El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, le confirmó al medio estadounidense Bloomberg que archivaron un proyecto de venta de bonos por un valor de $500 millones, que serían emitidos por el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).
A finales de noviembre se hizo público, por parte de la empresa Oppenheimer & Co., que, en colaboración con Banco Atlántida, S. A., prepararon un documento muy extenso para que FOVIAL pudiera emitir hasta $500 millones en bonos, en Europa, con los objetivos de “pagar deudas existentes y obtener fondos para inversiones futuras”. La institución estaba analizando la demanda de los bonos, que vencerían en 7 años y tendrían un rendimiento alrededor del 14.5 %.
Según Bloomberg, el gobierno no autorizó la transacción porque “las condiciones propuestas por el corredor (incluídos los rendimientos de dos dígitos) no eran convenientes para el país”. S&P Global publicó, en un comunicado del 4 de diciembre, que los bonos de FOVIAL tenían una calificación de B-, seis niveles abajo del grado de inversión.
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Para Napoleón Campos, especialista salvadoreño en Relaciones Internacionales, esta es una muestra de la desconfianza que los inversores tienen en el Gobierno local, resultado del ambiente de “inseguridad jurídica” imperante en el país. El mismo ha sido generado por las violaciones a la Constitución que han hecho posible la candidatura de Nayib Bukele a un segundo periodo en la Presidencia de la República.
“Los inversionistas lo que están diciendo al Estado salvadoreño es ‘puede ser que FOVIAL cuente con una estructura atractiva, pero no confiamos en usted. Por eso, para prestarle, pedimos rendimientos arriba del 14 %’. Esos ya son rendimientos basura”, comentó Campos.
Napoleón Campos, experto en Relaciones Internacionales
La situación del Gobierno de El Salvador para obtener financiamiento internacional es complicada si se compara con otros países de la región. Allí está el caso de Costa Rica, que acaba de colocar deuda internacional a un periodo de 31 años (cuatro veces más que los bonos de FOVIAL) y una tasa de interés del 7.75 %, casi la mitad de la exigida a los pagarés de la institución salvadoreña.
“La oferta de Costa Rica tuvo tantos interesados que la demanda llegó a superar los $5,000 millones. Un escenario muy diferente al de El Salvador, como de la noche al día”, ilustra Campos.
Un escenario complicado
Para el economista salvadoreño Luis Membreño, otra de las razones de este desistimiento de colocar los bonos podría ser que no existió la demanda suficiente. En el documento que presentó Oppenheimer & Co. a potenciales inversionistas, se expresa que la deuda que tiene el gobierno salvadoreño con FOVIAL pasó de $85.8 millones en diciembre de 2020 a $187.4 millones a septiembre de 2023. Esto es la suma de las Letras del Tesoro (Letes) adquiridos por la entidad y los préstamos directos que ha realizado a la administración de Bukele.
“Los números denotan que quien le debe a FOVIAL es el Gobierno. Los inversionistas pudieron pensar que, para solucionar su situación, el FOVIAL no necesita inversión, sino que el gobierno le pague”, comenta Membreño.
Por otro lado, en la oferta misma se podía inferir que los fondos que no iban para pago de deuda no tenían como destino una inversión concreta, como la construcción de un puente o de una calle, sino el gasto corriente de la institución. “Y para eso está el flujo constante de los impuestos a los combustibles”, señala el economista.
Membreño apunta a otra situación, que se podría traducir como una violación a la ley. Según las normas locales, todos los impuestos deben ingresar primero en el Ministerio de Hacienda para, luego, trasladarse a la entidad que los ejecutará. Y el FOVIAL pretendía que los impuestos a los combustibles pasaran directamente desde las empresas gasolineras a una cuenta en el Bank of New York Mellon, en Estados Unidos.
Eso es porque esa institución bancaria se convertiría en el fideicomisario que manejaría cuatro cuentas. En la primera, la recolectora, se depositarían todos los ingresos de FOVIAL; la segunda se utilizaría para pagar a todos los acreedores que comprarían los títulos emitidos por FOVIAL; en la tercera cuenta se tendría un fondo de reserva para servir la deuda equivalente a 4 meses de intereses y 4 pagos trimestrales de capital; y el dinero restante (después de hacer todos los pagos antes mencionados) se depositaría en la cuenta para gastos de capital (CAPEX), es decir, para las inversiones de FOVIAL.
“Que desde esa estructura misma se violara la ley fue un indicador poderoso de inseguridad jurídica para los inversores”, explica Membreño.
Por otro lado, una tasa del 14.5 % resultaba inviable para la institución porque una parte de los $500 millones se usaría para el pago de deuda, concretamente $142.9 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), $23.5 millones al Banco Hipotecario y $108.95 millones de una titularización (FTRTFOV04), a una serie de inversionistas nacionales. Todos estos compromisos tienen una tasa de interés menor al 9 %, por lo que adquirir deuda con una tasa mayor para pagarlos no tendría sentido.