El pasado viernes 13 de enero se realizó el primer depósito para el pago de pensiones bajo el sistema que entró en vigencia recientemente, según confirmó el presidente del nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), Marlon Vásquez Ticas.
De acuerdo con el funcionario, en este primer desembolso, unas 48,251 personas que ya se encuentran jubiladas recibieron el pago de su respectiva pensión, aunque no aclaró si todas corresponden a la pensión mínima de $400.
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Asimismo, y según las funciones del ISP, cabe señalar que las personas que ya recibieron este pago son las que se jubilaron bajo el sistema anterior a las AFP, y que hasta antes de la entrada en vigencia de la actual ley, recibían sus pensiones por parte del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Público (Inpep).
El total destinado para este pago ronda los $23.1 millones, según explicó Vásquez durante la entrevista televisiva de Canal 21, en la que también afirmó que el sistema "es sostenible en el tiempo".
Este último punto, es decir, el de la sostenibilidad, ha sido ampliamente cuestionado por distintos sectores en el país, incluyendo economistas, abogados y la propia Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.
Lo anterior debido a que, pese a que ese aumento de la pensión mínima "beneficia" a buena parte de la población ya jubilada o a punto de jubilarse, compromete la liquidez del sistema para los actuales cotizantes que se jubilarán en el futuro.
Aún así, el titular del ISP afirma que "existe ingeniería financiera para hacer sostenible el sistema en el futuro", aunque no explicó si el sistema en sí mismo ya es viable en la actualidad.
Asimismo, señaló que será el instituto que preside el que se encargará de garantizar dicha sostenibilidad, aunque no especificó los mecanismos a ejecutar para garantizarlo.
Otro punto que el funcionario no explicó, y que sigue siendo una incógnita, es qué pasará con los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) en cuanto al rendimiento que tendrán, pues estos son deuda que el gobierno adquirió cuando, antes de la nueva ley, eran conocidos como Certificados de Inversión Previsional (CIP).
El tema de los CIP, y que han sido sustituidos por un nuevo instrumento como lo son los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), también es otro de los aspectos criticados entorno a la ley que entró en vigencia el 30 de diciembre.
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Estas criticas han sido debido a que la colocación de esos títulos valores le permitirá al gobierno tomar dinero de los ahorros de los trabajadores de forma ilimitada, tal como lo señala la ley que entró en vigencia.
Por ello, la Mesa por una Pensión Digna ha reiterado en varias ocasiones que el discurso oficialista acerca de que "no se tomará el dinero de las pensiones" no es verdad, pues estos COP son una nueva opción de financiamiento que tendrá el gobierno para asumir sus compromisos.