Un grupo de ocho organizaciones internacionales (relacionadas con la lucha anticorrupción, el acceso a la información pública y el respeto a los Derechos Humanos) enviaron el 11 de diciembre una misiva a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en la que le solicitan que le pida al director ejecutivo por Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, en el marco de las negociaciones que El Salvador tiene con dicha institución por la erogación de un préstamo de $1,300 millones, se exija el cumplimiento por parte del Gobierno local de varios requisitos relacionados con la lucha contra la corrupción y el respeto a los Derechos Humanos antes de una votación sobre dicho crédito.
La carta lleva copia a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. En concreto, son siete puntos. El primero de ellos es poner fin al Régimen de Excepción, que la semana pasada fue prorrogado por vigésimo primera ocasión, y que, con ello, se “restauren los derechos constitucionales y el Estado de Derecho”. Los siguiente cinco están relacionados con que se investigue a funcionarios públicos de la actual administración que han cometido actos de corrupción, así como que se mejore el acceso a la información pública (se pide que se refuerce la autonomía del Instituto de Acceso a la Información Pública), sobre todo en lo relacionado a los contratos gubernamentales.
El séptimo solicita que se exija la derogación de la ley que impone al Bitcoin como moneda de curso legal y que el FMI realice una “auditoría completa” sobre las transacciones gubernamentales con este criptoactivo. También que se transparente cuál es la situación financiera de Chivo Wallet, de la que el periodismo ya ha revelado numerosos hechos cuestionables.
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Las organizaciones advierten a la funcionaria que no exigir estos requisitos “socavaría la estrategia de la Administración Biden para abordar las causas de raíz de la migración en América Central”.
Édgar Gutiérrez, excanciller de Guatemala, es una de las personas con más prestigio en la región para hablar sobre relaciones internacionales. A él le pertenece el mérito de la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a su país, pues fue quien propuso y negoció con la ONU el primer diseño de esta entidad, que llevó ante los tribunales a personajes poderosos.
El experto señala que hay precedentes en el que organizaciones no gubernamentales internacionales han enviado este tipo de misivas para realizar esta “condicionalidad cruzada”, es decir, que la erogación de fondos esté precedida por el cumplimiento de ciertos requisitos, más allá de indicadores macroeconómicos o de equilibrio fiscal.
Sin embargo, casi nunca reciben una respuesta directa desde los organismos multilaterales o, en este caso, desde los funcionarios públicos. Sin embargo, matiza Gutiérrez, sí hay precedentes en el que tales solicitudes son tomadas en cuenta en los acuerdos finales.
“Ha pasado en América Latina. En África ha ocurrido muchas más veces. Pero se da cuando dos factores operan: que exista baja legitimidad interna y alto aislamiento internacional. Que, según veo, no es el caso de El Salvador y Nayib Bukele”, comenta.
Pero ve al último de los puntos exigidos por las organizaciones, el relativo al Bitcoin, como el más interesante y en el que es más probable que el FMI ponga la lupa, como ya lo ha venido anunciando desde que el país aprobó la polémica ley.
“Bukele tiene un gran baluarte, que es el apoyo popular. Pero su gran talón de Aquiles es el Bitcoin”, dice Gutiérrez, que señala a su alta volatilidad y al alto riesgo de ser usado para operaciones de lavado de dinero (no deja huella como sí ocurre en el sistema financiero tradicional) como los principales factores para generar preocupación en el Fondo Monetario Internacional.
“Es un riesgo comprometer la macroeconomía del país a un activo de especulación como este… El Salvador nunca ha caído en default. Pero ha levantado alarmas por su alto endeudamiento… la apuesta por el Bitcoin es un juego que podría salir muy mal”
Édgar Gutiérrez, excanciller guatemalteco
El respeto a los Derechos Humanos para obtener fondos
Según Gutiérrez, nunca se ha declarado de manera explícita que organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fijen al respeto a los Derechos Humanos y al Estado de Derecho como un requisito para erogar fondos.
Sin embargo, comenta, sí son aspectos que se ponderan de manera importante, incluso para definir el riesgo país de una nación. El de El Salvador es el tercero más alto de Latinoamérica.
“El mundo financiero, incluso la colocación de bonos, sube o baja también dependiendo de esas categorías”, señala Gutiérrez.