El gobierno de Nayib Bukele, que le ha apostado con millones de dólares de fondos públicos a implementar el Bitcoin en el país, deberá poner límites al proyecto desde el oficialismo, si quiere finalmente sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el próximo año.
El FMI informó el miércoles que había alcanzado un acuerdo técnico con el gobierno de El Salvador para un programa financiero por $1,400 millones, conocido como SAF (Servicio Ampliado del Fondo), el cual durará 40 meses para apoyar las reformas económicas del gobierno y ordenar las finanzas públicas.
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Pero la firma del acuerdo está sujeto a que la administración Bukele cumpla varios compromisos que adquirió con el equipo técnico del Fondo, ya que está previsto que el Directorio del FMI considere este programa para su aprobación a principios de febrero 2025, una vez que se hayan implementado las acciones acordadas previamente, afirmó el organismo.
VER: Los tres pilares clave que debe cumplir el gobierno en acuerdo con el FMI
Y una de esas condiciones es que el gobierno ponga límites a su participación en las operaciones de Bitcoin y que reduzca su participación en la Chivo Wallet, así como eliminar de la ley la obligatoriedad para que los negocios tengan que aceptar pagos en Bitcoin o incluso el pago de impuestos en ese criptoactivo.
Todo ello implicaría que el oficialismo tendrá que desmontar las bases de su proyecto insignia con la criptomoneda en el país, la cual tiene estatus de moneda de curso legal desde septiembre de 2021.
"En línea con las políticas del FMI, los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin disminuirán significativamente. Reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria", plantea el FMI en su comunicado oficial.
También afirma que "para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarán delimitadas".
De igual forma señala que "los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente".
Por último, el Fondo establece que "para salvaguardar la estabilidad e integridad financiera, y la protección de los consumidores e inversionistas, se mejorará la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales".
Chivo Wallet sería vendida
Por su parte, la directora de la Oficina de Bitcoin, Stacy Herbert (nombrada por Bukele), publicó en la cuenta oficial de la entidad en X que "la billetera Chivo se venderá o se descontinuará, pero las numerosas billeteras de bitcoin del sector privado seguirán prestando servicios a El Salvador".
Y pese a la claridad de los acuerdos con el FMI, la funcionaria aseguró que las compras diarias de Bitcoin van a seguir y difundió imágenes de las transacciones que han hecho en los últimos días y las que incluso realizaron este jueves, un día después del anuncio del organismo.
"El Salvador seguirá comprando bitcoin (posiblemente a un ritmo acelerado) para su Reserva Estratégica de Bitcoin", afirmó y mencionó que la criptomoneda "sigue siendo de curso legal".
Agregó que "los mercados de capital de Bitcoin seguirán construyéndose; por ejemplo, la reciente emisión tokenizada de bonos del Tesoro de EE. UU. en Liquid a través de @NexBridgeSV y mucho más se anunciará pronto con respecto a los mercados de capital en Bitcoin".
También indicó que la Oficina de Bitcoin "continuará desarrollando políticas y hojas de ruta de Bitcoin, atrayendo inversores y creando programas educativos, incluidos los nuevos libros de trabajo de Bitcoin y dinero para pequeños HODLers de segundo y tercer grado para enero de 2025".
Herbert, quien es esposa de Max Keiser, el bitcoiner que también asesora a Bukele en asuntos de Bitcoin, reafirmó en otro mensaje posterior que "El Salvador sigue apilando bitcoin en su Reserva Estratégica de Bitcoin. Y esto es sólo el principio. Tenemos mucho reservado para 2025".
En la gráfica que compartió la funcionaria se observa que la supuesta reserva de Bitcoin de El Salvador es de 5,968.7 unidades de la criptomoneda, lo cual asciende a más $600 millones al valor actual.
Bukele también ha externado que, ante el alza de precio récord que ha tenido el Bitcoin en las últimas semanas, el país ha obtenido "ganancias" de más $300 millones en la reserva del criptoactivo, de cuyos fondos no se tiene claridad en qué se usan o de qué partida salen.
La piedra de tropiezo con el FMI
Uno de los principales tropiezos que tuvo el proceso de negociación con el FMI fue la aprobación de la Ley Bitcoin, la cual le dio estatus de moneda de curso legal a la criptomoneda de alta volatilidad. Esto generó preocupación al organismo multilateral por los riesgos que podía contraer al sistema financiero salvadoreño, cuya moneda oficial también era el dólar.
Fueron varias y constantes las advertencias que emitió el FMI sobre ese punto de la ley y hasta recomendó eliminar la normativa y dejar que su uso fuera voluntario para la población, como ya sucedía en zonas del país como en la playa El Zonte, en La Libertad, al igual que en otros países, incluso en Estados Unidos que usan el Bitcoin solo quienes tienen interés.
Pero ante los llamados que hacía el organismo, la respuesta desde el oficialismo era contraria. Incluso, en enero de 2022, Bukele se burló, mediante un meme de los Simpsons, sobre la exigencia del FMI de solicitar la derogación de la Ley Bitcoin en el marco de un acuerdo.
VER: El Salvador logra acuerdo técnico con el FMI, tras más de tres años de negociaciones
Pero, contrario a lo que planeó el gobierno, la ciudadanía salvadoreña no mostró gran entusiasmo por usar el Bitcoin en su vida diaria, excepto cuando dieron el bono de $30 por descargar la Chivo Wallet. Fuera de ese impulso a cambio de dinero, la utilización de la criptomoneda no permeó, pues el 92% de la población expresó que no lo usa para hacer transacciones comerciales, según una encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia (UFG) este año.
Y precisamente ese poco uso que ha tenido en el país hizo que el FMI diera un giro y ya no pidiera eliminar la Ley Bitcoin, pero sí establecer que el uso de la criptomoneda sea voluntario y que haya limitantes para el gobierno.
Ante ello, economistas como Rafael Lemus opinaron que con el acuerdo del FMI "Bukele claudica ante el FMI y matará el proyecto Bitcoin en El Salvador", pues renunciará a que sea moneda de curso legal y de uso voluntario para los privados, así como limitar los riesgos con fondos públicos.
La economista Tatiana Marroquín también consideró que lo que ha pedido el Fondo en ese acuerdo confirma lo que organizaciones nacionales e internacionales señalaron de la Ley Bitcoin como los artículos más riesgosos. "Son en los que el Fondo Monetario coincide y ha logrado que el gobierno retroceda en cuanto a que sea voluntario recibir Bitcoin y controlar las inversiones y el gasto en Bitcoin que tiene el Estado", opinó.
Marroquín destaca que es positivo que el acuerdo hará profundizar en la transparencia y manejo de fondos, además de que poco a poco el Estado deje de involucrarse en Bitcoin. "De haber sido el gobierno más democrático y tener más apertura a las visiones criticas, nos podríamos haber evitado costo en dinero y también llegar a tener que sentarse con el Fondo y tener que hacer otros ajustes que involucran despidos y reducción de salarios que van a impactar a la población", dijo la especialista.