Gobierno cumple a medias exigencias del FMI relacionadas con compras públicas

El Gobierno de El Salvador ha cumplido a medias las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la transparencia en las compras públicas que debían estar listas al finalizar marzo.

El país debe cumplirlas para poder recibir un segundo desembolso programado para el 5 de mayo.

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La primera exigencia es la referida a emitir una normativa que limite las excepciones que permiten las compras de bienes y servicios sin procesos competitivos, con una definición precisa de la exención de "proyecto estratégico" y los requisitos de información cuando se utilice la exención.

Desde que Nuevas Ideas cuenta con una abrumadora mayoría en la Asamblea Legislativa (mayo de 2021) se han aprobado más de una veintena de leyes distintas para adquisiciones públicas, la mayoría de las cuales están dirigidas a eximir de las exigencias de la laxa Ley de Compras Públicas a instituciones o a procesos específicos. Ninguna de estas ha sido modificada hasta ahora.

Según Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, lo único que se ha hecho en este sentido es la emisión del "Lineamiento para la Gestión de Proyectos Estratégicos de Utilidad Pública" por parte de la Dirección de Compras Públicas (DINAC).

Dicho documento aporta la siguiente definición de "proyecto estratégico de utilidad pública": "Aquellos planes, proyecto de única inversión, obras de gran impacto o alcance, de carácter temporal, con recursos determinados, que tienen por finalidad implementar programas para obtener mejoras en la productividad de la materia o ramo al cual pertenece la institución responsable del proyecto; a fin de lograr beneficios a corto, mediano o largo plazo, en los intereses sociales, educativos, económicos o ambientales de un grupo social en específico".

Se trata de una definición bastante vaga, apunta. Ese documento de la DINAC indica que la institución que proponga un proyecto para darle esta categoría debe elaborar un expediente detallado que luego debe ser presentado al Consejo de Ministros, que tomará la decisión final sobre el asunto.

Para López, lo anterior es insuficiente, porque no tiene rango de ley, sino que es un lineamiento emitido por una entidad dependiente del Ejecutivo. Además, estos procesos no contarán con la transparencia suficiente, pues únicamente se establece que la resolución que determine la existencia de un proceso estratégico será pública, no así el expediente.

"Lo que estamos viendo es el cumplimiento en la formalidad, pero no en la real trasparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción que asegure que los recursos que vamos a pagar los salvadoreños se usen de manera limpia y eficiente", opina López.

Tampoco han sido modificadas las leyes especiales que eximen a una institución o a un proceso específico de cumplir con la Ley de Compras Públicas. Allí está el caso de los contratos suscritos por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) o el del Gobierno con Google, los cuales son secretos.

La otra exigencia del Fondo es que la administración de Nayib Bukele debía publicar en un sitio web los nombres y nacionalidades de los beneficiarios finales de todas las empresas a las que se adjudiquen contratos públicos, junto con la información de los contratos respectivos.

El sitio de COMPRASAL, al que se accede previo registro de un correo electrónico y el DUI, sí incluye ahora la información de un beneficiario final. Sin embargo, lo referido a la nacionalidad está limitado, pues solo se enlista si la persona es salvadoreña o extranjera.

Además de eso, no es posible descargar ningún expediente. Solo se puede ver la información relativa a siete columnas: código del proceso, el nombre de este, la institución contratante, la fecha de adjudicación, la empresa ganadora, el beneficiario final y el mondo adjudicado.

"El de la transparencia en las compras públicas es uno de los aspectos en los que hay más riesgo de incumplimiento… no es creíble que este gobierno vaya a meterle reversa a todos esos cambios con los que desmontó la institucionalidad de las compras públicas por un acuerdo con el Fondo", comenta el economista Rafael Lemus.

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