El gobierno revivió esta semana el proyecto de los “Bonos Volcán” o Bonos Bitcoin, esos instrumentos financieros respaldados por Bitcoin que Nayib Bukele anunció por primera vez en noviembre de 2022. La última noticia es que estarán listos para el inicio de 2024.
El plan sigue siendo una emisión de $1000 millones, una alta cantidad si se toma en cuenta que El Salvador ya cuenta con una deuda pública total de $28,622.82 millones, aunque el gobierno venda que es de $19,612 millones, pues no toma en cuenta la deuda de pensiones, de $9,010 millones.
Esto es porque no es el Ministerio de Hacienda quien garantiza dicha deuda, sino el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), la autónoma creada con la última reforma. Eso es, precisamente, lo que el Gobierno planea hacer con esta nueva emisión de Bonos Bitcoin, según la apreciación del economista José Luis Magaña.
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En su opinión, es muy posible que la emisión de estos recaiga en la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC), una entidad pública, pero, como el ISP, autónoma del Ejecutivo, por lo que se registraría fuera del Ministerio de Hacienda.
Por tanto, aún después de la colocación de estos bonos, la deuda pública informada por el Gobierno seguirá siendo la misma, sin la adición de esos $1000 millones.
“De concretarse la emisión durante el primer semestre de 2024, la gestión actual habría endeudado, ella sola, al país por más de $10,000 millones”, comenta Magaña, quien toma en cuenta que, solo el periodo de Nayib Bukele en el cargo ha aumentado la cifra, hasta ahora en más de 9,000 millones.
Ese era el plan desde el principio, si se toma en cuenta que, en 2021, se dijo que quien respaldaría la emisión era la empresa pública La Geo, que, sin embargo, solo tenía excedentes por $36 millones. Esta fue la principal razón por la que la idea no tuvo frutos durante todo el 2022 y lo que llevamos de 2023, aparte de un largo periodo de baja valoración del criptoactivo.
“Los inversores muy cripto pueden ser, pero prima la rentabilidad. Lógicamente, La Geo no tenía la capacidad para respaldar el pago”, dice Magaña. Pero que el gobierno no registre contabilice esta suma en la deuda del país no se traduce en que no tenga un efecto en su calificación crediticia. Ya con la estratagema de las pensiones, agencias extranjeras han advertido sobre el endeudamiento real del país, como la inglesa Emerging Finance (EMFI), que en un informe de noviembre de este año decía que la deuda pública de El Salvador no es del 57.5 % del PIB, como lo sostienen el Gobierno, sino del 81.8%.
La complejidad de la emisión
Para el economista Rafael Lemus el tema de los bonos Bitcoin entraña una complicación extra a la de una deuda común. Esto es porque, sumado al costo de la tasa de interés, hoy se correrá un riesgo cambiario, pues los bonos serán respaldados por un activo especulativo.
Para comprender esto, hay que imaginarse que, cuando el Gobierno emita los bonos, el Bitcoin estará en $40,000. Los inversores pondrán esos 1,000 millones a ese valor. Al final del periodo de 10 años, el gobierno tendrá, lógicamente, que pagar el dinero. Si en ese momento la cotización es más alta que los $40,000, el gobierno tendrá que devolver más dólares para cumplir esa cotización. Por lo tanto, perderá a costa de una importante ganancia de los inversionistas.
Si pasa el escenario contrario y cotiza a menor valor, el gobierno devolverá menos dólares. Por tanto, será el Estado el que ganará sobre los inversionistas. Casi como una apuesta en un casino, pero tomando en cuenta que se trata de millones de dólares.
“El país tiene el problema de que su deuda no es sostenible. Si sigue creciendo, está corriendo el riesgo de que no cumpla sus compromisos. El Salvador está en un punto crítico en el que cada deuda debe ser lo suficientemente eficiente y rentable para que haga crecer la economía y, por tanto, el gobierno pueda recaudar más fondos. Pero si se va a especulación, creo que nos espera un futuro difícil”, comenta Lemus.
Entre la insistencia con el Bitcoin y un acuerdo con el FMI
El Salvador ha mantenido conversaciones para obtener financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde que Nelson Fuentes era el ministro de Hacienda, a finales de 2019. Ha llovido mucho desde entonces.
Y El Salvador no solo ha tenido dos titulares más en esa silla, sino que su perfil crediticio ha pasado del día a la noche.
Cuando iniciaron las negociaciones, El Salvador poseía un Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), de solo el 3.94 %, comparable al del resto de Latinoamérica, cuyo promedio se colocaba en 3.08%. Ahora ha subido a casi el doble puntos porcentuales, alrededor del 7 %. Por ello, debido a que las tasas internacionales se encuentran alrededor del 5 %, toda deuda que emita El Salvador será a, mínimo, el 12 %.
Por ello, El Salvador insiste en un acuerdo con el FMI, que le puede proporcionar fondos con un 2% de interés. Sin embargo, uno de los puntos es la derogación de la Ley Bitcoin o, por lo menos, que este ya no sea de obligada aceptación.
Sin embargo, modificaciones a la Ley Bitcoin pone en peligro la emisión de los bonos que Bukele pretende lanzar al mercado en 2024. Según el economista Luis Membreño, Bukele ya estuvo en esta disyuntiva a finales de 2021, cuando se anunció por primera vez el proyecto, en un evento realizado en las playas de La Libertad.
“El mensaje le envió al FMI en Mizata fue que no necesitaba un acuerdo con ellos porque se iba a financiar en Bitcoin. A partir de ahí se enfriaron las relaciones con el FMI y la posibilidad de emisión de bonos en Bitcoin fue desapareciendo en la medida que el precio del criptoactivo descendía. Se quedó sin el plato y sin la cena”, dice.