Más aspectos negativos que beneficios para el país es lo que ha ocasionado el Bitcoin a un año de haber entrado en vigencia como moneda de curso legal, en un proceso que ha sido muy cuestionado por la rapidez con la que se aprobó y también por el fuerte gasto público y la opacidad, aspectos que ya se abordaron en las entregas anteriores.
De acuerdo con economistas consultados por El Diario de Hoy, el tema del gasto de fondos de los salvadoreños es la principal implicación que ha tenido el criptoactivo para la economía del país, esto porque las cifras invertidas para impulsar la implementación son demasiado altas para la situación financiera de El Salvador.
En este punto, un común denominador en la opinión de los expertos en temas económicos es algo llamado costo de oportunidad, lo cual se traduce en destinar dinero para un proyecto mientras que se dejan desatendidos otros mucho más prioritarios.
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El economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, explica que “el costo de oportunidad ha sido bastante alto, pues son recursos que pudieron haberse utilizado en la compra de medicinas, para mejorar escuelas o para comprar alimentos, en un contexto en el que las familias salvadoreñas están en una situación financiera complicada”.
Asimismo, el economista apunta que por ese mismo costo que ha significado la implementación de la criptomoneda, “hay un balance negativo” con respecto a los resultados a un año de la entrada en vigencia de la ley. “Ha sido un expe- rimento de improvisación y opacidad”, apunta Castaneda.
En estos dos puntos también coincide el economista José Luis Magaña, quien añade que esa opacidad es precisamente una consecuencia de haber legalizado el Bitcoin en el país.
Además, Magaña también apunta que otra de las implicaciones que ha generado el tema Bitcoin en el país es que “se ha alimentado la burbuja de la financiación de inmuebles en el país, pues a lo largo del año hemos visto cómo se han anunciado inversiones en bienes raíces vinculadas con el Bitcoin”, señala el economista, quien hace referencia a proyectos de apartamentos u hoteles que algunos criptoempresarios estarían pensando traer al país, lo cual “se cruza con el tema de la financiación de la vivienda en el país”, pues como explica, estos inmuebles se utilizan para especular como si se tratara de un activo financiero convencional.
Las negociaciones con el FMI
Algo que debe abordarse desde el punto de vista de las consecuencias por legalizar el Bitcoin es el tema de las negociaciones que se han estancado entre el gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales podrían culminar en un acuerdo de asistencia financiera de hasta $1,300 millones para el país.
En este sentido, como señala el economista Rafael Lemus, si bien es cierto que ese estancamiento no ha sido un resultado directo del criptoactivo, “la Ley Bitcoin cerró la puerta que estaba medio abierta con el Fondo Monetario Internacional, por lo que hoy estamos sin alternativas financieras convencionales”.
Lo que apunta Lemus se refiere a que, antes de que el gobierno propusiera legalizar la criptomoneda, el presidente Bukele ya había cometido distintas acciones que llevaron a que el FMI se abstuviera de continuar con las conversaciones, por lo que la aprobación de la ley el 9 de junio del año pasado, terminó por enterrar esa posibilidad.
De hecho, poco más de un mes después de que los diputados oficialistas aprobaron la iniciativa de Bukele, el FMI adviritó de forma contundente que esa política significaba un riesgo para la economía del país.
Además, a principios de 2022, en el marco de la conclusión de la consulta al Artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo, el organismo también instó al gobierno a que eliminara la Ley Bitcoin, así como también externó preocupación por el anuncio de la emisión de hasta $1,000 millones en bonos respaldados en el criptoactivo que realizó Bukele hacia finales de 2021.
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Estas observaciones del FMI reflejan que el tema Bitcoin ha sido relevante en el estancamiento de las negociaciones, aunque el economista José Luis Magaña opina que no solo ha influido eso. “El tema Bitcoin ha influido en las negociaciones con el FMI, en parte, porque se están destinando recursos públicos de manera no adecuada, pero también tiene que ver, en general, con el manejo que hace el gobierno de la deuda, sobre todo la de corto plazo, es decir, la colocación de Certificados y Letras del tesoro (CETES, LETES)”, señala.
En ese sentido, la economía salvadoreña, y sobre todo el tema de la deuda, ha mantenido una tendencia muy negativa desde hace más de un año debido a acciones antidemocráticas y la adopción del criptoactivo, algo que se ha reflejado en la calificación crediticia y en el riesgo de impago del país en los últimos meses.
Por ejemplo, el riesgo de que El Salvador caiga en impago en 2023 llegó a superar los 35.1 puntos del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, en inglés), algo que representa la estrecha relación entre el Bitcoin y la falta de un acuerdo con el FMI.