La calificadora de riesgo Fitch Ratings mantiene, en un informe publicado este martes, su nota de CCC+ para El Salvador, pues considera que el país no ha hecho ningún cambio en sus condiciones ni siquiera con la recompra de sus bonos por $487 millones, operación que el gobierno de Nayib Bukele se apresuró en calificar como “jugada maestra”.
“Estamos a una sola grada de una calificación que solo se puede considerar como de impago”, comenta el economista Rafael Lemus.
En efecto, según la escala del rating de la entidad, se define a la CCC como “un muy sustancial riesgo de crédito”. Cuando un país cuenta con esta calificación, se puede estimar poseedor de un “margen de seguridad muy bajo. El impago es una posibilidad real”.
Cuando una calificadora como Fitch Ratings emite una calificación, también expone cuáles son los elementos con los que construyó su criterio. En este caso, señala que continúa un alto nivel de endeudamiento, pues El Salvador cerró 2023 con este campo en torno al 85 % de su Producto Interno Bruto (PIB). El otro elemento es el deterioro fiscal, pues El Salvador finalizó el año, si se toma en cuenta la deuda de pensiones, con un déficit (monto que el Estado no ha sido capaz de cubrir de sus gastos) de un 4.7 % del PIB.
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“Fitch estima unas necesidades de financiación del 13.8% del PIB en 2024, que incluyen una deuda a corto plazo equivalente al 6.5% del PIB”, sostiene la agencia.
También se ha tomado en cuenta que el acceso al mercado de financiamiento internacional del país sigue complicado, lo que se ilustra contundentemente en que solo pudo colocar $1,000 millones en bonos con un interés alto (de 9.25 %), que tampoco terminó de convencer a los inversionistas, por lo que los adquirieron a descuento, llegando a un interés real del 12 %.
Fitch Ratings también consideró como un factor para mantener su calificación el hecho de que El Salvador tuvo en 2023 un impago selectivo, en este caso al Fondo de Pensiones, pues acordó con las empresas administradoras de este que no abonaría ni capital ni intereses durante cuatro años a partir del recién pasado.
“Los lleva a concluir que no hay ningún cambio positivo. De alguna forma le han dicho ‘te sigo reprobando’”, explica el economista Lemus.
Para el profesional, debido a que esta calificación se ha hecho con datos al cierre de 2023, es posible que incluso la calificación se deteriore más con los hechos registrados este 29 de abril, cuando la Asamblea Legislativa saliente abrió la puerta a hacer cambios a la Constitución en la próxima legislatura, sin discusión y con dispensa de trámites.
“Esto es peligroso, porque constituye una lesión más en el tema de la seguridad jurídica, que es vital en la atracción de inversión extranjera directa”, añade Lemus. Esto puede constituirse en un círculo vicioso.
La Inversión Extranjera Directa (IED), cuando es abundante, puede ayudar a crecer una economía. Y eso es justamente lo que el Gobierno de El Salvador necesita, pues una forma de que se resuelvan sus problemas fiscales es que crezca su economía, lo que se traduce en más impuestos y, por ende, más ingresos para el Estado.
La de El Salvador es una de las peores calificaciones de riesgo en la región centroamericana.
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La agencia fue la primera en pronunciarse tras el anuncio de que El Salvador saldría, por primera vez en cuatro años, al mercado internacional para conseguir financiamiento, concretamente para la recompra de bonos.
La agencia, por tanto, mantiene la calificación de El Salvador en “B”, con perspectiva estable. Esta se asigna a los soberanos con grado especulativo: estos tienen capacidad de cumplir sus obligaciones, pero son vulnerables a las condiciones económicas y financieras.
“Las perspectivas estables indican que nuestra visión de riesgos equilibrados entre el alivio fiscal de mitad de período de El Salvador del proceso de refinanciación de la deuda iniciado en 2022, y los persistentes riesgos fiscales y de deuda, ya que los pagos del servicio de la deuda siguen siendo altos y las alternativas de financiamiento son algo limitadas”, explicó la agencia en un comunicado.
Que la agencia mantenga la calificación fue un primer revés para el Gobierno de Nayib Bukele, pues esto puede constituir otra lesión financiera para el país: en el trato por la emisión de bonos por $1,000 millones, El Salvador se comprometió a mejorar en dos gradas su calificación de riesgo. Si no lo logra en 18 meses (año y medio) tendrá que pagar 4 puntos porcentuales extra de interés, es decir, un 16 %.
Otra condición que estableció es alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr financiamiento a bajos intereses y, con eso, aliviar sus problemas fiscales. Algo de lo que hizo eco Fitch Ratings.
“Fitch anticipa que un posible programa del FMI incluirá un ajuste fiscal de entre el 3% y el 4% del PIB para garantizar la sostenibilidad de la deuda”, escribieron desde la agencia