El gobierno no ha abonado ni un centavo a la nueva deuda de pensiones que tiene con los trabajadores, la cual, sumada a la que tenía previo a la reforma de pensiones, llega casi a los $9,000 millones, según datos oficiales.
En el primer trimestre de este año, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió $455.42 millones en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), pero hasta junio pasado el saldo se mantiene exactamente igual, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR) al 30 de junio de 2023.
Los COP son los actuales instrumentos con los cuales el gobierno ha emitido nueva deuda para pagar las pensiones del sistema antiguo del ISSS e Inpep (hoy ISP) y que sustituyeron a los Certificados de Inversión Previsional (CIP), tras la derogación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) que existió desde 2006.
La Asamblea Legislativa oficialista eliminó el FOP en diciembre de 2022 como parte de la reforma de pensiones, cuyo mecanismo sirvió a los gobiernos anteriores para tomar prestados ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones. Al derogarlo, la deuda acumulada mediante los CIP se debía canjear por los nuevos Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), lo cual se hizo en abril de este año, pero en condiciones diferentes a las acordadas originalmente y ocasionó que la actual administración cayera en impago.
$455.42 millones
Esa fue la emisión de certificados de obligaciones previsionales (COP) en el primer trimestre de este año, pero hasta junio el saldo se mantenía igual, Según datos del BCR.
El gobierno ofreció tres opciones de pago, una de ellas y que fue la elegida por las AFP era aumentar la tasa de interés al 7% a cambio de extender el vencimiento de la deuda a 50 años y dar un período de gracia de cuatro años sin pagar intereses a los trabajadores que ya le prestaron el dinero al Ejecutivo para cancelar las pensiones.
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Y pese a que la administración de Nayib Bukele argumentó que tras la reforma de pensiones no se tocarían más los ahorros de los trabajadores porque la nueva ley lo prohibía, lo cierto es que a través de los COP se continúa tomando fondos prestados de los ahorros de los cotizantes en las AFP, ya que son las administradoras de esos fondos las que han adquirido los nuevos certificados.
Deuda en aumento
Según los datos del BCR, hasta junio eran $8,397.33 millones en deuda por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) que fueron canjeados en abril. A ese saldo se sumaron los $455.4 millones de la nueva cuenta con los COP.
Eso implicaría que hasta medio año el gobierno ya le debía a los trabajadores $8,852.75 millones, sin que se refleje ningún pago; es más, las cuentas oficiales donde deberían aparecer los abonos están en “cero”.
852,900 cotizantes
es la población cotizante en las dos AFPS que operan en el país, según datos de la SSF hasta abril de 2023.
La economista Tatiana Marroquín comentó que “los saldos de la deuda de pensiones no han cambiado en los últimos meses, es decir, no se ha abonado nada. Y coincide con que el dinero que estaba programado en el presupuesto para abonar a esa deuda ha sido reorientado, porque no lo están ejecutando ahí, sino que lo han movido dentro de Hacienda, creo que a Fopromid”, indicó.
En el presupuesto 2023 se destinó una partida de $570 millones para el pago de pensiones, pero ha tenido reducciones.
¿Dónde están los ahorros de los trabajadores?
El último informe público que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tiene sobre pensiones en su página oficial es con datos hasta abril de este año, en el cual se indica que los fondos de pensiones invertidos en instituciones públicas ascendía a $10,426.6 millones, lo que representa el 78.2% de los ahorros de los trabajadores en las AFP, mientras que en fondos de inversión apenas eran $198.4 millones, es decir el 1.5%.
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Según la SSF, el dinero que tenían acumulado los cotizantes hasta abril, es decir de todas las cuentas individuales, suma los $14,724.6 millones y el patrimonio asciende a $13,477.0 millones.
Hasta el cuarto mes de este año la institución registraba 852,900 cotizantes, mayor en 51,349 personas respecto a abril 2022, equivalente a un crecimiento interanual de 6.4%.
La recaudación mensual de las cotizaciones fue de $113.6 millones, mayor en 19.7% interanualmente y menor en -0.8% respecto a marzo de 2023. Se desconocen los datos de mayo, junio y julio, pues la SSF no ha hecho pública esa información.
Pero tanto los datos del BCR, hasta junio, como los de la Superintendencia, hasta abril de este año, muestran que el gobierno ya acumula una elevada deuda con los trabajadores.
$8,397.33 millones
es el canje de deuda de pensiones que hizo el Gobierno en abril en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
Organización confirma alta deuda
También la información que maneja la Mesa de trabajo por una Pensión Digna, la cual monitorea constantemente lo que sucede con los fondos de los trabajadores, indica que las cifras de las instituciones de gobierno son correctas.
Patricio Pineda, representante y fundador de la entidad, explicó que ellos habían hecho cálculos que la deuda del gobierno con los cotizantes se ha elevado más.
“Nosotros hemos presentado un estudio actuarial desde enero (2023) con la cifra de más de $9 mil millones en deuda total y los datos del BCR cuadran con el estudio de la Mesa y con los de la Superintendencia del Sistema Financiero, porque quiere decir que (a la fecha) ya subió incluso más”, afirmó Pineda.
El representante de la entidad agregó que “lamentablemente se va cumpliendo lo que hemos advertido; no quisiéramos que pasara pero es el reflejo de la insostenibilidad del sistema provocado por esa insistente metedera de mano que tienen los políticos que han visto en el sistema su caja chica”.
Y señaló que con fondos del sistema de pensiones “se han financiado cosas que no tienen nada de beneficio para el fondo previsional, mucho menos una rentabilidad lo más digna en favor de los cotizantes”.
También el abogado y exintegrante del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones, Enrique Anaya, señaló recientemente que el gobierno, desde 2006 e independientemente del partido político en el poder, “ha metido mano en los ahorros de los trabajadores”.
“Aunque ya sabíamos que era una gran mentira, en diciembre de 2022, el presidente dijo que el gobierno ya no metería mano en los ahorros previsionales de los trabajadores… sin embargo, ha sido el propio Banco Central de Reserva (BCR) el que ha desmentido semejantes falsedades”, escribió en un artículo de opinión en El Diario de Hoy, el pasado 11 de junio.
Y destacó que el endeudamiento del gobierno con los trabajadores va a una gran velocidad, pues antes de la reforma de pensiones el gobierno tomaba prestado alrededor de $400 millones al año, pero tras la reforma en los primeros tres meses del año ya habían tomado más de $455 millones.