La “Ley general para la modernización digital del Estado” para regular la ejecución del acuerdo entre el gobierno con la empresa Google LLC, establece que el Estado salvadoreño gastará hasta $500 millones para compra de servicios a la compañía más que hablar de una inversión de la empresa en el territorio, señalan economistas.
La ley aprobada de forma exprés autoriza a todas las instituciones del Estado a establecer cada año las asignaciones presupuestarias “respecto de los servicios que deseen adquirir” conforme al acuerdo entre el gobierno y la empresa.
El economista Rafael Lemus publicó en su cuenta de redes sociales que se trata de operaciones diferentes en comparación a la inversión que hará Intel en Costa Rica.
“El Salvador, contrato de servicios, que incluye bienes e infraestructura que ofrezca Google, mínimo $500 millones en siete años. Costa Rica, inversión de Intel por $1,200 millones en dos años, es socio confiable de Estados Unidos para producir microprocesadores”, expuso el economista.
“Lo que estamos observando es algo poco usual y es que se apruebe una ley ad hoc para una empresa privada. Por si fuera poco donde el Estado, además, se compromete a pagar, es decir, utilizar recursos públicos”, dijo Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
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La economista Tatiana Marroquín señaló que la ley desarrolla muchos permisos para que cada institución asigne presupuesto en torno a ese convenio. “La verdad es que esta iniciativa de ley solo da permiso para gastar, pero no el ordenamiento de cómo se va a gastar y cuáles son los objetivos exactamente de la alianza”, comentó.
Y el decreto no remite el proceso de adquisiciones a la Ley de Compras Públicas, sino que incluye el procedimiento administrativo para las instituciones. Tampoco menciona montos de inversión por parte de la empresa.
Violenta Constitución
La norma también genera cuestionamientos sobre si violenta el artículo 228 de la Constitución de la República, el cual dicta que ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos, sino es dentro de las limitaciones de un crédito presupuestario.
“¿Puede un funcionario comprometer fondos públicos sin disponer de un crédito presupuestario? ¿Cuándo se autorizó el crédito presupuestario?”, cuestionó Lemus.
“A pesar que el artículo 228 de la Constitución dice que se pueden comprometer fondos a ejecutar en el futuro con autorización legislativa, en el texto aprobado ayer no hay mayor detalle de cuánto por institución, ni de dónde se obtendrá el crédito o disponibilidad presupuestaria”, comentó la diputada Anabel Belloso, del FMLN.
También dudan de cuál será la fuente de financiamiento de esos $500 millones. “El marco normativo de El Salvador establece que cualquier compromiso de gasto debe de estar vinculado a una fuente de ingreso, en este caso no queda claro de dónde van a salir los recursos”, dijo Castaneda.
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“¿De dónde se supone que van a sacar estos $500 millones? Si van a ser de préstamos o van a venir de impuestos y cuáles son exactamente las metas y los proyectos que se planean ejecutar; porque hay muchos permisos de cómo gastar, pero no claridad de los objetivos de política pública”, agregó Marroquín.
“En la “normalidad”, cuando un gobierno hace un compromiso de este tipo se debe saber de dónde va a sacar el financiamiento para esto. Pero aquí eso no existe”, comentó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Dice es inversión semilla
Por su parte, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, sostuvo que se trata de una “semilla” que generará inversión. “Nos damos cuenta que estos $500 millones son una semilla. Estos $500 millones serán utilizados en áreas que se han establecido como prioritarias, donde hay necesidades de las distintas instituciones de gobierno y sector público en general y será por un período de siete años”, dijo.
La funcionaria expuso en la entrevista Frente a Frente ayer miércoles que la ley “dicta las reglas” para inversión en salud, educación y la digitalización de la tramitología. Y prevé que haya una inversión de Google en el establecimiento de infraestructura física y tecnológica en el país.
