El estadounidense Aaron Sepúlveda-Cué no es un economista de ideas conservadoras o convencionales. Es, por ejemplo, un libertario, uno de los primeros (en sentido figurado) que prendería fuego al Banco Central de Argentina, como lo prometió el presidente Javier Milei para dolarizar ese país. Pero hasta él tiene sus reservas a una apuesta que consiste en que un Estado adquiera Bitcoin.
Al experto graduado de la Georgia Southern University, la adopción de la criptomoneda le parece entendible como una opción para atraer a este tipo de inversores y fomentar el turismo.
Lo que no le cuadra es que un gobierno adquiera activos especulativos, recomendables para una persona o una empresa con un excedente de ahorros, pero contraindicados para un Estado, que tiene como principal misión satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.
“Los estados manejando Bitcoin, no se me hace nada razonable… Los estados no pueden comprar activos tan a largo plazo porque la sociedad tiene necesidades presentes, que se dejan de atender para guardar ese dinero”, comenta.
Un activo especulativo como Bitcoin tiene como una de sus principales características la variación de su precio. Para sacarle réditos es necesario conservarlo por mucho tiempo y desprenderse de él hasta que cuente con un precio lo suficientemente alto. No tiene sentido desprenderse de él cuando apenas se tienen ganancias.
Para ilustrar su posición, Sepúlveda-Cué compara a una inversión en Bitcoin a la compra de acciones de una empresa, por ejemplo, Walmart o Amazon.
“La compañía puede ser muy confiable o lo que tu quieras, pero así como puede subir, puede bajar. Si vendes tus acciones ahorita, estás perdiendo las ganancias del futuro; si te esperas al futuro, significa que no estás dando ciertos servicios ahorita mismo que tú como Estado te has comprometido a proveer. Lo mismo sucede con Bitcoin. Es un sinsentido sin salida”, comenta.
Y una inversión en Bitcoin tiene mucho menos sentido para un país como El Salvador, con tantas necesidades todavía sin cubrir. Este lunes, por ejemplo, la Mesa Nacional de Transporte (MNT) informó que el Gobierno les debe $28 millones de compensación económica correspondiente a ocho meses. Y se sospecha que la administración de Nayib Bukele ha ocupado varias estratagemas para poder financiarse del Fondo de Pensiones. También ha recortado, por años, el presupuesto para atención a pacientes con insuficiencia renal.
Según Sepúlveda-Cué, hay muy pocas instituciones estatales en el mundo que pueden invertir en activos a tan largo plazo. Y lo hacen porque cuentan con excesos de liquidez. Uno de ellos es el Banco Nacional Suizo, el equivalente del Banco Central de Reserva salvadoreño en ese país.
La moneda de Suiza y su deuda tienen tan alta demanda que es necesario controlarla para que no haya demasiada rentabilidad, que puede afectar a los exportadores locales, que verían obstáculos en su actividad. Por eso, el dinero debe fluir a otros lugares, como activos de largo plazo.
Otro caso de una institución que ha hecho inversiones de este tipo es el Sistema de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos. Este, por ejemplo, invirtió en hipotecas dentro de ese país, lo que fue criticado.
“Pero ellos crean el dólar, se pueden dar ciertos lujos. Pero, ¿el gobierno de El Salvador? Su deuda no tiene demanda, por eso los intereses son tan altos, son carísimos”, dice el economista.
En efecto, la administración de Nayib Bukele no ha logrado colocar nuevos bonos en el mercado extranjero porque las tasas que le ofrece el mercado siempre superan los dos dígitos.
Opacidad afecta financiamiento Al economista Aaron Sepúlveda-Cué, acostumbrado a la transparencia de un país como Estados Unidos, le cuesta creer que todo un gobierno nacional no actualice su información financiera. Eso es lo que ocurre con El Salvador. Por ejemplo, el último balance del Banco Central de Reserva (BCR) corresponde a 2022. Esto, dice, ahuyenta el financiamiento: nadie te va a prestar si no sabe qué hiciste en más de un año. La transparencia no es una herramienta exclusiva para periodistas.
Buenas ideas, malos resultados
Para Sepúlveda-Cué, no todo lo considerado en la apuesta por el Bitcoin le suena descabellado. Es consciente de las dificultades con las que cuenta en Estado salvadoreño para financiarse, debido a su baja calificación y alta opacidad.
Considera que una de las intenciones de Nayib Bukele con la estrategia y, sobre todo, con la creación de Chivo Wallet, era encontrar otra fuente de liquidez dentro de esa plataforma.
Dentro de la billetera gubernamental, los usuarios no tienen en sus saldos fondos reales. Se trata de tokens, es decir, dinero artificial creado por el gobierno salvadoreño, respaldado completa o parcialmente por las arcas públicas.
Si, por ejemplo, cientos de miles de personas y empresas hubieran adoptado la aplicación para sus pagos de todos los días, el Estado salvadoreño hubiera tenido la capacidad, de pronto, de emitir dinero a voluntad, sin tener que sacrificar sus reservas de liquidez.
“Lo que estaba haciendo era encontrar una forma de usar esos dólares sintéticos o derivados de stablecoin… pero fracasó en la adopción”, comenta el estadounidense, en una idea que tiene mucho sentido: una de las intenciones de Bukele era que los salvadoreños en el exterior enviaran remesas (millones de dólares) a través de este sistema, en el que no tendrían que pagar comisiones de envío.
Actualmente, el uso de Chivo Wallet es anecdótico. Menos del 1 % de la población en El Salvador la usa para sus operaciones diarias. Su principal función es ayudarle a personas que ya tienen inversiones en Bitcoin a transformar la criptomoneda en dinero en efectivo.
Para el economista, una de las principales razones de que no triunfara su adopción fue la poca fiabilidad mostrada por Chivo Wallet desde el inicio de sus operaciones, que fue provocado por el exceso de prisa en su desarrollo.
“No estaba la tecnología lista para la aplicación”, apunta.