Transparencia, pensiones y Bitcoin: los acuerdos con el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este lunes el acuerdo con El Salvador. El gobierno queda comprometido a cumplir las condiciones pactadas. El programa será objeto de seguimiento semestral, aunque las dos revisiones iniciales se realizarán trimestralmente para fortalecer la implementación al comienzo. "Es necesario completar las acciones previas en todas las áreas clave del programa antes de que el Directorio lo considere", añade.

Los compromisos a cumplir

El Salvador deberá cumplir con una serie de obligaciones a rajatabla para recibir los diferentes desembolsos de fondos desde el FMI. El listado es amplio. Para el economista Rafael Lemus, hay al menos tres tipos de compromisos aparte de los obvios relacionados con el ajuste fiscal, que deberán reducir gastos y aumentar ingresos.

El primero, comenta, es el de cumplir con puntos relacionados con la institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas previas a las reformas llevadas a cabo por la Asamblea Legislativa de mayoría de Nuevas Ideas, que asumió en mayo de 2021.

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Sus diputados han aprobado nuevas leyes que brindan menos acceso a información pública que antes, sobre todo en los relacionado a adquisiciones. Por ejemplo, se derogó la anterior Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para aprobar una Ley de Compras Públicas que, para ilustrar, deja fuera de su jurisdicción las compras relacionadas a "proyectos estratégicos" así definidos por el Consejo de Ministros en Casa Presidencial.

Por otro lado, se han creado más de una decena de leyes de compras públicas para instituciones específicas que aumentan la discrecionalidad en el gasto.

En ese sentido, como medida específica, el FMI ha solicitado que se publiquen, en un sitio web gubernamental, los nombres y nacionalidades de los beneficiarios efectivos de todas las personas jurídicas a las que se adjudiquen contratos públicos. A eso se debe sumar la información de los respectivos contratos.

Por otro lado, El Salvador debe promulgar una normativa que limite las excepciones que permiten la adquisición de bienes y servicios sin procesos competitivos, con una definición precisa de "proyecto estratégico", además de los requisitos de información cuando se utilice la exención.

Este es uno de los compromisos que más pronto deberá cumplir el gobierno, pues la fecha para hacerlo es a finales de marzo, cuando se hará la primera revisión.

"Es como si se hubieran propuesto reconstruir toda la institucionalidad que este Gobierno se dedicó a destruir durante varios años", comentó Lemus.

Otra parte de los acuerdos tiene que ver con el Sistema de Pensiones. Como ya lo expuso El Diario de Hoy anteriormente, desde la reforma de diciembre de 2022, el Gobierno prestó recursos al Fondo de Pensiones equivalentes al 80% de todas las cotizaciones de los trabajadores entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024. Eso, según especialistas, pone en duda la sostenibilidad del sistema.

"No es un ritmo sostenible. Una gran cantidad de los recursos que se van aportando se están destinando al pago de los jubilados que están ya en proceso", comentó para El Diario de Hoy Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía de FUNDE.

Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, ha exigido en múltiples ocasiones que el Gobierno publique un análisis actuarial del sistema tras la reforma, es decir, una evaluación con proyecciones de décadas adelante en el tiempo de cómo se comportará el fondo, lo que comprueba si es sostenible en el tiempo o llegará un momento en el que se quedará sin recursos.

Precisamente eso es lo que le ha pedido el FMI al Gobierno que publiqué a más tardar en julio de 2025, cuando se haga la segunda revisión trimestral.

Pero no terminará allí: conscientes de las condiciones actuales del sistema, el equipo del FMI también ha establecido que se presente una propuesta de reforma al Sistema de Pensiones en febrero de 2026, que tendrá como objetivo garantizar su sostenibilidad. El Gobierno deberá incorporar, sí o sí, las recomendaciones del FMI en esta reforma. No se descarta, por ejemplo, el aumento en la edad de jubilación o de los años cotizados.

El tercer paquete de exigencias tiene que ver con el Bitcoin, sobre todo con la transparencia de esta apuesta. Por ejemplo, el Gobierno deberá revelar todos los detalles relacionados con la billetera fría publicada por Nayib Bukele en marzo de 2024, es decir, revelar qué persona e institución la controla y detalles de cómo se han efectuado las compras.

Además, deberá revelar los detalles de las auditorías de liquidación del Fideicomiso Bitcoin (Fidebitcoin) y de la billetera estatal Chivo Wallet, de la que el Gobierno deberá desprenderse.

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