Un préstamo de $200 millones que fue aprobado recientemente por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa, cuyo destino inicial era para reponer los gastos por la implementación del subsidio a los combustibles desde marzo pasado, ahora será utilizado por el gobierno para intentar recomprar parte de los bonos de 2023 y 2025, en su intento por evitar un impago.
Dichos fondos serán desembolsados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en el contrato de préstamo se establecía que vendría a “reembolsar las erogaciones que el gobierno ha hecho” entorno a la fijación de precios de los combustibles, sin embargo, no se utilizará para esos fines.
La administración Bukele no ha informado qué pasará con los fondos que sí tuvieron que redirigirse para esas medidas económicas y que al final no se repondrán con este préstamo, pues en marzo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se limitó a explicar que el Ejecutivo tendría que reducir su gasto corriente en áreas como alquileres, gastos de energía eléctrica o en los gastos del día a día de algunas instituciones, pero sin especificar cuáles.
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Asimismo, en esa ocasión el ministro afirmó que el gobierno tenía “capacidad total” para suspender los impuestos gravados en los combustibles, incluido el IVA. Sin embargo, en el contrato de préstamo con el BCIE se justifica y se reconoce que con la implementación de esas medidas ha habido un “sacrificio fiscal”, algo que señaló en su momento la financiera inglesa Barclays, tras el anuncio de las medidas económicas.
Ese sacrificio fiscal por la fijación de precios de los combustibles, por lo menos hasta julio, equivale a unos $246 millones, según datos que dio Zelaya hace un par de sema-nas, por lo que el crédito con la entidad regional tampoco sería suficiente para reponer ese gasto.
¿Es válida la estrategia?
Los economistas Rafael Lemus y Rommel Rodríguez, consultados por El Diario de Hoy, coinciden en que utilizar el préstamo del BCIE para otros fines que no tienen nada que ver con reintegrar el costo del subsidio a los combustibles es algo, hasta cierto punto, permitido.
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Lemus explica que es dinero que ya se utilizó, por lo que puede compensarse de esa manera, y añade que “los fondos al final entran a la cuenta general de tesorería y, una vez ahí, el dinero es fungible, se pueden utilizar para una u otra cosa”.
Sin embargo, Rodríguez agrega que si bien el dinero se puede reorientar de esa manera, es decir, a discreción del Ejecutivo, “no son los mecanismos mejor bienvenidos, sobre todo, en el marco de la transparencia en el manejo de los fondos públicos”.
Es precisamente esa falta de transparencia la que no permite conocer los detalles de las instituciones estatales que tuvieron que ceder sus fondos para dicho subsidio, por lo que las afectaciones a nivel fiscal no pueden medirse.
Aun así, y aunque el movimiento de fondos sea permitido, un punto que resalta dentro de toda la operación del gobierno, que busca evitar el impago, es la gestión de las finanzas públicas, algo que ha sido cuestionado por distintos sectores, principalmente por el déficit fiscal, es decir gastos mayores a los ingresos.
Por ello, Lemus señala que se logre solventar el riesgo de impago del Bono 2023, siempre quedarán complicaciones financieras en el país debido a otros factores.
“El tema de ordenar las finanzas públicas es la tarea fundamental que no se ha hecho. Aunque en enero se haya quitado el riesgo de impago, siempre quedará el problema estructural de la deuda pública”, apunta el economista.
El experto considera que el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para reducir el déficit fiscal o el creciente aumento de la deuda pública, aunque con esta última considera que si se recompran los bonos de 2023 y parte del Bono 2025, la proporción de la deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un poco, pero siempre se mantendría alta, así como el riesgo crediticio del país.
Además, explica que al recomprar la deuda del bono 2025, lo que podría suceder es que el país comprometa la liquidez actual al adelantar las necesidades de financiamiento por ese bono, algo que siempre generaría presión fiscal en las cuentas del país.
Subsidio a la gasolina podría ya no ser necesario
El hecho de que el gobierno no reintegre el dinero utilizado para el subsidio a los combustibles, para lo cual ya tenía los $200 millones del crédito del BCIE y tampoco ha confirmado si extenderá el decreto de fijación de precios que vence en agosto, genera preguntas si continuará o no el subsidio.
Según los economistas, podría ocurrir que, una vez vencida la vigencia, ya no se extienda la medida debido a que el petróleo comienza a dar señales de ir bajando de precio. Ante ello, Lemus agrega que podría ser innecesario el subsidio una vez que se normalicen esos precios.
Además, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, confirmó que el costo del subsidio ha comenzado a bajar, precisamente, por la leve caída que han tenido los precios del barril de petróleo a nivel internacional.
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Este préstamo del BCIE se sumará a los poco más de $360 millones que la misma Asamblea aprobó y que provienen de los Derechos Especiales de Giro, una reserva de fondos que custodia el Banco Central de Reserva (BCR) y que fue asignada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto 2021.
Estas fuentes de financiamiento le permiten al gobierno una disponibilidad de al menos $561 millones para intentar recomprar los bonos, los cuales han estado perdiendo valor en los últimos meses debido a la desconfianza de los inversionistas, quienes pagaron una suma de $1,600 millones cuando los compraron y ahora su precio ronda los $906 millones.
Sin embargo, tras el anuncio del gobierno de recomprar los bonos, la especulación del mercado estaría provocando que estos suban de precio y necesitará más dinero.