Maritza Estrada es una madre soltera de 24 años que trabaja en el sector informal y lleva más de un año buscando una vivienda que se adecue a su presupuesto. Lastimosamente, los altos precios y no poder ser sujeto a un préstamo le impiden garantizar un techo digno para ella y su pequeña.
“Desde hace un año vengo buscando como hacerme de mi casa porque el señor que me alquilaba me dijo que desocupara la casa. Con los días me di cuenta de que sólo pintó las paredes y la puso alquilar el doble de lo que yo pagaba. Ahora vivo en un cuarto muy pequeño, pero tengo la ilusión de encontrar una casa para mí y mi hija”, expresa con un pequeño gesto de esperanza.
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Mientras tanto Jennifer Medrano junto a su pareja lograron hacerse de su propia vivienda hace un año en la comunidad Valle Verde, ubicada en el municipio de Apopa, en uno de los pasajes donde era la división entre la pandilla 18 y la mara MS. Una comunidad que por años había sido catalogada como zona roja y que era imposible habitar si no eras “nacido ahí”.
Medrano relata como muchos de sus vecinos tuvieron que huir y abandonaron sus casas cuando la situación era “peligrosa por los muchachos”, razón por la cual eran las mismas estructuras de pandilleros quienes alquilaban las propiedades a un costo que se adecuaba al bolsillo de los inquilinos. Situación que se replicaba en otras comunidades como Ciudad Futura, La Campanera, Vista al Lago, Distrito Italia, entre otras.
“Cuando acá era violento, los que nos quedamos fue por pura necesidad, no teníamos a donde más. Mucha gente vendía los derechos de las propiedades hasta en $800 solo por sacar algo de dinero y el fondo vendía las casas por muy caras en $6,500.00, pero eran precios accesibles para gente como nosotros”, asegura la joven.
Jennifer ha vivido toda su vida en Valle Verde y ahora que ella ya formó su hogar y la situación de seguridad ha cambiado en la zona, no dudo en buscar una casa cerca de donde vive su madre para tener algo propio.
Compraron una vivienda en $14 mil pagando una cuota de $80.00, la cual con los intereses deberá pagar $28,000 en un plazo de 30 años. “Ahora todo está caro, las casas valen el triple de lo que valían hace dos años y no solo con personas particulares, sino también con el Fondo”, agrega y que el aumento de los precios ha hecho que tengan que ajustar su presupuesto.
Otra vecina que prefirió no brindar su nombre comentó: “No es posible que las pandillas alquilaban más barato y el fondo ahora esté vendiendo las casas bien caras o permitan que otros vendan con esos precios sin hacer algo, cuando debería ser el estado el que nos ayude a garantizar que todos tengamos una vivienda digna”
Las opciones y la nueva realidad
Basado en un listado de viviendas a la venta proporcionado por el Fondo Social para la Vivienda (FSV) en el año 2021, el Diario de Hoy realizó un recorrido para buscar las opciones más baratas que había en el área metropolitana de San Salvador. Algunas aparentaban tener un precio cómodo, realmente accesible para un trabajador formal. Por ejemplo en el reparto La Campanera, Soyapango, había hasta de $1,332.
En la urbanización Valle del Sol de Apopa, una de las urbanizaciones para trabajadores que creció ampliamente a mediados de los años 90 en ese municipio, había casas que tenían techo, con precios desde $6,994.54; pero sin electricidad ni agua potable.
Mientras que en la urbanización Valle Verde con más de 59 casas recuperadas, según la aplicación del FSV para ese año, una casa podía ser valuada por el FSV hasta en $6,472.31. Algunas tenían agua potable y electricidad por medio de conexiones clandestinas.
Pero para el año 2024 la realidad es otra. Los precios ya no son los mismos y muchos de los ciudadanos que habitan en comunidades que antes eran peligrosas confirmaron que ahora esos precios solo quedaran en el pasado y que aunque existe un incremento es imposible encontrar una casa que haya sido recuperada por el Fondo; comprarla y acceder a una es muy difícil.
Rodrigo Martínez, por su parte, compró su casa en Valle Verde con el FSV aplicando al programa “Casa Joven” con un valúo de $17,000, más los intereses acumulados para 25 años serán $39,363.00, sabiendo que hace un año la anterior dueña la había comprado siempre con la misma institución con un valúo de $12,000. Una casa que cuenta con sala, comedor, cocina y una habitación subió $5,000 dólares más.
“Nosotros se la compramos a la vecina y cuando vino el Fondo subió de precio, voy a pagar una cuota de $131.21 por 25 años. Y qué podamos hacer, más que aceptar y pagar la cuota que nos toca, lastimosamente cuando acá las casas eran baratas uno se pensaba si comprarlas o no por lo peligroso, y ahora que es seguro mucha gente ya no tiene posibilidades de adquirir una vivienda”, expresa, Rodrigo.
Así como Maritza, Jennifer y Rodrigo, muchos salvadoreños están experimentando lo difícil que es acceder a una vivienda propia y si acceden tienen que reestructurar su presupuesto para pagar las cuotas de su vivienda.
“La única garantía que uno tiene es que un día esa vivienda va a ser de uno, pero así como están las cosas de caras. Hay meses que se las ve de palitos para solventar todos los gastos de luz, agua, impuestos de la alcaldía, comida, pasajes y el Fondo no perdona que uno se atrase”, añade Rodrigo.
