depósitos a terceros, el cual era de $261.2 millones, que incluyen los fondos recibidos de terceros para responder a compromisos legales, contractuales o impositivos.
Si se compara la deuda que tenía el gobierno con los proveedores en 2022, la del año pasado subió en $170.4 millones, pues el año previo ascendía a $837.7 millones, que representó el 77.8% de la deuda corriente, según los datos de Hacienda en el informe de Gestión Financiera del Estado de 2022.
Proveedores han denunciado impagos
Esa elevada deuda que acarrean instituciones gubernamentales ha afectado, sobre todo, a pequeñas y medianas empresas (pymes) que han entregado su trabajo, pero que han esperado durante meses para recibir sus pagos, incluso han tenido que hacer préstamos para cumplir con las entregas de los bienes y servicios, pero debido a los atrasos en los desembolsos del gobierno su situación financiera se ha visto en aprietos.
Ese panorama se ha visto, por ejemplo, en el área de educación, transporte, así como en algunos subsidios y en muchas alcaldías.
A inicios de año, un grupo de emprendedores denunció en Usulután que el Ministerio de Educación no les había pagado los uniformes que confeccionaron en 2023. Incluso, algunos sastres manifestaron que habían empezado a elaborar el primer uniforme del 2024 y para ello habían tenido que sacar créditos para pagarle a los trabajadores y cubrir otros costos de producción. Tras las denuncias, la institución comenzó a hacer algunos pagos.
Asimismo, gremiales de docentes expresaron su preocupación debido a que Educación debía el 60% de los servicios a los proveedores de uniformes, útiles y zapatos.
David Rodríguez, secretario de organización de Bases Magisteriales, declaró en esa oportunidad a radio YSUCA que los acreedores hasta habían acudido a la Asamblea para pedir ayuda y solventar la falta de pago.
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Pero la crisis financiera no se ha limitado a los centros escolares públicos, sino que se ha extendido al único centro estatal de estudios superiores en el país.
Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) han urgido al gobierno el pago de la deuda presupuestaria que hasta marzo de 2024 ya sumaba $52.6 millones.
Las autoridades de la UES ya se reunieron con el titular de Hacienda, Jerson Posada, para abordar la crisis financiera. Según el rector, Juan Rosa Quintanilla, Hacienda les manifestó que desembolsará $1 millón semanal para saldar parcialmente el total de la deuda.
La UES ha señalado que el impago pone en riesgo el funcionamiento de la universidad estatal, pues la deuda con proveedores asciende a $21 millones hasta la fecha.
De no pagar a los acreedores, la institución ha alertado que corre el riesgo de acciones judiciales, lo que llevaría incluso a sufrir recorte de agua, luz e internet y seguro de vida de los trabajadores. Esta situación agravaría el panorama para los miles de estudiantes universitarios a partir de abril, han alertado.
Otro sector que ha denunciado el impacto de los pagos atrasados del gobierno es el de transporte público. Empresarios del transporte han señalado que el gobierno les debe $28 millones de subsidios al pasaje y que eso les ha afectado para dar mantenimiento a las unidades.
“Realmente es algo que depende también, en parte, de Hacienda, para que se puedan asignar los fondos. Pero nosotros igual, como Viceministerio de Transporte, avanzamos en todo el proceso, son planillas que ya se han presentado también”, declaró recientemente el viceministro Nelson Reyes, durante una entrevista en radio YSKL.
Los transportistas apuntaron que el Gobierno acordó pagarles $250 por microbús y $500 por bus mensualmente, lo cual ha tenido vigencia hasta finales de marzo pasado.
VER: Transporte público en crisis a causa de deuda de $28 millones del gobierno
También distribuidores de gas propano han externado retrasos en el pago del subsidio que les traslada el gobierno para amortiguar las alzas a los consumidores. En febrero del año pasado denunciaron que las transferencias de dinero no se las habían hecho llegar oportunamente a las entidades financieras que les pagaban el subsidio.
“No estamos dando el subsidio; el problema es que el gobierno no ha pagado a los bancos y si nosotros nos ponemos a darlo nos quedamos sin dinero para la inversión”, dijo uno de los distribuidores en aquella oportunidad en declaraciones a radio YSUCA.
Para este año el gobierno aumentó el presupuesto para el subsidio del gas, pues pasó de $85.7 millones en 2023 a $116.3 millones en 2024, es decir $30.6 millones extra en ese rubro. La ley que contempla mantener el subsidio generalizado del gas, el cual se paga a la gaseras, estará vigente hasta el 31 de mayo próximo.
Alcaldías endeudadas sin Fodes
Las municipalidades también han sentido los efectos de la deuda que arrastra el gobierno y eso ha repercutido en proveedores de esas instituciones estatales.
Uno de esos casos ha sido Soyapango, donde la comuna le debía a 30 proveedores al menos $8.2 millones, según se publicó en elsalvador.com en diciembre del año pasado.
VER: 46 alcaldías de Nuevas Ideas aumentaron sus deudas en $215 millones en este periodo
La alcaldía, mediante un acuerdo del concejo, decidió priorizar el pago de salarios de los empleados municipales y congeló el pago de las deudas con todas las empresas y personas naturales que le dieron sus servicios.
Mientras que comunas en otras zonas del país, como la de La Unión, se vieron en serios problemas el año pasado por no tener dinero para pagar por servicios e incluso los salarios de los empleados, debido a que no recibían los desembolsos de Hacienda en concepto del Fodes, el cual fue recortado del 10% al 1.4%.
Es más, los pagos atrasados en alcaldías impactaron en los bolsillos de muchos trabajadores, pues algunos relataron que hasta les cortaron el servicio de energía o internet por no pagar a tiempo y a otros ya no les daban crédito ni en las tiendas.
El impago del Fodes habría provocado que en al menos 46 alcaldías de Nuevas Ideas aumentaran sus deudas en $215 millones en la actual administración, publicó elsalvador.com a finales de febrero de este año.
El saldo de la deuda por préstamos antes de que asumieran era de $625 millones y pasó a $801 millones en 2023, sin tomar en cuenta lo adeudado a proveedores.