El Gobierno de El Salvador ha aumentado la deuda de pensiones en $862.6 millones desde abril de este año. Lo ha hecho en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los instrumentos utilizados para tomar dinero del fondo previsional desde que entró en vigencia la reforma a la ley aprobada por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Esta cifra, que podría no ser el consolidado final de 2023, duplica al promedio de lo tomado en años anteriores, de unos $400 millones.
La deuda del Gobierno con el fondo de pensiones alcanzó, por tanto, los $9,259.41 millones en octubre de 2023, por lo que representa un tercio de toda la deuda pública. El gobierno inició la vigencia de la ley con la emisión de hasta $455.42 en COP en abril, un saldo que se mantuvo igual hasta junio. Sin embargo, entre julio y septiembre, la cuenta ascendió en un ritmo en torno a los $50 millones mensuales, y tuvo una aceleración considerable en octubre (último mes informado por el Banco Central de Reserva) de $249.47 millones.
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En teoría, el gobierno toma de este fondo (del dinero que aportamos todos los cotizantes mes a mes a las AFP) para pagar las pensiones de los antiguos sistemas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), que actualmente se encuentran desfinanciados.
Pero el economista Carlos Argueta opina que no es posible asegurar que todo ese dinero se haya utilizado para tal fin, pues es un incremento que no se condice, siquiera, con los aumentos artificiales de pensiones que se hicieron con la reforma, algunos de hasta el 30 %.
“Es imposible asegurarlo, pues no existe actualmente acceso a la información que nos permita investigar. Incluso los estudios actuariales, los estudios técnicos que indicarían la pertinencia de la reforma, han sido declarados reservados por hasta 7 años ”, comentó Argueta.
En efecto, ya no es posible tener información actualizada respecto al fondo de pensiones, ese dinero construido con los aportes de cada salvadoreño: la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la entidad encargada de supervisar a las AFP, antes publicaba un boletín estadístico mensual con el cual se podía dar seguimiento al tamaño del fondo de pensiones. Pero, desde marzo, no lo hace más.
Según el último dato disponible, el fondo de pensiones tiene un tamaño total de $13,300 millones. Lo que se ha aumentado de la deuda del gobierno con este solo desde abril representa un 6.4 % del total, una cifra importante si se considera que el fondo es de un 40 % de todo el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
“¿A dónde ha ido a dar todo ese dinero? ¿Ha sido realmente para el fin que le indica la ley? Desgraciadamente, ahora es imposible saberlo”, dice Argueta.
Patricio Pineda, especialista en pensiones y representante de la Mesa por una Pensión Digna, ha calculado, por su parte, que el costo actuarial del pago de pensiones este año asciende a $675 millones aproximadamente. Por lo que sospecha, al igual que Argueta, que, contrario a la ley, un porcentaje de los fondos tomados a todos los trabajadores se está usando para otros fines, incluso para gastos corrientes de este gobierno. Pineda cree que el saldo de nueva deuda adquirida solo este año con los ahorros de las pensiones en las AFP llegará a los $1,000 millones.
Para el economista Rafael Lemus, este alto aumento en la deuda seguiría siendo grave aún si el dinero se está destinando para lo que mandata la ley. Anualmente, entre todos los cotizantes de El Salvador se aportan unos $1200 millones. Si el gobierno tomara un promedio de $800 millones, eso se traduciría en que solo 1 de cada 3 dólares podría tener como destino la inversión, que es, en suma, lo que hace crecer las cuentas individuales.
“Desde el gobierno decidieron que le iban a subir un 30 % a las pensiones de personas que ya están jubiladas, que es gente que, para obtener esos beneficios, no ahorró nada… en una decisión política, de un plumazo, se suben los montos de estas pensiones sin tener la intención de que el sistema sea sostenible en el tiempo”, comenta.
Y el que pagará las consecuencias es el trabajador salvadoreño, quien verá aminorada la rentabilidad del ahorro para su retiro.
El tema de la vieja deuda
Antes de que entrara en vigencia la nueva ley de pensiones, el gobierno ya acumulaba una importante deuda con el fondo, en concreto mediante el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que ahora se expresa mediante otros instrumentos, llamados Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
Esta deuda es de $8,396.81, según el último dato publicado en octubre. Y es, precisamente, para este compromiso para el que el gobierno se autorecetó, en complicidad con las AFP, un periodo de gracia, en el que no tendría que aportar ni capital ni intereses por 4 años. Un ahorro en torno a $800 millones anuales, $3200 millones en total.
Un respiro para el Gobierno en detrimento del trabajador, que verá afectado su ahorro porque, durante ese mismo tiempo, no generará ganancias. Algo que, actualmente, no puede comprobar, pues en sus cuentas individuales siempre se ve reflejado el interés aunque actualmente no se esté pagando, según el economista Luis Membreño.
“El problema vendrá con el tiempo, cuando se requiera liquidez para pagar esas futuras pensiones. Puede darse que esas personas exijan su dinero y que no lo vayan a obtener. Es un riesgo que se corre porque el gobierno se está llevando todo el dinero”, apunta.
Sin embargo, según el economista Rafael Lemus, el terrible despertar para el gobierno será en 2027, cuando se acabe el periodo de gracia y deba, de nuevo, apartar fondos para esta deuda. La pregunta obligada es si será capaz de pagarla.
Para Lemus, eso solo será posible en un escenario en el que la economía crezca, lo que, según los últimos indicadores, no es el caso de El Salvador. La otra vía es la de generar capacidad de pago, es decir, que el gobierno sea capaz de recortar el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Lo que tampoco se vislumbra como posible en un gobierno adicto a endeudarse: esta semana solicitó la aprobación de casi $300 millones en títulos valores para terminar de funcionar este año.
“La capacidad de pago la puede generar un gobierno disciplinado, con gastos bien planificados, con controles institucionales sólidos. Lo que refleja esta administración es todo lo contrario”, opina Lemus. En efecto, pareciera que para este gobierno el Presupuesto General de la Nación es solamente un trámite: en 2022, solicitó a su Asamblea Legislativa más de 57 reformas a la ley que lo sostiene.
Una opinión parecida es la que tiene el también economista Luis Membreño, quien llama la atención en el enorme tiempo de desembarazo fiscal con el que contará el presente gobierno en los próximos años, pues al periodo de gracia autorecetado se suma la reestructuración de un importante porcentaje de la deuda de los CETES y LETES, pagaderos a un año, en una de mediano plazo.
Por lo tanto, está en una situación muy ventajosa para tener un periodo de ajuste en el que reducir ese déficit fiscal. Pero Membreño opina que difícilmente se tendrá ese resultado, dado el gusto de este gobierno por gastar. A menos que aparezca el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que sigue en conversaciones.