En El Salvador, pensionarse es un privilegio. En 2022, solo 14 de 100 personas en edad de retiro percibieron algún tipo de ingreso de esta naturaleza, según datos oficiales.
Pero, al cumplir con todos los requisitos, ¿está asegurada una vejez digna, con una pensión que permita mantener el mismo nivel de vida que se tenía mientras se trabajaba? La respuesta es un rotundo no: el sistema no es capaz de brindar una tasa de sustitución (el porcentaje del salario de referencia que significa una pensión) lo suficientemente digna.
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Paz Zetino es un líder sindical y profesor salvadoreño “con 38 años, 7 meses y un día” de ejercer la profesión de docente. Es el secretario general de Bases Magisteriales y durante la última década de su trabajo como profesor percibió un salario de $1,050 al mes. En su carrera, también ha estado en puestos administrativos dentro del Ministerio de Educación, a los que llegó por elección popular. En estos tuvo ingresos superiores a los $2,000.
Con tantos años a sus espaldas, el docente ya se jubiló, pero su pensión mensual es de $573, de los que líquidos le quedan $533.
“Si hago un promedio de los salarios que he percibido a lo largo de mi carrera, me doy cuenta que lo que ahora tengo como pensión es de un tercio de mi salario de referencia”, dice Zetino, quien también forma parte de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.
La de Zetino es la suerte de la mayor parte de los pensionados en nuestro país. Según un análisis de la agencia calificadora SCRiesgo, la tasa de reemplazo en El Salvador es de un promedio del 33 %. Una persona que tenía como salario $1,000 podría optar a unos $330.
Este es un ingreso que coloca a un hogar por debajo de la línea de pobreza relativa, que actualmente en El Salvador es de $510.42.
Zetino tiene como ventaja que ocupa un puesto de elección popular en el que se mantendrá al menos por dos años y medio más en el Tribunal Calificador de la Carrera Docente, una instancia adscrita al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Después de eso, para el docente, retirarse será muy complicado. Pero podría ser obligatorio por dos motivos: porque así se ordene desde el Gobierno central o porque los años y las enfermedades no lo dejen continuar.
“Hay compañeros que percibieron el mismo salario que yo en el aula, unos $1,050, pero que cuentan con pensiones de $900. Creo que la mía es la suerte de aquellos que tuvimos la desgracia de nacer después del 15 de abril de 1962”, apunta el profesor para referirse a que la reforma de pensiones de 1998 dejó muy mal parado a este grupo, a los que se definió como los “obligados” a entrar al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), con condiciones mucho menos ventajosas que el Sistema Público de Pensiones (SSP).
Para este trabajo, El Diario de Hoy entrevistó a otras tres personas pensionadas que perciben un tercio de su salario de referencia. A algunos les ha quedado la mínima, que se calcula en $304.17. Sin embargo, prefirieron que sus nombres no aparecieran en esta nota por temor a represalias, como ser privados de algún servicio de salud.
“¿Cómo puede llevar su vida una persona con $265, con este nivel de inflación y carestía? Fuimos víctimas de una clase política representada en diferentes partidos. Creímos que el último proyecto iba a hacer diferente”, comenta el profesor Paz Zetino, quien lanza una crítica a la última reforma que aumentó en un 30 % todas las pensiones menores a los $2,300, pues quien tenía una pensión de $2,000 hoy gana $2,600.
“Lo correcto era darle 5 % al que tenía $2,000, 10 % al que tenía $1,000, para que los de abajo alcanzáramos algo digno”, dice.