Para Francisca, cada centavo cuenta. Tiene 65 años y en su casa se vive con el ingreso del trabajo de su hijo menor, que todavía reside con ella a pesar de pasar de los 30.
Ella ya no ha podido trabajar por el achaque de las enfermedades, sobre todo una diabetes que ha derivado en una disminución de su vista. Trabajó toda su vida como vendedora informal, por lo que no pudo cotizar para una pensión, como más del 90 % de mujeres salvadoreñas en edad de retiro, pero sí le permitió hacerse de una casa propia, que bendice su vejez.
No recibe ayuda económica de otros familiares. Por ello, para Francisca cada centavo cuenta. Los aproximadamente $8 que recibía mes a mes como parte del subsidio focalizado de gas propano eran una ayuda invaluable para aligerar la carga.
Sin embargo, a principios de junio, cuando iba a comprar un nuevo cilindro en la tienda de la colonia de La Libertad Sur en la que vive, se llevó la sorpresa de que ya no contaba con el beneficio, pues ni los 9 dígitos de su tarjeta solidaria ni los de su número de DUI tuvieron resultado cuando el vendedor los introdujo en su teléfono celular.
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“Se oyen poco $8, pero uno ya lleva contadito su dinero. Que le corten esto a uno de golpe, sin avisarle nada primero para ver qué puede hacer, yo no lo encuentro bueno”, comenta.
Francisca es, por tanto, una entre decenas de personas que, este mes de junio, se han enterado de que ya no cuentan con el subsidio focalizado al gas. Muchos lo denunciaron a través de sus redes sociales.
Francisca intentó buscar más información sobre lo ocurrido, pero no tiene claro adónde puede comunicarse, pues no ha visto información en ningún lado. Recuerda que, la primera vez que obtuvo el beneficio, la institución encargada de emitir su tarjeta fue el Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (CENADE), en el Ministerio de Economía.
Ella no sabía que, desde octubre de 2022, esa institución ya no existe, pues sus funciones han sido absorbidas por la Dirección General de Subsidios (DGS), adscrita al Ministerio de Hacienda (MH). Tras preguntar a sus conocidos, dio con un número de teléfono en el que solicitó información.
Allí le dijeron que era necesario que volviera a dar todos sus datos para que le activaran el beneficio. Ahora está en ese proceso y ha tenido que llevar los mismos documentos que llevó la primera vez, como un recibo de luz eléctrica, que demuestre que su consumo mensual es menor a los 309.99 kilowats por hora. El de ella apenas roza los 100.
Algo parecido ha vivido Blanca, quien vive en el extremo oriente del departamento de San Salvador.
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El 2 de junio se terminó el gas en su casa. Solo tiene un tambo, por lo que solo compra al agotarse el cilindro. Cuando el vendedor introdujo el número de DUI de su esposo, el beneficiario del subsidio, se dio cuenta que ya no lo tienen.
Ella tampoco sabía qué hacer en esta situación, pues dice que desde el Gobierno no se ha realizado ninguna campaña informativa, algo importante para gente como ella.
“Quizá tiene que ver en esto el censo que anduvieron haciendo, pues allí le preguntaron de todo a uno, si tenía microondas, lavadora, carro… me resultó un poquito extraño”, opina Blanca.
Lo cierto es que no tiene certeza de ello. Hasta hace poco pudo contactar con un número de teléfono para que le explicaran la situación. Le dijeron, así como en el caso anterior, que ya había pasado demasiado tiempo recibiendo el beneficio y que, por tanto, debía acercarse a hacer el trámite en el Ministerio de Hacienda e introducir, de nuevo, toda la documentación.
Tras esto, le comentaron que recibirá una visita en su hogar, en la que verificarán si, en efecto, tiene un nivel de vida como para recibir un subsidio. Sus hijos han crecido desde que hizo el trámite por primera vez. Ambos, quienes todavía estudian, también trabajan en empleos de medio tiempo, con salarios menores al mínimo.
El peso mayor de su casa, por tanto, lo lleva su esposo, quien labora en una fábrica. En toda una década no ha recibido importantes aumentos de sueldo. Blanca calcula que ha sido en torno al 30 % lo que sus ingresos han aumentado en todo ese tiempo.
Según la metodología que se utiliza en El Salvador, que calcula el costo de la vida como la multiplicación de la canasta básica por dos, este pasó de $352.74 en abril de 2014 a $510.42 en el mismo mes de 2024, un incremento del 45 %.
El salario del esposo de Blanca, como el de millones de salvadoreños, no ha crecido al mismo ritmo.
“Yo solo espero que no me vayan a decir que, como mis hijos ya están grandes y trabajan, pues que nos van a quitar el subsidio. Ese dinero siempre nos va a hacer falta. Estoy de acuerdo que se haga una revisión para aquel que no lo necesita, pero que se lo dejen a quien sí”, comenta Blanca.
Dos subsidios y las posibles exigencias del FMI
En El Salvador hay dos subsidios al gas propano: uno de ellos se entrega directamente a las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) que comercializan el producto. Para este, en 2023, el Ministerio de Hacienda erogó $120.2 millones. El segundo es el subsidio focalizado, que se entrega mediante la tarjeta solidaria o el DUI.
Los beneficiarios del subsidio focalizado oscilan entre 1.1 millones y 1.2 millones de hogares y pequeños negocios, según las cifras que las autoridades han manejado durante los últimos años.
El Gobierno de El Salvador mantiene, desde 2021, una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamos de $1,300 millones.
Además de revisar la Ley Bitcoin y aumentar la transparencia, la entidad le exigirá a la administración de Nayib Bukele un ajuste fiscal, es decir, que aumente ingresos y disminuya gastos. En lo primero, está sobre la mesa la subida del IVA. En lo segundo, la eliminación de subsidios, como los dos que se entregan para el gas propano.