El actual director de El Salvador ante el BCIE y exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, mintió este martes, durante la entrevista televisiva “Frente a frente”, al asegurar que la trayectoria de la deuda del Gobierno de El Salvador ha mejorado al “suavizar la curva de repago”.
Pero ha pasado lo contrario: la administración de Nayib Bukele emitió, recién en abril de este año, $1000 millones (de los que sólo recibió $908 millones) en bonos por los que pagará el 12 % de interés. Una parte de estos fueron usados para una operación de recompra de eurobonos de 2025, 2027 y 2029, que cuentan con una tasa de interés de alrededor del 6 %. Se paga vieja deuda con nueva, pero doblemente cara, como si un ciudadano decidiera cancelar su crédito hipotecario con una tarjeta de crédito.
“La operación global se tradujo en un mayor coste medio de los intereses de los eurobonos. Esto, en medio de una falta de claridad del ajuste fiscal, refuerza las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda”, dijo el banco de inversión Barclays en el informe “Patear la lata, pero por una cuesta más empinada”.
La tasa de interés de estos instrumentos ha llegado a un promedio, gracias al ajuste realizado por el gobierno de El Salvador, del 8 % de interés, por lo que es apenas inferior al de la deuda de corto plazo comprada a los bancos locales, comúnmente apodada como la “tarjeta de crédito del Estado”.
“Al suavizar la curva de repago, al tener tasas más baratas, podemos destinar fondos adicionales a la ejecución de obras”, dijo Zelaya.
Sin embargo, según proyecciones del banco inglés Barclays, en este próximo quinquenio (2024-2029) El Salvador tendrá que destinar un estimado de $2,000 millones por año solo para pagar los intereses generados por la deuda contraída en estos últimos años. Para hacerse una idea de su magnitud, hay que considerar que todo el presupuesto del Ministerio de Salud de 2024 fue de $1,261.7 millones.
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Zelaya estuvo en al menos otra entrevista televisiva esta semana, donde, además de hablar de proyectos financiados por el BCIE en El Salvador, sostuvo que medios de comunicación locales habían mentido al hacer eco de declaraciones de la directora ejecutiva de la entidad, Gisela Sánchez, de que se le cerraría el grifo a El Salvador desde esa multilateral. Lo ilustró con el hecho de que se aprobaron nuevos fondos para FOVIAL y que la funcionaria visitó a Nayib Bukele.
Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional), Sánchez ha tenido que echarse para atrás con sus intenciones de mejorar las prácticas dentro de la entidad, sobre todo respecto a corregir lo hecho por su predecesor, el hondureño Dante Mossi, apodado “el banquero de los dictadores”.
“El BCIE no cumplía con estándares mínimos, ni siquiera en el tema del balance en la entrega de fondos. Guatemala fue el que menos recibió en la gestión de Dante Mossi (apenas un 6% del total), cuando tiene el mismo derecho que El Salvador o Nicaragua. Hace bien la presidenta en tomar esta decisión”, comentó Marroquín cuando se hicieron públicas las declaraciones de Sánchez.
“Los Gobierno de Costa Rica y Guatemala debería respaldarla”, dijo el activista guatemalteco después, cuando se comenzó a vislumbrar que Sánchez comenzaba a dudar de hacer sus reformas.