La oficina de Prensa del Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que este organismo multilateral mantiene su posición de que las políticas del Gobierno salvadoreño alrededor del Bitcoin siguen siendo un escollo por superar en las conversaciones que mantienen con la administración Bukele para la entrega de un préstamos de $1300 millones. También confirmó que un programa de transparencia fiscal es otra de las exigencias sobre la mesa.
“Las discusiones en curso se centran en políticas para fortalecer las finanzas públicas, mejorar las reservas/colchones de liquidez e impulsar la productividad y la gobernanza económica… Abordar los riesgos que surgen del proyecto Bitcoin es un elemento clave de nuestras discusiones. Cuando las discusiones avancen, les mantendremos informados”, dice el FMI.
Estas declaraciones, que fueron dadas al periódico digital El Faro, desmienten lo asegurado por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, esta semana, de que el Gobierno de El Salvador está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
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“Superamos algunas observaciones que nos habían hecho, sobre todo con el tema del Bitcoin. Eso ya está superado”, aseguró para el medio RT News, adscrito al Gobierno Federal de Rusia.
“El staff del FMI sigue teniendo conversaciones con el Gobierno para arribar a un acuerdo para apoyar el ajuste macroeconómico y las reformas estructurales”, fueron, en cambio, las escuetas declaraciones del organismo multilateral, que desde que se iniciaron las conversaciones para ese posible acuerdo ha manifestado su preocupación por las implicaciones que puede tener que el Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador.
El FMI pone la lupa en dos características del criptoactivo: su alta volatilidad (cambia su valor en el tiempo con mucha velocidad) y a los riesgos que podría tener para el sistema de prevención contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Incluso el mismo vicepresidente Ulloa ha reconocido que ni la legislación ni las fuerzas de seguridad en El Salvador están listos para enfrentar estos riesgos.
A la administración de Nayib Bukele, sin embargo, le quedan pocas opciones de financiamiento, pues incluso salir al mercado internacional de bonos fue insuficiente: el único trato que pudo lograr fue un caro préstamo de $1,000 millones (que ni siquiera recibió totalmente), por el que tendrá que entregar un interés del 12 %.
Uno que podría subir en otros cuatro puntos porcentuales si no logra un acuerdo con el Fondo.
El tema de la transparencia
El economista Rafael Lemus, sin embargo, no ve tan claro que esta negociación llegue a buen puerto. Califica los acercamientos como un “coqueteo”, aunque opina que el Gobierno de El Salvador nunca ha querido ir en serio.
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Para Lemus, el Fondo Monetario Internacional le exigirá al gobierno medidas de mayor transparencia en la información pública, sobre todo en lo referido a las compras del Estado, un rubro en el que el Ejecutivo y su Asamblea Legislativa han desbaratado la institucionalidad a marchas forzadas.
Además de aprobar una laxa Ley de Compras Públicas, han creado casi una veintena de legislaciones especiales para dejar fuera de los controles a muchas obras, sobre todo aquellas donde circularán más recursos.
“Yo no creo que el Gobierno haya desbaratado tantas cosas, tantos controles, para terminar hincado ante el Fondo… En el momento en el que acepte condiciones de mayor transparencia, todo el mundo pedirá la información que ha mantenido reservada todo este tiempo. Y quedará desnudo en toda su corrupción”, comenta Lemus.
“No creo que lo haga por tan poco dinero, solo son $1,300 millones. No es suficiente para forzarlo a admitir toda su podredumbre”, remata Lemus.
Para él, la administración Bukele continuará como hasta ahora, sin acuerdo con el Fondo: “ahorcando” a los que tiene bajo su supervisión: la banca local y el Fondo de Pensiones, al que dejaría en los huesos.