El panorama para las finanzas del país siguen en incertidumbre debido a varios factores, según detalla el más reciente análisis publicado por la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P), la cual señala que “las debilidades estructurales siguen pesando sobre la calificación de riesgo soberano del país”, a la vez que añade que “El Salvador tiene finanzas públicas débiles , con una carga de deuda pública muy elevada y elevado servicio de deuda”.
De acuerdo con el informe de la calificadora, el poco acceso a recursos externos es uno de los principales puntos que provocarán, además, que el país se enfrente a una escasez de liquidez, es decir, de fondos para poder enfrentar sus obligaciones, incluidos los gastos, tanto de este año como para el siguiente, una situación que, sino se resuelve, podría llevar a una nueva rebaja en la nota crediticia del país.
Según S&P, “podríamos bajar las calificaciones durante los próximos seis a 18 meses si observamos un debilitamiento en la capacidad del gobierno para garantizar un fondeo adecuado para sus déficits fiscales y sus necesidades de refinanciamiento, o en su capacidad para llevar a cabo el ajuste fiscal necesario para estabilizar una muy alta carga de deuda”, la cual la agencia calcula que se mantendrá entorno al 72% con respecto al PIB en los próximos dos años, una cifra que sigue siendo muy alta para las finanzas salvadoreñas.
Asimismo, la institución aclara que si algunas acciones del gobierno, como el reciente canje de la deuda de pensiones que le permitió al gobierno “tomar oxígeno” para los próximos cuatro años, conducen a un mejor manejo de la deuda, o a una continua recuperación económica, incluida una mayor claridad sobre las políticas fiscales, la nota crediticia del país, de hecho, podría mejorar en los próximos 18 meses.
Sin embargo, este segundo escenario es más difícil de alcanzar debido a los distintos factores que menciona el análisis de S&P, el cual señala que a pesar de la disminución de sus necesidades de financiamiento durante los próximos años (lo que obedece al cambio en los términos de la deuda previsional que le permitirá al gobierno dejar de pagar hasta $500 millones anuales de la deuda que tiene con los trabajadores), el gobierno aún así se enfrentará a la escasez de liquidez.
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Esto último, según el informe, podría deberse a una “desaceleración en el crecimiento de los ingresos del país”, por lo que la diferencia de esa variable contra los gastos del gobierno, conocido como déficit fiscal, podría ampliarse y, de hecho, S&P proyecta que estos “déficits fiscales se deteriorarán hasta alrededor del 3.5% del PIB durante el periodo 2023-2025”, un porcentaje superior al déficit que se logró en 2022, el cual fue cercano al 2.6%.
“Ese deterioro de los resultados fiscales de este año y las limitadas alternativas de financiamiento están provocando escasez de liquidez”, apunta el informe.
En este sentido, algo que aumenta ese riesgo de que empeoren en las finanzas públicas es el gasto en salarios que asume el gobierno, los subsidios y los pagos de intereses de la deuda pública, los cuales siguen siendo significativos, de acuerdo con la agencia calificadora.
“Prevemos que la carga de intereses del gobierno se mantenga elevada, en torno al 20% de los ingresos en los próximos años, debido a la deuda elevada y a mayores costos de fondeo”, señala el análisis de la calificadora.
Estos altos costos de fondeo se refieren a que, si el gobierno decide adquirir más deuda, debe hacerlo a tasas de interés más altas, todo a causa de la baja calificación crediticia que aún mantiene y al elevado riesgo país dado por el EMBI.
Esta mala calificación es una consecuencia de distintas decisiones antidemocráticas del gobierno, las cuales han minado la institucionalidad y la imagen del país en los mercados internacionales, incluyendo el estancamiento de las negociaciones por un acuerdo de asistencia financiera de hasta $1,300 millones de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), una acuerdo que mejoraría considerablemente la imagen del país en el exterior.
Sin embargo, con respecto a ese acuerdo, estancado desde mediados de 2021, S&P sostiene que “el gobierno ha mantenido conversaciones con el FMI, pero no hay indicios de si el país pueda entrar en un programa, ni cuándo lo haría”.
En este punto, el informe también señala una de las pocas opciones de financiamiento que ha encontrado el gobierno, como lo es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es una opción que se está volviendo limitada, esto debido a que “El Salvador ya ha alcanzado el tope de exposición con la entidad”, y agrega que “si bien podría obtener algo de financiamiento de otras entidades oficiales, estimamos que será inferior a las cantidades recibidas en años anteriores”.
Esta realidad no ha sido ignorada por el gobierno, pues desde hace dos años que comenzaron a cerrarse los mercados ha utilizado como “tarjeta de crédito” la otra opción, es decir, la de adquirir deuda de corto plazo a través de la emisión de Certificados y Letras del Tesoro (Cetes, Letes) en la banca local, algo que según S&P ha sido utilizado “para financiar sus déficits”, a la vez que calcula esa deuda en “un máximo histórico cercano a los $2,800 millones”.
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Debido a estos problemas estructurales en las finanzas, la calificadora considera que las importantes carencias en servicios básicos y de infraestructura siguen limitando la capacidad del gobierno para buscar otras alternativas como podría ser el recortar gastos, y además añade que, debido a que gran parte de la dinámica económica está en la informalidad, también tendrá problemas para percibir ingresos mediante impuestos.
S&P también añade que “el perfil del país podría deteriorarse rápidamente si el gobierno no es capaz de obtener suficiente financiamiento externo en los próximos años”.
Asimismo, el informe apunta que “el país tiene un bajo ingreso per cápita y un crecimiento económico moderado debido a una inversión consistentemente baja (ver nota aparte).