La agencia de calificación Fitch Ratings aseguró que es posible que los planes del gobierno de El Salvador para su presupuesto 2025 se enfrenten a riesgos de ejecución, sobre todo en lo referente al descontento popular, a cuyas señales el primer mandatario Nayib Bukele “permanecerá alerta”.
"Creemos que estas ambiciosas medidas se enfrentan a riesgos de ejecución. La aplastante reelección del presidente Nayib Bukele en febrero significa que es probable que las medidas de gasto se apliquen en su totalidad sin oposición significativa del Congreso u otras instituciones públicas. Sin embargo, aunque ha insistido en la necesidad de realizar difíciles ajustes económicos en su segundo mandato, creemos que el presidente se mantendrá alerta a las señales de descontento popular", escribió la entidad.
Esto es porque el ajuste fiscal (lograr mayores ingresos que gastos) previsto se basa en despidos, en una congelación general de los salarios del sector público y la eliminación de puestos vacantes. Estos recortes se han hecho, sobre todo, en instituciones de vocación social, como Educación y Salud.
Que se eliminen puestos de trabajo traerá terribles consecuencias. Las primeras, más obvias, son las personales de aquellos que pierden su empleo. La segunda, es que los niveles de pobreza aumentarán automáticamente.
Para el economista Otto Rodríguez, que tanta gente pierda su empleo también se traducirá en un enfriamiento de la economía. Y que tanta gente se quede sin trabajo puede desembocar en un descontento general de la población. Rodríguez indica que el Gobierno debe "hacer bien las tareas".
Y la más inmediata es mejorar las condiciones para hacer al país más atractivo a la Inversión Extranjera Directa (IED), pues, si el Estado ya no generará empleos, estos deben ser suplidos por el privado. Y la economía local no es capaz de hacerlo en el volumen necesario.
Para el economista, esta inversión extranjera debe ser del sector industrial, pues es el más indicado para generar puestos de trabajo. Aparte, los productos que se crean son de alta transabilidad, es decir, que se pueden exportar con facilidad. Así, se atraen divisas del exterior.
Esto contrasta con las políticas implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele, que pareciera darle prioridad solo a dos sectores: el tecnológico y la construcción.
"El sector tecnológico, por su propia naturaleza, no te genera muchos empleos. Una empresa de este tipo está bien con emplear a 10 personas. Y los bienes que genera la construcción no son transables", comenta Rodríguez.
“Estos ahorros compensarían con creces el aumento previsto de los gastos de intereses, debido a las restricciones de financiación y a los elevados costes de los empréstitos, además de unos gastos de capital ligeramente superiores. Mientras tanto, el Gobierno prevé un aumento significativo de los ingresos mediante la mejora de la administración fiscal, la lucha contra la evasión y la ampliación de la base impositiva”, escribió Fitch.
El truco del anuncio
Para la entidad, el anuncio del Gobierno de El Salvador de un presupuesto en el que prescindirá de deuda para gasto público muestra un compromiso con la consolidación de sus cuentas, aunque “queda por ver si contribuirá a obtener financiación externa adicional de los sectores privado u oficial”.
Por otro lado, Fitch prevé una caída del déficit presupuestario de las Administraciones Públicas hasta el 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 desde el 3.9% en 2024.
“Esto incluye nuestra estimación del déficit de las pensiones que ya no figura en los datos oficiales, y ya tiene en cuenta la reducción del gasto debida a la liquidación de los pagos relacionados con las pensiones”, dijo la entidad.
Para Fitch, la propuesta reduce los riesgos para su previsión de base de que el porcentaje que ocupa la deuda de las Administraciones Públicas con respecto al PIB se estabilice en torno al 85% en los próximos años. Sin embargo, las débiles perspectivas de crecimiento (a pesar de la reciente mejora de la seguridad) y los elevados costes de endeudamiento siguen pesando sobre la trayectoria de la deuda.
Sin embargo, el entusiasmo de la agencia se base en una media verdad. Para economistas consultados, las afirmaciones de que no se usará deuda para gasto corriente en el presupuesto del otro año tienen truco, pues están fundadas en un crecimiento en los ingresos del Estado para 2025 del 11.6% con respecto a los proyectados para 2024. Para el año en curso, la previsión es contar con $7,579 millones en ingresos entre los corrientes, capital y contribuciones especiales. Para 2025 esperan que sean de $8,460.2 millones.
Según el economista Rafael Lemus, es muy probable que el Estado no consiga recaudar lo que se ha estimado, sobre todo si se toman en cuenta las palabras del ministro de Hacienda, que expresó que estas previsiones se fundan en un mayor crecimiento económico, gracias al turismo, la construcción y las remesas.
"Tanto a la construcción y a las remesas no les ha estado yendo bien este año. Creo que uno puede intuir que la base sobre la que se están proyectando no es la más sólida", apunta Lemus.
En efecto: el Banco Mundial anunció esta semana que rebajó su previsión de crecimiento para El Salvador en 2024 a 2.9%. La última había sido del 3.2%. Y el panorama será todavía más complicado en 2025, cuando la estimación para el alza del Producto Interno Bruto (PIB) es todavía menor, del 2.7 %.
¿Puede una economía que solo se expandirá en ese porcentaje proveer al Estado de ingresos 11% más grandes? Es complicado.
El acuerdo con el FMI y la compra de bonos
Según la entidad, un programa del FMI aumentaría la liquidez exterior y reduciría los costes de endeudamiento.
Fitch también se refirió a que, este mes, el Gobierno anunció otro programa voluntario de recompra de deuda tras el descenso de los rendimientos, que implicaba una oferta pública de adquisición de todos los bonos soberanos externos en circulación, excepto dos. Posteriormente acordó recomprar $940 millones de bonos con vencimiento entre 2027 y 2052.
Según remarca la entidad, la oferta de compra no detalla la financiación de la operación, pero las noticias sugieren que se está estudiando un posible canje de deuda por naturaleza, es decir, que los acuerdos tengan que ver con que parte de los fondos se paguen con el compromiso de destinar recursos a proyectos ambientales.
Al igual que con programas similares ejecutados en 2022 y 2023, este programa de recompra voluntaria de deuda no implica un canje de deuda en dificultades (DDE) según los criterios de Fitch.
La calificación CCC+ dada por Fitch a El Salvador, según la entidad, se ve limitada por una deuda pública elevada, un historial reciente de impago tras un canje de deuda interna relacionada con las pensiones en 2023, que Fitch consideró un canje de deuda en dificultades (DDE), déficits fiscales persistentes y una capacidad de financiación limitada.