El equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analizó el acuerdo con El Salvador concluyó, según sus proyecciones, que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará alrededor del 2027 como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde enero de 2023.
La CGS es el fondo con el que se pagan las jubilaciones cuando se agotan los saldos de las cuentas individuales de los pensionados. Todo trabajador aporta el 6% de su salario a alimentar dicha cuenta mediante su cotización.
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Según el equipo del FMI, al aumentar la generosidad de las pensiones, la reforma puso los beneficios de las pensiones privadas, en promedio, por encima de los ahorros acumulados en las cuentas individuales, por lo que estas comenzaron a agotarse más rápidamente.
La reforma planteó un aumento del 30% a todas las pensiones, sin que para ello mediara ningún otro tipo de modificación, como garantizar una mayor rentabilidad en las inversiones.
“Como resultado, las AFP ya han comenzado a recurrir a la CGS para pagar las pensiones y el stock de activos en la CGS comenzó a disminuir en 2023. Según las proyecciones del staff, los activos de la CGS se agotarían alrededor de 2027”, dice el informe relacionado con el acuerdo con El Salvador publicado por la multilateral este lunes.
El economista Otto Rodríguez afirma que, ante este escenario, solo hay dos caminos. El primero es que, ante un fondo ya vacío, el Estado debe aportar los recursos necesarios.
Según el FMI, la suma requerida sería equivalente al 0.5% del PIB al año. Sin embargo, esa no parece ser una opción para un Gobierno que se ha comprometido a un ajuste fiscal equivalente al 3.5% del PIB en tres años.
La otra opción apuntada por Rodríguez es que se dejen de pagar algunas pensiones o hacer otro tipo de recortes.
Para el economista, es posible que la situación se agrave este año, debido a la supresión de plazas en el sector público y al hecho de que al sector privado le está costando generar empleos formales. Algunos negocios, incluso, están cerrando. Todo esto se traducirá en menores aportes a la Cuenta de Garantía Solidaria, lo que puede provocar que se agote aún más rápido que lo proyectado por el FMI.
Por eso es que la multilateral apunta a que será necesaria una reforma de pensiones, en la que se incluyan medidas para captar una mayor cantidad de fondos para la CGS, entre las que pueden estar aumentar la edad de jubilación o los años cotizados. Según Rodríguez, lo más probable es que el aumento sea entre tres y cinco años.
El FMI ha solicitado una propuesta de una reforma de pensiones, que debe presentar en febrero de 2026. En esto también se podría plantear un techo de los recursos que el Gobierno puede tomar del Fondo de Pensiones, para evitar riesgos.
La necesidad de un estudio actuarial
Para establecer esos parámetros con rigor científico, el FMI ha encargado al gobierno que se realice un estudio actuarial independiente, en el que se establezca con total certeza cuándo se agotarán los fondos con el escenario actual y qué hay que hacer para que ello no pase. Estos estudios se hacen con proyecciones de varias décadas en el futuro.
Ese estudio actuarial fue algo que el Gobierno se negó a publicar antes y después de aprobada la reforma de pensiones, para la que dijo que había realizado decenas de estudios, de los que no hay constancia que existan y tampoco los han hecho públicos.
Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, ha pedido públicamente a la Administración Bukele la publicación de dichos estudios en múltiples ocasiones. Hoy el gobierno tendrá que hacerlo obligado por un ente que le desembolsará dinero a cambio de que cumplan con compromisos como este.
"El FMI está poniendo al Gobierno en su lugar: el de los irresponsables", dice Pineda.
“Va a quedar en evidencia que todo aquello que se les recomendaba y omitieron era necesario, pues ahora lo van a tener que hacer. También va a quedar en evidencia que esa reforma fue un parche, pues se va a tener que volver a reformar el sistema, ahora en sus aspectos fundamentales”, apunta Rodríguez.
Para el economista, también se va a tener que abrir más la parte de la inversión del Fondo de Pensiones, para dejar de concentrarla en instrumentos públicos, la fórmula actual que ha garantizado una bajísima rentabilidad.