La reforma de pensiones le quitó a las AFP la responsabilidad de contratar, con el monto de su comisión, un seguro para cubrir las pensiones de Invalidez y Sobrevivencia. Esta decisión podría desfinanciar el Fondo de Pensiones con velocidad, sobre todo la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que entraría en déficit en 2026.
Con la anterior ley, en el caso de que un trabajador quedara incapacitado para seguir laborando, el seguro pagado por las AFP cubría su pensión de invalidez hasta que el cotizante tuviera la edad de retiro. Así, hasta entonces, no se tocaba el dinero de su cuenta individual. Lo mismo ocurría cuando un cotizante fallecía, pues cubría la pensión de sobrevivencia de sus beneficiarios hasta la fecha en la que la persona habría cumplido la edad de jubilación.
La reforma le retiró la obligatoriedad a las AFP de contratar un seguro, pero no se la asignó a ninguna otra entidad. Y todo indica que el Estado tampoco se está haciendo cargo.
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Con la actual ley, el pago de las pensiones por invalidez y sobrevivencia y otras devoluciones es financiado por medio de la cuenta individual de ahorro de cada cotizante y, al agotarse, se financia con la Cuenta de Garantía Solidaria.
Por otro lado, según el artículo 120 de la misma ley, el sistema contará con la garantía de pago del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y, en caso de resultar insuficiente, el Estado será el último garante.
"La siniestralidad del seguro será asumida por el Fondo de Garantía Solidaria", dijo el ministro de Hacienda de ese entonces, Alejandro Zelaya, cuando llegó a presentar la iniciativa a la Asamblea Legislativa, en noviembre de 2022.
Zelaya, actual director por El Salvador ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) afirmó, en una entrevista televisiva posterior, que la medida de quitarle la responsabilidad de pagar el seguro a las AFP se tomó "para golpear el negocio" de estas empresas, para que "no hagan negocios con empresas subsidiarias o con las que están relacionadas, comprando a estas los seguros".
¿Quién se hace cargo?
Pero el Estado no está pagando este seguro actualmente. En ninguna legislación relacionada con la reforma se establece qué institución pública gestionará los fondos de la CGS con los que se pagarían esas primas. No se trata de un monto menor: en 2022, entre ambas AFP destinaron $82.27 millones para los seguros.
La investigadora Sara Hércules señala que, por ejemplo, el ISP no podría ser el encargado, pues este no tiene facultades para la gestión de fondos, como sí la poseen las AFP. Y, al menos en 2023, el ISP no tuvo destinada una partida presupuestaria para este fin.
El Diario de Hoy solicitó a ambas AFP su postura sobre el asunto, a través de sus equipos de Comunicaciones, al igual que se preguntó al ISP y al Ministerio de Hacienda, pero no respondieron.
Que desde el Estado no se están destinando fondos para los seguros también lo apoya un estudio publicado por la agencia evaluadora de riesgo Fitch Ratings, en el que establece que la reforma constituye una verdadera crisis para el sector de seguros.
"Fitch estima que, tras la eliminación de la obligatoriedad de la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia, la industria experimentará una reducción en las primas asociadas a dicho seguro en el transcurso de los próximos años, con mayor impacto en 2023, año en que se estima una caída de casi 90% en las primas del ramo previsional. Esto supondría una reducción de aproximadamente 6% en la producción total de primas de la industria, contrario al crecimiento proyectado por Fitch previo a la reforma de 8%", indicó la agencia.
Para la investigadora Sara Hércules, que esto se haya retirado de la ley deja, de golpe, en la indefensión a todos los cotizantes.
"Para acceder a una pensión, uno debe cumplir con algunos requisitos. El objetivo (de este tipo de seguros) es atender a los escenarios en los cuales no se puede seguir cotizando. El seguro es una protección para la persona que cotiza", comenta Hércules.
La insuficiencia de la CGS
Para Hércules y Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, en el sistema de pensiones de El Salvador hay una especie de expectativa que nunca se puede cumplir: pensar que está basado en el ahorro individual.
Esto es porque, debido a sus falencias, está hecho para que todas las pensiones lleguen a depender de un sistema de reparto, que en el caso de El Salvador está representado por la Cuenta de Garantía Solidaria, creada en la reforma de 2017, a la que cada trabajador en activo aporta el 6 % de su salario.
Si un trabajador se jubila cumpliendo todos los requisitos (años de trabajo cotizados, por ejemplo), debido a la baja rentabilidad que procura el sistema de pensiones, su cuenta individual solo le servirá para cubrir en torno a 12 años, por lo que luego pasará a depender de la CGS.
Esta tampoco tiene una esperanza de vida demasiado alta, como lo demuestra el "Informe sobre la valuación actuarial del Sistema de Ahorro para Pensiones con proyecciones a partir de enero de 2019", de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que concluye que la Cuenta de Garantía Solidaria comenzaría a presentar un déficit (gastos mayores a los ingresos) a partir de 2026, cuando harían falta $42.08 millones para cubrir lo necesario.
Debido a que la reforma de pensiones estableció un incremento al aporte para la CGS de solo un punto porcentual, dejándolo en 6 % del sueldo, esto es insuficiente incluso para el aumento general de las jubilaciones, que fue del 30 %. A esto se suma el peso de las pensiones por invalidez y sobrevivencia que ya no son cubiertas por el seguro y que ya no alcanzan a pagar las cuentas individuales de los cotizantes.
"Es brutal para la CGS, porque no ha habido una fuente externa que alimente ese aumento ni las otras obligaciones que ahora se le cargan. Creo que el déficit comenzará antes de lo esperado y tendrán que hacer otra reforma, posiblemente destinada a aumentar la edad de jubilación", concluye Patricio Pineda.
