Como parte del acuerdo con el gobierno de El Salvador, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló este miércoles el informe sobre las finanzas salvadoreñas que no pudo publicar en 2023, porque no tuvo la autorización de la administración de Nayib Bukele para hacerlo en aquel momento.
La consulta del Artículo IV con El Salvador, como se le conoce al análisis que hace el Fondo a los países socios, advirtió sobre vulnerabilidades crecientes, una perspectiva económica frágil y la necesidad urgente de un plan integral para abordar los desequilibrios macroeconómicos y la insostenibilidad de la deuda pública.
En 2023 fue la primera vez que el gobierno negó la autorización al FMI para publicar el informe que un equipo técnico realizó tras analizar las finanzas salvadoreñas.
VER: Gobierno prohíbe al FMI publicar el informe de las finanzas de El Salvador
"Las autoridades no han dado su consentimiento para la publicación del informe del personal y el comunicado de prensa relacionado", decía el comunicado que emitió el organismo en ese entonces y que lo mantuvo colgado en su sitio web hasta este miércoles que publicó el contenido de ese documento.
El personal técnico del Fondo tenía preparado su informe desde el 20 de marzo de 2023, tras las conversaciones que tuvo con autoridades salvadoreñas el 9 de febrero de ese año sobre la evolución y las políticas económicas del país.
En ese análisis, el FMI señaló que a pesar del crecimiento del 2.8% en 2022, las reservas internacionales disminuyeron a menos de 2 meses de importaciones y, si bien el déficit fiscal se redujo al 2.5 % del (Producto Interno Bruto (PIB) debido a opciones de financiamiento limitadas, se esperaba que la política fiscal se expandiera en 2023.
También indicó que la inflación anual se elevó al 7.25%, impulsada principalmente por los altos precios mundiales de los alimentos, aunque la inflación de los precios del combustible se moderó mediante grandes subsidios.
En aquel momento, el FMI concluyó nuevamente que la deuda pública seguía en una "trayectoria insostenible".
Para 2023, el Fondo esperaba que la economía creciera un 2.4 % (creció 3.5%), debido a que la perspectiva era frágil ante los desequilibrios macroeconómicos y un entorno internacional menos favorable.
En este contexto, el Directorio Ejecutivo del FMI instó a las autoridades salvadoreñas a adoptar un plan integral y creíble para poner la deuda pública en una senda firmemente descendente y fortalecer la estabilidad macroeconómica y financiera, junto con reformas estructurales para respaldar un crecimiento más fuerte e inclusivo.
Los directores del FMI destacaron la necesidad urgente de un plan ambicioso de consolidación fiscal, basado en una mayor movilización de ingresos y eficiencia del gasto, incluyendo una mejor focalización de los subsidios energéticos y los programas de seguridad social, así como la optimización de la masa salarial.
También enfatizaron la importancia de restaurar la Ley de Responsabilidad Fiscal para mejorar la transparencia y credibilidad de la política fiscal y de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones para limitar las responsabilidades contingentes.
En cuanto al sector financiero, el FMI indicó que el sistema bancario se mantenía saludable, pero advirtió sobre la creciente exposición al gobierno y la erosión de los colchones de liquidez, es decir de las reservas de fondos que deben tener la banca en el Banco Central de Reserva (BCR).
En ese sentido, recomendaron aumentar los requisitos de reserva de los bancos, promulgar rápidamente el Proyecto de Ley de Estabilidad Financiera, cerrar las brechas regulatorias y continuar implementando las recomendaciones de la Evaluación de Salvaguardias de 2020.
El riesgo del Bitcoin
Un punto central de la discusión en ese momento fue la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. El Directorio Ejecutivo del FMI subrayó la importancia de reducir el alcance de la Ley Bitcoin y eliminar su estatus de moneda de curso legal. Si bien reconocieron que Bitcoin ha tenido un impacto mínimo en la inclusión financiera, señalaron que persisten altos riesgos para la integridad y estabilidad financieras, la sostenibilidad fiscal y la protección del consumidor.
Por ello, instaron desde aquella fecha a que las transacciones de Bitcoin se divulgaran de manera transparente, junto con los estados financieros de las empresas públicas que operan en el ecosistema Bitcoin. También pidieron a las autoridades evaluaran cuidadosamente las implicaciones de la nueva legislación sobre criptoactivos y evitaran una mayor exposición del gobierno al Bitcoin.
Finalmente, el FMI enfatizó la importancia de las reformas estructurales para fortalecer la gobernanza, el clima de inversión y la productividad. Eso incluía esfuerzos continuos para fortalecer la transparencia fiscal, la contratación pública, una legislación contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, así como la independencia del sistema judicial.
También destacaron la necesidad de mejorar el capital humano, la infraestructura y la resiliencia climática, así como continuar mejorando el marco estadístico.
En resumen, todo lo que el Fondo le advirtió al gobierno en su informe de 2023 es lo que finalmente admitió la administración Bukele que apretaba las finanzas salvadoreñas y es lo que llevó a aceptar las condiciones del organismo para que le facilitara financiamiento por $1,400 millones, cuyo acuerdo fue oficializado el pasado 26 de febrero de 2025.
*Esta nota se elaboró con asistencia de herramientas de IA