Después de haber usado la “tarjeta de crédito” para todos sus gastos en 2021, al Gobierno le ha llegado su primer estado de cuenta de 2022: solo en enero tiene que abonar un total de $348.9 millones de Letras del Tesoro o Letes (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes), que prestó el año pasado.
Y a lo largo de 2022, también tendrá vencimientos de deuda de corto plazo que le exigirán tener suficiente liquidez para amortizarlos.
Solo en los tres primeros meses del año el Gobierno debe desembolsar $849 millones para los que necesita dinero inmediato.
En total, los pagos que debe cancelar están por el orden de los $1,317 millones solo en Letes y otros $1,320 millones en Cetes, dinero que el Gobierno prestó en 2021 para completar subsidios, aumentar salarios y otra serie de gastos que no se han transparentado.
Septiembre y octubre serán los meses en los que más tendrá que desembolsar dinero, según han estimado los economistas Álvaro Trigueros y Andrés Oliva, en un gráfico que resume los vencimientos de deuda de cada mes a lo largo de 2022. En esos meses sus amortizaciones corresponden a más de $800 millones en Cetes.
¿Tendrá el gobierno ingresos suficientes para pagar estos préstamos de corto plazo?
Para lograr pagar estas amortizaciones, el Gobierno necesitaría un refinanciamiento o “rollover”, pero ¿quién le prestará ese dinero?
Esa es la gran preocupación de los economistas, que señalan problemas financieros como una degradada situación crediticia a nivel internacional que disminuye sus posibilidades de financiamiento.
En primera instancia sería el Fondo Monetario Internacional quien podría prestarle al menos $1,300 millones para hacer una reestructuración de su deuda.
Moody’s advierte que operaciones con Bitcoin aumentan el riesgo soberano de El Salvador
Pero los avances de negociación con este organismo están más fríos que las mismas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador.
Además, Jaime Reusche, un analista de la agencia calificadora Moody’s advierte que este año habrá un crecimiento más lento de las remesas y la actividad económica, lo que afectará los ingresos del Gobierno.
Su tabla de salvación son los bonos Bitcoin, pero estos aún no se han colocado, pese a que fueron anunciados por Bukele en noviembre. Además, según los economistas, su colocación podría no tener la total aceptación en vista de que el precio de la criptomoneda ha caído en las últimas semanas.
La analista, Siobhan Morden, de la firma estadounidense Amherst Pierpont, asegura que las reservas de divisas de diciembre muestran que todavía hay un colchón de liquidez para comenzar el año con los $400 millones de Derecho Especial de Giro que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado.
Sin embargo, a partir de este mes inicia la “cuenta regresiva” para la amortización de $800 millones de eurobonos que debe liquidar en enero de 2023.
El plan A parece ser la colocación de los bonos, pero para Morden, dado que el gobierno todavía sigue trabajando en un marco legal para emitirlos, es posible que quienes los compren sean inversionistas de una comunidad minorista, lo que le tomaría más tiempo al gobierno para financiarse.
Reusche dijo también que esta emisión solo podría significar un respiro, pero que el }Gobierno siempre tendría que reestructurar esta deuda.
Más represión financiera o pensiones
Pero Morden también señala una opción B para obtener más fondos: o hay una mayor represión financiera para ampliar el margen en el que los bancos pueden comprar más Letes o se llega al extremo de una reforma de pensiones.
El Gobierno incluyó en su presupuesto 2022 una solicitud para incrementar al 30 % la emisión de Letes con base a los ingresos corrientes, pero el 23 de diciembre, al aprobarse el plan de gastos solo se aprobó que se mantenga en 25 %.
Eso significa que el gobierno no puede endeudarse con más Letes hasta por $1,641.7 millones de dólares este año.
La otra opción, la de una reforma de pensiones, sigue en el tintero del Gobierno. Pese a que Bukele dijo que la reforma sería presentada en octubre de 2021, esta se retrasó y la semana pasada el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, volvió a retrasarla más.
Según sus declaraciones no habrá reforma de pensiones en los próximos seis meses, pues este será un periodo en el que seguirán las consultas con diversos sectores involucrados.
Ante ese panorama, Morden señala: “Ignoramos por completo una opción a corto plazo del FMI para las relaciones diplomáticas extremadamente tensas de EE. UU. Esto no descarta un programa racional sin el FMI. Sin embargo, esto requeriría meses de moderación del gasto para afirmar el compromiso con la disciplina fiscal”, señaló.
Pero luego agrega que “Todavía no ha habido un cambio hacia la restricción del gasto ni ningún plan para ejecutar el ajuste fiscal acumulativo recomendado del 4% del PIB”, dejando entrever sus dudas sobre una racionalización del gasto como medida para obtener más ingresos.
Mientras tanto el Gobierno sigue colocando más Letras del Tesoro para financiarse. El viernes pasado, por ejemplo, colocó los primeros $45 millones en Letes, a una tasa de 7.5 % de interés.
El economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, advierte un gran riesgo por el pago de estas amortizaciones, sobre todo porque afirma que las estimaciones de presupuesto que ha hecho el Gobierno no son reales pues han sobreestimado los ingresos y otros gastos de debieron incorporarse no están incluidos, por lo que la brecha presupuestaria se hace cada vez más amplia.
Morden afirma en su análisis que seguirá de cerca el pago de todas estas amortizaciones.