A 12 meses de que la Ley Bitcoin entró en vigencia en El Salvador, la opacidad del gobierno no ha permitido conocer los detalles sobre cómo han sido los procesos para erogar millones de dólares de fondos públicos en su implementación y entidades como el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) han contribuido a mantener esa información en secreto.
A la fecha, no hay datos oficiales de cuáles han sido los beneficios económicos para los salvadoreños con la adopción de este criptoactivo en el país; no hay estadísticas que indiquen que los negocios florecieron por usar la moneda virtual.
Y desde su concepción, la ley no aclaraba a qué se enfrentaba el país con el experimento Bitcoin.
De hecho, la ley, con apenas 16 artículos, es demasiado escueta y no deja claros muchos de los aspectos que, al día de hoy, los salvadoreños continúan sin entender y que generó desinterés en la ciudadanía.
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Es más, fue aprobada solo pocas horas después de que la propuesta llegó a la Asamblea Legislativa, una práctica muy común en los diputados oficialistas que hacen aprobaciones exprés de leyes importantes para los salvadoreños, tal como han señalado diversos expertos.
El economista José Luis Magaña apunta que para entender todo lo que ha pasado y lo que ha significado el Bitcoin en el país en el último año “es importante no perder de vista cómo fue el proceso” de su aprobación.
En este sentido, Magaña hace referencia a la manera en que se hizo pública la intención del gobierno de Nayib Bukele sobre legalizar el criptoactivo: en inglés y en un evento fuera del país, específicamente, en la Bitcoin Conference que se realizó en Miami (EE.UU.) y en la cual estuvo presente el mandatario a través de videollamada.
“Este proceso se hizo de espaldas a la población”, señala el economista, pues hasta ese momento la cantidad de salvadoreños que conocían o habían escuchado sobre la criptomoneda era mínima, y tampoco había indicios previos de que el gobierno planeara implementar ese tipo de política económica sin preparar o consultar a los ciudadanos.
Y en ese escenario de poca discusión también ha intervenido otro factor clave en la implementación del Bitcoin: la falta de transparencia del gobierno.
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El abogado y director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, destaca que la misma brevedad de la Ley Bitcoin podría relacionarse directamente con la nula rendición de cuentas que ha realizado el gobierno, sobre todo porque “fue aprobada de forma atropellada y sin discusión”.
Pero apunta que más allá de lo escueto de esa ley, el punto medular a analizar es la opacidad total en el manejo de los gastos públicos, los cuales se cuentan por cientos de millones de dólares solo en la implementación del criptoactivo.
“A esta fecha desconocemos cómo ha sido el manejo de fondos públicos para la supuesta adquisición de bitcoins. No sabemos a ciencia cierta cuánto ha destinado el gobierno, a la vez que tenemos un despilfarro de fondos por la entrega de bonos en Chivo Wallet, algo que no ha tenido rendición de cuentas”, señala el abogado.
Hasta el momento, y según cálculos que pueden realizarse a partir de los pocos anuncios oficiales y de los tuits de Bukele, el gobierno ya habría gastado más de $480 millones en la implementación del criptoactivo, gasto que incluye unos $120 millones para los bonos de $30 que entregaron mediante la plataforma Chivo Wallet; $107.1 millones en la supuesta compra de hasta 2,381 bitcoins; y un fideicomiso de $150 millones del que no se conocen detalles de cómo se administra.
Sobre ese fideicomiso, el gobierno no ha revelado si el mismo fue utilizado para la compra de bitcoins o si fue usado para entregar los bonos, pues esa información es secreta para la población. Tampoco se sabe cuál es la cifra que ha erogado el gobierno en la contratación de distintas empresas que han trabajado en el desarrollo de Chivo y tampoco el monto por los salarios de los promotores de la billetera estatal.
Bandesal, el brazo ejecutor de esos $150 millones del fideicomiso, puso bajo reserva toda la información relacionada con esos gastos desde el año pasado, cuando la agencia internacional EFE solicitó los datos a la Unidad de Acceso a la Información Pública de dicha entidad estatal.
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En esa ocasión, la institución señaló que “en atención a las disposiciones legales antes citadas, se concluye que la información derivada de la administración del Fidebitcoin por parte de Bandesal, se encuentra sujeta a reserva de conformidad a lo establecido en la Ley de Bandesal”.
Para dicha institución, la información sobre los gastos y procesos de compra de bitcoins solo puede facilitarse “a su titular, a la persona que lo represente legalmente y a la Dirección General de Impuestos Internos (Hacienda) cuando lo requiera en procesos de fiscalización”, de acuerdo a lo que respondió al medio extranjero.
“Información debería ser de oficio”
Tanto Magaña como Escobar coinciden en que el gobierno y, específicamente Bandesal, deberían hacer pública “de oficio” (sin que se la soliciten) la información sobre los gastos en implementar el Bitcoin. Es decir, debería formar parte de la rendición de cuentas que el gobierno está obligado a presentar, apuntan.
“La información debería ser pública de oficio porque se trata del manejo presupuestario. Toda ejecución presupuestaria de las instituciones públicas es información pública”, reitera el economista.
Pese a esa obligación y a que los fondos que han sido utilizados para la implementación del criptoactivo son públicos, el director ejecutivo de Acción Ciudadana considera que hacer públicos esos datos es algo que no ocurrirá debido a los antecedentes antitransparencia del gobierno.
Asimismo, Magaña hace eco de otros aspectos que marcan esa opacidad, como el caso de la empresa Chivo S.A. de C.V., la cual fue creada como “privada”, pero usando fondos públicos por medio de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
De hecho, El Diario de Hoy publicó en mayo de este año que durante el desarrollo de la aplicación se utilizaron las instalaciones del Megacentro de Vacunación, ubicado frente al Hospital El Salvador, sin que se explicara la razón de usar una sede pública para un proyecto de índole privado, pues se ha dicho que la empresa Chivo es “privada”.
Por ello, el economista considera que todo lo relacionado con la empresa Chivo y los gastos relacionados con Bitcoin es como “una telaraña”, debido a lo confuso y la nula información existente.
En este contexto, algo que también suma a esa “telaraña” que señala el experto es el proceso de compras de bitcoins, las cuales han sido anunciadas en varias ocasiones por el mismo Bukele y de las cuales no existen datos claros sobre cómo se realizan, pues lo único que se conoce es lo que el mandatario ha publicado en su cuenta de Twitter donde ha escrito que las realiza él mismo e, incluso, en algunas ocasiones mientras está desnudo o en el baño.
El hecho de que esas erogaciones para compras de Bitcoin no hayan sido incorporadas a la Ley de Presupuesto General del Estado ha causado que abogados consultados por este medio en ocasiones anteriores señalen que hay posibles violaciones a la Constitución y a la misma ley del Presupuesto.
Tampoco se sabe quién tiene el poder y control de esas criptomonedas que se han comprado con fondos públicos y que a la fecha también han significado pérdidas de hasta $58.9 millones para el país, debido al desplome del Bitcoin.
Aún así, y con ciertas contradicciones, el ministro de Hacienda, Alejando Zelaya, ha restado importancia a esas pérdidas.