El alto precio de las viviendas
El Diario de Hoy verificó los precios en varias comunidades donde hay ventas de casas y, además, conversó con inmobiliarias que se dedican a la venta de inmuebles en “sectores populares”. Muchas de estas rondan desde los $15,000 hasta los $45,000 o más, y al consultar con vecinos muchos confirman que los precios están sobreelevados.
“Desde hace un año han incrementado los precios. Pero siendo honesta hay gente que nos dice quiero vender en $35,000 una vivienda en un sector popular que no lo vale y aunque nosotros sabemos que el precio es mucho, la ofertamos y al final no se vende en ese precio. Se termina adecuando a lo que la gente puede pagar, pero aun así más cara que antes”, asegura la encargada de una inmobiliaria que promueve la venta de casas por una comisión en los municipios de Apopa, Ciudad Delgado, Tonacatepeque, Quezaltepeque, Ilopango, San Martín, Soyapango, Cuscatancingo y Colon.
Para Alex Renderos, investigador y docente de Arquitectura en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con especialización en vivienda, hábitat y planificación urbana, ante una falta de regulación y una falta de un marco legal, los precios de las viviendas caen en la especulación donde el propietario original deduce cuánto puede valer su propiedad siempre y cuando exista alguien que tenga las condiciones económicas para pagar.
En los anuncios en los periódicos se encuentran casas en venta desde 26.000 y 40.000 dólares en “zonas populares”, y de más de 90,000 dólares en zonas consideradas “seguras”. Algunos anuncios sugieren precios de 200,000 y 700,000 dólares, a los que es imposible acceder para un trabajador con un sueldo mínimo.
“La palabra vivienda no solo tiene el significado tangible, como por ejemplo los materiales de los cuales está construida o su ubicación física e intangibles por ejemplo lo seguro que es la zona, y mientras más seguro más exclusivos los lugares y excluyentes y estos variables hacen que los precios se puedan inflar de forma artificial”, concluyó Renderos.
Para el economista José Luis Magaña, existe una burbuja especulativa inmobiliaria, lo que lleva a que la adquisición de una vivienda sea inaccesible para muchos salvadoreños.
Además, agrega que ya teníamos problemas de acceso a una vivienda y este nuevo fenómeno ahora se está agudizando y que la inacción del estado en el contexto especulativo del mercado inmobiliario no genera un ambiente de adquisición digno para los ciudadanos.
“La vivienda debería ser considerada como un derecho humano básico y que, por lo tanto, en el sector de la vivienda no debería verse como un activo financiero, por lo que se deberían de crear políticas públicas para que oriente a solventar este derecho para los ciudadanos” añade.
“Acá la gente está vendiendo como quiere y nadie dice nada”, comenta con frustración un habitante del Distrito Italia, quien asegura que en esa zona ha visto como hay gente que recibió como donación su vivienda y las están vendiendo con precios altos.
El Distrito Italia es una comunidad popular cercana al municipio de Tonacatepeque, a pocos kilómetros al norte de San Salvador. Su nombre nace porque para su construcción se utilizó financiamiento internacional (de Italia), después de los terremotos del 2001, cuando muchas personas de escasos recursos quedaron sin vivienda y fueron beneficiados con viviendas gratuitas.
El Distrito se convirtió en una zona roja controlada por la MS-13, a tal grado que decir que se vivía allí, afectab a los jóvenes para acceder a trabajos formales, ya que se temía que estuviesen ligados a las pandillas, y mucho menos alguien de afuera compraba viviendas en la zona. Tras el régimen de excepción, los habitantes destacan los incrementos en las propiedades: “Hay quienes están viendo una oportunidad para ganar dinero a costillas de la necesidad de tener una vivienda digna”.
“Más del 70% es gente nueva acá en La Campanera”
Un habitante de la Comunidad La Campanera que decidió hablar en el anonimato con El Diario de Hoy, explicó cómo más del 70% que habita en la colonia ahora es gente nueva: “Los que capturaron por ser pandilleros, otros que no eran y se los llevaron o porque le alquilaban a los mismos pandilleros; muchos de los que vivían acá se fueron. Si después del régimen esta colonia había quedado sola, éramos pocos los que nos habíamos quedado acá”, comenta.
La colonia se ubica en el municipio de Soyapango, la segunda ciudad más poblada de El Salvador y una de las colonias que ha sido cercada durante el régimen de excepción, con más de 958 casas distribuidas en pasajes largos y estrechos.
Asegura que hoy es imposible adquirir una vivienda en la zona con el FSV, ya todas fueron compradas, algunas baratas para revender a precios elevados. “Por ahí había una casa sobre la calle, el señor pedía $40,000 y dicen que ya la vendieron porque quitaron el rótulo de ´Se Vende´”, añade.
Renderos, por su parte, habla de que puede existir una gentrificación en las comunidades por la llegada de un estrato social muy diferente: “Si estas comunidades eran habitadas por personas con ingresos del comercio informal y ahora llegan personas con otro nivel adquisitivo lo que podría pasar es que se va a llegar un punto en que los habitantes sean desplazados porque ya nos les alcance para vivir en esas zonas”.
Mientras tanto, Maritza ha descargado la app del FSV y sigue buscando alguna casa recuperada que se adecue a su presupuesto y poder acceder a una vivienda digna.
