En cuatro meses que llevan de vigencia las medidas económicas que anunció el presidente Nayib Bukele en marzo pasado, el Estado salvadoreño ha dejado de percibir la suma de hasta $246 millones solo en la fijación de precios de los combustibles, los cuales se traducen en una suma de hasta $2.2 millones, según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
En ese sentido, Zelaya, quien brindó un informe sobre los resultados de estas medidas, también señaló que solo en la suspensión de aranceles de importación a algunos productos de la canasta básica, los impuestos que han dejado de ingresar a las cuentas estatales equivalen a unos $12 millones.
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En este punto, el funcionario también afirmó que el fondo de estabilización de precios del gas propano le ha costado al país unos $80 millones.
Zelaya reconoció que con estas medidas y la cantidad de dinero que deja de ingresar a las arcas del Estado "hay una afectación", pero afirmó que esta sería mayor en caso de que no se hubieran implementado las medidas.
Asimismo, afirmó que este costo se ha compensado con el aumento que ha tenido la recaudación tributaria en lo que va del año, pues hasta el 30 de junio ya se habían recaudado unos $585 millones adicionales en impuestos con respecto al mismo período del año pasado.
Según Zelaya, esa recaudación equivale a un 17% más de lo que el gobierno había proyectado para el vigente ejercicio fiscal.
¿Medidas son sostenibles?
En un contexto en el que las finanzas públicas están en una situación delicada, y que además el riesgo de que el país caiga en impago es cada vez más posible, según los indicadores de los mercados internacionales, el costo de este tipo de medidas antiinflacionarias podrían tener efectos significativos a nivel financiero.
Según dijo recientemente el coordinador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, estas medidas podrían mantenerse siempre y cuando el costo de implementarlas no sea demasiado "oneroso", sin embargo, aclara que el gobierno "podría replantearse" la situación si el índice de inflación aumenta todavía más.
En ese sentido, el economista añade que con una inflación más fuerte (que llegó a 7.8% en junio), sería más difícil que el gobierno pueda absorber los subsidios a impuestos como el de los combustibles, "pues mantener esos precios a un nivel siempre bajo, costaría muchísimo más".
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Además, añade que esa compensación que actualmente recibe el gobierno por medio de los ingresos tributarios podrían caer en los próximos meses, esto como parte de la desaceleración en el ritmo de crecimiento económico que experimentará el país y que el Banco Central de Reserva (BCR) ya confirmó recientemente cuando redujo las proyecciones de crecimiento a 2.6% desde el 3.2% que calculó en marzo.
Esa disminución en la recaudación de impuestos, de hecho, ya comenzó a observarse según datos que compartió el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, quien señaló que junio fue el peor mes en ingresos tributarios de lo que va del año, de acuerdo con datos de Hacienda.
Castaneda, además, agregó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el que más disminuyó, algo que podría estar vinculado a la alta inflación que enfrenta el país.
La semana pasada, la directora de asuntos técnicos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Yesenia Salas, señaló que absorber estas medidas "dispara el gasto del gobierno y pone presión sobre las finanzas públicas", a la vez que agregó que "en momentos complicados vemos con alivio que la economía salvadoreña siga creciendo, pero es necesario aplicar políticas expansivas, las cuales demandan mucha responsabilidad fiscal y de unas finanzas públicas sanas".