Francia se prepara para una serie de huelgas y protestas de gran amplitud, que buscan frenar el proyecto gubernamental de reforma de las pensiones y que tiene el rechazo frontal de los sindicatos, los partidos de izquierda y la ultraderecha.
Los sindicatos han convocado una gran jornada de huelgas y manifestaciones para el próximo jueves, que irá seguida de más paros sectoriales en semanas posteriores, mientras el Gobierno ha lanzado una campaña de información y entrevistas para tratar de convencer a la opinión pública.
De momento, el jueves pararán en el sector público los funcionarios; los ferrocarriles nacionales; los transportes de la región de París; la educación (incluyendo universidades), la Policía y el personal penitenciario, y en el privado detendrán su actividad la energía y los tripulantes de cabina en la aviación comercial, además de otros sectores económicos menores.
“El debate en la Asamblea Nacional se hará en función de la movilización y de las huelgas”, advirtió ayer el secretario general del sindicato CGT, Philippe Martinez.
“La batalla se juega en primer lugar en las empresas y en la calle”, insistió el líder sindical en una entrevista en la televisión estatal France 3.
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Meta: paralizar el país
El objetivo de los sindicatos es paralizar el país como en la serie de grandes huelgas de 1995 contra el plan del primer ministro Alain Juppé (con la presidencia del conservador Jacques Chirac) para reformar las pensiones, incluyendo los regímenes especiales de las empresas del sector público.
Entonces se perdieron cinco millones de días de trabajo, cuatro millones en el sector público y uno en el privado. El 12 de diciembre de ese año se manifestaron dos millones de personas en todo el país, según los sindicatos (un millón según la policía), y solo tres días después el Gobierno retiró su proyecto.
Ahora, “podemos hacerlo aún mejor” que entonces, avanzó de forma optimista Philippe Martinez en declaraciones el pasado viernes.
El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, advirtió ayer de que “las organizaciones sindicales están legitimadas a convocar huelgas y manifestaciones, pero no a bloquear el país.
Los principales puntos del plan del Gobierno son elevar de 62 a 64 años para 2030 la edad mínima de jubilación y adelantar a 2027 el aumento de de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de una jubilación completa (hasta ahora previsto para 2035).
Dussopt, en una entrevista en una emisora pública France Inter, recordó que la reforma tiene en cuenta a quienes comenzaron a trabajar antes de los 20 años. Por ejemplo, quienes iniciaron su carrera laboral a los 18 años podrán jubilarse a los 60 con su pensión completa: “No trabajarán más que quienes empezaron más tarde”.