El gobierno se jactó esta semana de haber completado a tiempo el pago de $800 millones en bonos que vencían este 24 de enero.
“Acabamos de pagar en su totalidad 800 millones de dólares más intereses. Pero, por supuesto, casi nadie está cubriendo la historia”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, en un tono de reproche hacia los medios de comunicación.
Pero para economistas, no hay nada que alardear sobre este pago rutinario, no solo porque se suma a los demás compromisos de deuda de este año, sino porque además se pagó nuevamente deuda con otra deuda y con reservas internacionales.
En años anteriores, cuando se acercaba la hora de pagar una deuda tan cuantiosa como esta, se recurría al mercado internacional y se hacía una nueva colocación de bonos para alargar el plazo de pago.
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Pero esta vez, dado que el gobierno mantiene una mala reputación crediticia ante los inversionistas internacionales, la estrategia cambió y se tuvo que recurrir a diferentes fuentes de financiamiento que se atomizaron en diferentes préstamos con diferentes nombres.
En buen salvadoreño, eso podría llamarse “hacer la cabuda”.
Dinero de reservas
De los $800 millones en bonos, $360 millones fueron tomados de los Derechos especiales de Giro, un dinero que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó al país en agosto de 2021 para que aumentaran sus reservas internacionales y lograran hacer frente a los gastos derivados de la pandemia.
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), en 2021 el saldo de las reservas internacionales netas fue de $3,342.3 millones, pero a diciembre 2022, este monto se redujo a $2,440.4 millones, es decir, $902 millones menos en un año.
El mismo gobierno anunció en un comunicado del 27 de julio de 2022 que este sería el dinero utilizado para hacer los pagos anticipados de los bonos.
“El Gobierno del presidente Nayib Bukele hará uso de los Derechos Especiales de Giro para pagar anticipadamente bonos de deuda 2023-2025”, decía la nota publicada en el portal web de Presidencia.
Sin embargo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo el jueves que el dinero para el pago de bonos no provino de las reservas.
“Unos dicen que lo tomamos (el dinero) de las reservas internacionales. Eso es falso, está invertido, no es dinero de fácil convertibilidad”, aseguró el funcionario, contradiciendo la solicitud que el Ejecutivo hizo a la Asamblea Legislativa ese mes.
Con este dinero, el gobierno logró hacer dos recompras de bonos, es decir, pagar de forma anticipada sus compromisos. Tras esas dos operaciones, los inversionistas solo revendieron $196 millones.
Aún así, según Zelaya, el gobierno se ahorró $23 millones con esta recompra. También adquirieron otros bonos de 2025, por lo que de un total de $1,600 millones entre ambos bonos, el gobierno reporta haberse ahorrado unos $288 millones.
La otra fuente de financiamiento fue más de $400 millones en préstamos que le otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), un organismo financiero al que El Salvador se adhirió recientemente para acceder a préstamos frescos.
El economista Ricardo Castaneda explica que respecto a estos préstamos, es complejo determinar cuánto de estos fondos fueron utilizados para pagar los bonos pues lo que la Asamblea Legislativa ha estado haciendo en el último año es aprobar préstamos destinados para determinado motivo, pero posteriormente se le cambia el destino y se transfiere para otros usos a discreción del Ministerio de Hacienda.
Bonos no se financiaron con pensiones
Lo que sí está claro es que no se usaron los fondos de pensiones para pagar estos bonos.
“No se sacó dinero del fondo de pensiones”, afirmó Zelaya en una entrevista matutina del jueves.
Esto también lo confirma Castaneda, quien cree que será hasta en los próximos meses que se conocerá cómo se beneficiará el gobierno con la reforma que se hizo a finales de 2022.
Según Zelaya, el dinero usado para pagar los bonos ha salido de una mayor obtención de ingresos a través del combate a la evasión fiscal, así como de la reducción de gastos y operaciones con multilaterales.
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Sobre los ingresos, según los datos del Ministerio de Hacienda, la recaudación ha subido en $715.5 millones, pero esta solo fue $42.8 millones más alta respecto a lo que había presupuestado para el año pasado, es decir que lo recaudado estaba casi justo para lo que se había programado de gasto.
En cuanto al gasto, 2022 se convirtió en un año complicado de medir para las finanzas públicas pues debido a la alta inflación que impactó a las familias salvadoreñas, el gobierno tuvo que destinar recursos para subsidios que no estaban contemplados en el presupuesto general de ese año.
“Lo que se ha hecho es recortar presupuestos en áreas importantes priorizando el pago de la deuda a costa del bienestar de la población”, señaló el economista Castaneda.
“La situación financiera sigue siendo complicada”, agregó, al tiempo que señaló que el gobierno siempre seguirá requiriendo de más deuda para sufragar sus gastos.
La agencia inglesa EFMI (Emerging Finance) señaló en su último informe que pese a que el gobierno haya podido pagar su deuda, las políticas “populistas” de Bukele se verán limitadas por su situación financiera este 2023.
“El gobierno tendrá que ajustar el gasto público para evitar un evento crediticio en 2023”, afirmó en su análisis.
Mientras tanto, la calificación crediticia del país sigue en números rojos, lo que implica una barrera para conseguir más fondos en el merado internacional.