Los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitaron el país recientemente estiman que “persisten los riesgos” vinculados a la implementación del Bitcoin en El Salvador.
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el criptoactivo como moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense, a pesar de que el FMI le había pedido que diera marcha atrás.
Aunque los riesgos “no se han materializado hasta el momento debido al limitado uso de Bitcoin”, el Fondo adelante que podría usarse más en el futuro al ser moneda de curso legal y debido a las nuevas reformas legislativas para fomentar el uso de cripto activos, incluidos los bonos tokenizados, conocidos como “Bonos Volcán”.
En este contexto, dice el FMI, “persisten los riesgos (…) a la integridad y estabilidad financieras, la sostenibilidad fiscal y la protección del consumidor”.
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Para el FMI “sigue siendo esencial” una mayor transparencia sobre las transacciones del gobierno en Bitcoin y la situación financiera de la “billetera estatal” conocida como Chivo Wallet.
“Dados los riesgos legales, la fragilidad fiscal y la naturaleza en gran parte especulativa de los cripto mercados” el Fondo recomienda a las autoridades que “reconsideren sus planes de ampliar la exposición del gobierno a Bitcoin, incluida la emisión de bonos tokenizados”.
Estas transacciones a las que hace alusión el organismo multilateral incluyen las compras del criptoactivo que, desde septiembre de 2021, el gobierno ha estado realizando, según los propios anuncios del presidente Nayib Bukele en Twitter.
De acuerdo con el portal nayibtracker.com, un sitio web que registra las compras de acuerdo a los informes del mandatario, hasta la fecha ya se habría empleado más de $110 millones en dichas compras, algo que incluye también pérdidas debido a la devaluación que ha tenido ese activo digital en el último año.
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Este monto se suma al total que ha destinado el gobierno para impulsar el Bitcoin en el país, lo cual podría ascender a más de $400 millones, sin embargo, debido a la falta de transparencia, no es posible comprobar cómo y cuánto se ha gastado.
Esto añade incluso más presión a las delicadas finanzas públicas, en un contexto en el que el FMI recomienda al país reducir el gasto público.