A una semana para que concluya marzo se viene la primera prueba de fuego para el gobierno de Nayib Bukele con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues debe enfrentarse a la primera revisión que le hará el organismo, como parte del acuerdo que sellaron por un crédito de $1,400 millones.
Tras admitir ante el Fondo que el país enfrenta una crisis fiscal y exponer que el préstamo que han solicitado es para afrontar la necesidad de dinero que tiene el gobierno para cumplir los compromisos financieros, la administración debe cumplir una serie de compromisos pactados para este mes.
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"Este financiamiento ayudará a respaldar nuestras necesidades de financiamiento fiscal, así como a fortalecer nuestras reservas en el banco central", indicaron el ministro de Hacienda, Jerson Posada, y el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, en una carta a la Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a su oficina en Washington, el pasado 11 de febrero 2025.
VER: FMI publica el informe sobre finanzas que el gobierno le prohibió revelar en 2023
La solicitud específica que plantearon es un acuerdo extendido en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por un período de 40 meses por un monto de DEG 1.033,92 millones (equivalente a alrededor de $1,400 millones, o el 360% de la cuota de El Salvador en el FMI). Los DEG o Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional que tienen los países socios en el FMI.
En esa misiva, a la que adjuntaron un extenso listado de compromisos, detallaron un cronograma de la información que irán entregando al FMI, como parte del acuerdo.
Según ese calendario, para finales de marzo las autoridades deben publicar información fiscal integral de las empresas de propiedad estatal, es decir todas aquellas instituciones autónomas. Esto implica hacer pública información detallada sobre las finanzas de esas entidades.
"También publicaremos informes que incluyen estimaciones de las actividades cuasifiscales, así como la política de propiedad, el gobierno corporativo, las expectativas de desempeño, la neutralidad competitiva, la gestión financiera y de riesgos, la transparencia y los estándares de rendición de cuentas de las EPE, entre otros (referencia estructural a fines de marzo de 2025)", dice en el documento.
Otro de los importantes compromisos que debe cumplir es publicar en un sitio web gubernamental los nombres y nacionalidades de los beneficiarios de todos los contratos públicos, junto con la información respectiva de los contratos.
"Para finales de marzo de 2025, comenzaremos a publicar regularmente, en un sitio web gubernamental, los nombres y nacionalidades de los beneficiarios finales de todas las personas jurídicas adjudicatarias de contratos públicos, junto con la información respectiva de los contratos", indica el acuerdo.
Adicionalmente, las autoridades deben emitir a finales de este mes las regulaciones que limiten las excepciones que permitan la compra de bienes y servicios sin procesos competitivos "con una definición precisa de la exención por "proyecto estratégico" y los requisitos de reporte cuando se utiliza la exención", se establece en el documento.
Bitcoin y Chivo Wallet
El gobierno también debe enviar este mes al personal del FMI una declaración firmada que liste e identifique todas las direcciones públicas de billeteras (frías y calientes) y las cantidades correspondientes de Bitcoin propiedad o bajo el control del sector público. Este requerimiento está enfocado en la transparencia de las tenencias de Bitcoin del gobierno.
Asimismo, deberá adoptar y publicar un nuevo plan de negocios para detener el uso de fondos públicos por parte de Chivo, lo cual se debe finalizar en julio de 2025, así como terminar la participación pública en Chivo.
