Las finanzas públicas del país siguen en una situación delicada pese a que, hace algunas semanas, el gobierno logró evitar un escenario de impago al completar el pago del Eurobono con vencimiento en enero. El panorama para El Salvador es problemático por distintos problemas estructurales señalados anteriormente por economistas, agencias calificadoras y, ahora, por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El pasado viernes, el organismo multilateral publicó las declaraciones y conclusiones a las que llegó el equipo de expertos que visitó al país entre el 30 de enero y 8 de febrero, como parte de lo que establece el artículo IV de su Convenio Constitutivo, bajo el cual mantiene conversaciones bilaterales con sus miembros todos los años.
La última vez que el Fondo visitó el país con estas intenciones fue en noviembre de 2021, y si se analiza las observaciones y medidas que recomendó la entidad en esa fecha, no hay mucha diferencia con las actuales.
La economista Tatiana Marroquín considera que, desde entonces, “no ha habido avances, pues el FMI insiste en los mismos puntos que en 2021”, y añade que “no parece que la opinión del Fondo muestre mejoras con respecto a aspectos que necesitaba mejorar el país en la anterior revisión”.
Lee también: FMI: Deuda pública de El Salvador está en “una senda insostenible”
¿Pero cuáles son esos puntos en común? Una de las conclusiones más contundentes a las que llegó la misión fue que el endeudamiento que acumula el país se encuentra “en una senda insostenible”, algo que viene dado por la fuerte cantidad de préstamos, sobre todo a nivel interno, a los que ha tenido que ha tenido que recurrir el Ejecutivo para financiarse.
Lo anterior pese a que la proporción de la deuda pública total bajó a 77% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), debido al crecimiento que tuvo la economía el año pasado, algo que el FMI ve positivo.
Otro punto que se mantiene es la advertencia sobre la implementación del Bitcoin, algo que, en el informe más reciente, el FMI apunta que debe abordarse y transparentarse (ver nota aparte).
Asimismo, el ordenamiento de las finanzas públicas y un ajuste fiscal (para reducir la diferencia entre lo que gasta e ingresa el gobierno) es otro de los problemas estructurales a los que el país se enfrenta y que ya había subrayado por el Fondo en el informe de 2021.
Dentro de ese gasto, el organismo hace hincapié en la gran proporción que destina el gobierno solo para el pago de salarios, los cuales en 2023 podrían colocarse hasta en un 11% del PIB nacional.
Además, el tema de reducción del gasto público en subsidios, como el del gas propano (el cual recomienda eliminar o focalizarlo de mejor manera), y aumentar la transparencia y rendición de cuentas, también han sido parte de las recomendaciones que ha hecho el FMI al país tanto en el análisis de 2021 como en el más reciente, lo que refleja que ha habido pocos avances en esos aspectos,
Un ejemplo de ello, como apunta el también economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), es que, debido a la opacidad, el Fondo no tuvo acceso a la información sobre transacciones relacionadas con Bitcoin.
Se agregan más problemas
Más allá de los puntos que se mantienen igual, el economista Rafael Lemus apunta que, de hecho, han agregado áreas que preocupan al Fondo en el nuevo análisis, esto porque en la coyuntura económica ha entrado en juego el tema de la reforma a las pensiones.
Además: El FMI pide a El Salvador que aborde "los riesgos del bitcóin"
Puntualmente, el FMI señala que “el aumento del 30% a las pensiones acelerará las disminuciones de fondos de las cuentas individuales, probablemente, se traducirá en mayores pasivos del gobierno a mediano plazo”.
Esto, explica Lemus, significa que en algunos años las cuentas individuales de los jubilados necesitarán echar mano de los ahorros de los actuales cotizantes, esto para poder seguir recibiendo la pensión mensual, con lo que la Cuenta de Garantía Solidaria necesitará del apoyo financiero del gobierno y, con esto, más deuda.
Esta situación no podría ser solventada en el largo plazo, ni siquiera, con la emisión de los títulos valores a través de los Certificados de Obligación Previsional, con los cuales el gobierno podría acceder a deuda ilimitada para poder financiar el pago de las pensiones.
Este tipo de deuda, que es interna, se sumaría a la situación ya crítica que el gobierno enfrenta en torno a este tipo de endeudamiento a través de los Certificados y Letras del Tesoro (Cetes, Letes), un punto que desemboca en otro de los nuevos problemas que enfrentan las finanzas del país.
En este punto, y debido a ese uso desmedido de la colocación de títulos valores, los cuales son adquiridos por los bancos privados del país, el sistema bancario ha presentado una disminución en las reservas de liquidez, lo cual, de continuar así, podría afectar el acceso a créditos para las empresas y usuarios salvadoreños.
Según Lemus, los bancos han optado por prestarle dinero al gobierno como una forma de evitar posibles efectos en caso de que el país caiga en impago, por lo que el economista considera que el sistema “se ha contaminado del desorden financiero” que mantiene el gobierno actual.
Aspecto positivo
Dentro de todo, algo positivo que sí menciona el FMI es que, desde el informe de 2021 a la fecha, el Ejecutivo sí ha podido reducir el déficit fiscal (es decir que ha disminuido la brecha entre gastos e ingresos), aunque esto es algo que no se ha superado del todo, y que es considerado por Castaneda como una conclusión “políticamente correcta” para hacerle contrapeso a todo lo negativo que han observado los expertos del FMI.
No obstante, Lemus apunta que de no solucionarse los puntos que aborda el organismo, el país se enfrentaría a un escenario base en el que se materializarían todos los riesgos que señala el multilateral, por lo que es necesario implementar ajuste fiscal a la brevedad.
